El juez penal de Garantías de la ciudad de Asunción, Mirko Valinotti, pidió informe a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) en el marco de un recurso de amparo que fue presentado por organizaciones sin vivienda y trabajadores del mercado de Ñemby, apoyados por la Plataforma Social de DDHH, Memoria y Democracia.
En virtud al oficio judicial, la SEN tiene tiempo hasta el día de mañana, 11 de abril, para presentar los informes pertinentes sobre las omisiones denunciadas, entre ellas, por la vulneración del derecho fundamental a estar protegidas y protegidos contra el hambre.
Además de la protección de las 1.800 familias comprendidas de forma directa en el amparo, la acción busca que la SEN modifique su gestión en la implementación de las prestaciones alimentarias de kits y del Programa Ñangareko, y que garantice el acceso inmediato a las transferencias a cientos de miles de familias titulares de derechos en todo el país.
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Directivo de empresa de seguridad va a prisión por faltante millonario
El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, decretó la prisión preventiva de Fabricio Martín Martínez Appleyard, directivo de la firma Grupo Seguridad y Respuesta (GSR Security), en el Centro Nacional de Prevenidos (exTacumbú).
Asimismo, el magistrado recalificó la conducta del imputado y excluyó el hecho punible de hurto agravado. Con la resolución del juez Estigarribia, el imputado fue procesado por apropiación y frustración de la persecución y ejecución penal.
Martínez Appleyard presentó ayer un cheque por G. 3.090 millones para reparar el supuesto perjuicio patrimonial. Sin embargo, el juez señaló que todavía no está acreditada la devolución efectiva del dinero, ya que no se verificó la disponibilidad de los fondos. Por ello, la presentación del cheque no fue suficiente para descartar los riesgos procesales y evitar la prisión preventiva.
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Imputación
De acuerdo con la carpeta fiscal, los registros contables y los documentos de tesorería, al 3 de noviembre se encontraban depositados en su bóveda principal aproximadamente G. 18.102 millones y USD 189.396, pertenecientes a ambas entidades.
Según la hipótesis de los investigadores, el 3 de noviembre pasado el imputado habría dispuesto el retiro anticipado de funcionarios administrativos y la desconexión de las cámaras de seguridad ubicadas en los sectores de tesorería, bóveda principal y salida de vehículos transportadores de valores.
Luego, el investigado habría realizado el traslado de dinero en efectivo desde la bóveda hasta un vehículo blindado de la propia empresa. Los registros del sistema de posicionamiento global (GPS) permitieron identificar el desplazamiento del móvil hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.
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Ypytá: JEM deberá analizar pedido de enjuiciamiento y suspensión contra el juez Édgar Rivas
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) deberá estudiar si corresponde iniciar el enjuiciamiento por presunto mal desempeño en sus funciones del juez en lo Civil y Comercial de Asunción, Édgar Rivas Laguardia, acusado de actuar de forma irregular en el expediente caratulado Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores.
La acusación fue presentada por la abogada Analía Rebollo, representante legal de Marcos Miltos, directivo de la firma Ypytá. Asimismo, se solicita a los integrantes del JEM el enjuiciamiento y la suspensión en sus funciones del magistrado Rivas ante las irregularidades en el juicio civil mencionado.
Este jueves se debe realizar la sesión ordinaria del órgano juzgador de magistrados, en la que sus miembros ya están habilitados para estudiar las presuntas graves irregularidades cometidas por el juez Rivas.
Acusación
La acusación contra Rivas se estructura en dos etapas principales. La primera, su actuación en el ámbito procesal al habilitar de forma injustificada la feria judicial a finales de 2025 en el expediente individualizado como N.° 530/2014, caratulado: “Ypytá S.A. Inmobiliaria, Ganadera y Comercial sobre convocatoria de acreedores, hoy quiebra”.
La segunda actuación irregular fue la de haber intervenido y firmado la Escritura Pública N.° 2 del 31 de marzo de 2026, en la cual formalizó la transferencia de activos de la fallida en favor de un tercero, incurriendo en múltiples vicios de nulidad e irregularidades sustanciales. Finalmente, se cuestiona su comportamiento como director del proceso en relación con las actuaciones que afectan y vinculan específicamente a este tercero.
