La Dirección Ambiental de la Corte Suprema de Justicia ha solicitado informes al Ministerio Público así como al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) sobre el conflicto ambiental a raíz de la tala ilegal de árboles nativos en el Parque Nacional Serranía San Luis, departamento de Concepción. El pedido para recabar datos sobre lo acontecido fue firmado por el director interino Gonzalo Sosa Nicoli.
La referida dependencia de la máxima instancia judicial, a través de sus peritos, puede elaborar informes técnicos, científicos o dictámenes que podrán ser introducidos como elementos de convicción en el marco de procesos penales, contencioso administrativo, civil y comercial, en los que se investiguen hechos punibles contra bases naturales de la vida humana, contra el medio ambiente u otros en los cuales se encuentran comprometidos como objeto los colectivos ambientales.
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En su momento se mencionó que el diputado liberal Arnaldo Andrés Rojas estaba metido en el hecho irregular, pero el parlamentario rechazó que se encuentre vinculado al conflicto ambiental. "Rechazo categóricamente las publicaciones de la prensa que tratan de involucrarme con hechos ambientales. Como persona y más aún como diputado nacional, no permitiré ni el más mínimo avasallamiento de los derechos humanos en nuestro país”, señaló el legislador.