Integrantes del JEM
Los integrantes del JEM —cuya presidenta es Alicia Pucheta y que conforman César Garay, Manuel Ramírez Candia, Enrique Berni, Mario Varela, Pedro Díaz Verón, Alejandro Aguilera y Diego Candia— tendrán que evaluar la causa, admitir la acusación, enjuiciar al juez Rivas y solicitar la suspensión en sus funciones.
Definirán si es sacado de su cargo
El pleno de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir la terna para el cargo de juez en lo Civil y Comercial del Séptimo Turno de la capital, cuyo titular es el criticado magistrado Édgar Rivas Laguardia, quien pretende seguir en el cargo a pesar de ser sumamente cuestionado por los profesionales del derecho. Además de Rivas, integran la terna Óscar Pedro Juan Sosa Domínguez y Giovana Monserrat Basualdo González.
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Caso Ueno Bank: juez ordenó la prisión preventiva para el director jurídico del BCP
El juez Osmar Legal decretó la prisión preventiva por 15 días en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional de Aldo Javier Rodríguez González, director de la Unidad Jurídica del Banco Central del Paraguay (BCP), por presunta lesión de confianza, producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso, y asociación criminal. La resolución del citado magistrado se dio luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares.
Asimismo, el magistrado hizo lugar a la inhibición general de gravar y vender contra el director jurídico del BCP, a fin de que no pueda disponer de sus bienes mientras se tramita el proceso penal en su contra. Además, dictó el embargo de todo el dinero que posea en bancos, entidades financieras y cooperativas, así como de aquellos fondos que pudieran estar en poder de terceros.
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Según la Fiscalía, Rodríguez habría intervenido en la modificación de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que fue remitido al Senado en octubre de 2026, en respuesta a un pedido de informes sobre operaciones vinculadas a Ueno Bank. El documento original contenía observaciones sobre una presunta financiación indirecta de USD 74,4 millones mediante la compra de cartera por parte de Vinanzas S. A., además de advertencias sobre la situación financiera de la entidad. Sin embargo, los investigadores sostienen que en la versión enviada al Congreso se eliminaron aspectos técnicos relevantes y se incorporaron afirmaciones que no figuraban en el informe inicial.
La imputación señala que Rodríguez habría coordinado las modificaciones con el entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo Spalding; el miembro del Directorio Marco Aurelio González Maldonado y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán.
Entre los elementos mencionados figuran correos electrónicos de los días 5 y 6 de octubre, reuniones internas y su participación en la presentación del documento ante el Senado el 9 de octubre. La Fiscalía considera que estas actuaciones habrían contribuido a ocultar información sobre la situación de Ueno Bank, que ingresó en un procedimiento de resolución el 2 de noviembre de 2026.
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Juez procesa penalmente a abogado por usurpación de funciones públicas
El juez Penal de Garantías de Luque, Nelson Romero, admitió la ratificación de la imputación por el delito de usurpación de funciones públicas contra el abogado Fernando René Marecos Gamarra. La fiscala Sophia Galeano fue quien solicitó al juzgado admitir la imputación, luego de realizar algunos ajustes para que el proceso penal pueda avanzar contra el citado profesional del derecho.
La causa contra Marecos se originó tras una diligencia judicial realizada el pasado 16 de septiembre en las instalaciones de la firma Cargo Line Paraguay S.A. El Ministerio Público sostiene que el abogado habría actuado de forma irregular en dicho procedimiento, pese a no tener intervención en el juicio civil tramitado entre las partes. Asimismo, la Fiscalía le atribuye haber ordenado restringir el uso de teléfonos celulares e incautar dispositivos.
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Igualmente, el magistrado fijó para el 15 de mayo de 2027 el plazo ordinario para que el Ministerio Público presente su requerimiento conclusivo, que podrá consistir en el pedido de elevación de la causa a juicio oral y público u otra salida procesal. Por su parte, el abogado Marecos criticó en su momento la imputación fiscal e indicó que carece de fundamento.
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