En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia de hoy se decidió posponer la elección de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura prevista para el próximo 23 de mayo.
La nueva fecha de la elección será el sábado 22 de agosto, según la resolución de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El motivo principal de la suspensión de la elección fue la situación sanitaria que atraviesa nuestro país con el COVID-19. Todos los ministros votaron por posponer la referida elección.
Asimismo, la máxima instancia judicial habilitó a los profesionales del derecho que son docentes de las diferentes universidades públicas para que puedan votar en las elecciones de los abogados que buscarán elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura.
Igualmente, los ministros ratificaron la exclusión de todos los abogados que son funcionarios públicos por lo que los mismos no podrán votar en la mencionada elección.
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Corte determinará si rechaza o admite acción de inconstitucionalidad sobre el caso Ypytá
La acción de inconstitucionalidad en el juicio caratulado “Ypytá Inmobiliaria Agroganadera sobre quiebras” está siendo estudiada por los ministros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, Víctor Ríos y Gustavo Santander. De acuerdo a los representantes legales de Ypytá la venta, vía juicio de quiebre, de una valiosa propiedad ubicada en Pedro Juan Caballero no reúne los requisitos legales para su admisión.
Aparentemente, los ministros Víctor Ríos y César Diesel estarían con la intención de dar trámite a la acción de inconstitucionalidad a favor de Braga Denis, quien habría adquirido de forma irregular la costosa propiedad ubicada en la capital del departamento de Amambay, y en violación de la Ley de Quiebras.
Teniendo en cuenta los propios antecedentes de la Corte, la acción planteada por Ronaldo Braga Dinis debería ser rechazada in limine, puesto que no cumple con las exigencias de admisibilidad. Cabe destacar que el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Primera Sala de la Capital, ya dejó sin efecto la venta irregular aprobada en primera instancia y dispuso que la propiedad sea devuelta a la firma Ypytá.
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La propiedad en litigio está ubicada en Pedro Juan Caballero y el hoy condenado exsíndico de quiebra, Blas Velázquez, regaló a precio irrisorio la propiedad, a pesar que el inmueble tiene un costo de G. 8.000 millones aproximadamente. Actualmente, en la propiedad funciona la Universidad San Sebastián.
De acuerdo a los antecedentes a este caso, el exsíndico Blas Velázquez, en su momento, fue denunciado penalmente por la firma Ypytá por la venta a costo irrisorio generando un daño patrimonial a la agroganadera. Igualmente en el Tribunal de Apelación Civil y Comercial decidió revocar las ventas ilegales y ordenó la devolución de las propiedades a Ypytá.
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Centro Educativo de Itauguá: presentan proyecto para separar adolescentes prevenidos y sancionados
Se realizó una reunión en la Corte Suprema de Justicia entre autoridades judiciales y del Ministerio de Justicia, a los efectos de debatir sobre la adecuación de la infraestructura del Centro Educativo de Itauguá para garantizar la separación efectiva entre adolescentes prevenidos y sancionados, conforme a la normativa vigente y con el objetivo de fortalecer el sistema penal adolescente.
Del encuentro participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, el vicepresidente primero y titular de la Sala Penal, Luis María Benítez Riera; el ministro, Eugenio Jiménez Rolón y la ministra, María Carolina Llanes Ocampos, quienes se interiorizaron del proyecto presentado por el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.
Durante la reunión interinstitucional, Nicora presentó el proyecto denominado “Nuevo Modelo de Gestión: separación sancionados–prevenidos”, impulsado por la cartera a su cargo para el sistema de adolescentes en conflicto con la ley penal.
La iniciativa contempla adecuaciones en la infraestructura del Centro Educativo de Itauguá, con el objetivo de segmentar a adolescentes según su situación procesal, diferenciando a quienes cuentan con prisión preventiva de aquellos que ya cumplen una sanción firme. Según lo expuesto, la implementación del nuevo esquema se realizará en articulación con las disposiciones judiciales vigentes.
Nicora explicó que el proyecto se encuentra en ejecución, con financiamiento asegurado y empresas adjudicadas para llevar adelante las obras previstas. La expectativa institucional es culminar las adecuaciones y poner en funcionamiento el nuevo modelo en el transcurso del mes de mayo.
Asimismo, señaló que la separación entre prevenidos y sancionados permitirá organizar de manera más adecuada el funcionamiento del sistema, facilitar la aplicación de programas diferenciados y optimizar el trabajo coordinado con la Corte Suprema de Justicia y los jueces especializados.
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Por el Ministerio de Justicia participaron además el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; el director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal del Viceministerio de Política Criminal, Gustavo Ferriol y la directora general de Obras, arquitecta Stella Azuaga.
También estuvieron presentes la directora general de Gabinete, Fátima Cabrera Brambilla, la directora del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI), Mabel Colmán y los magistrados Camilo Torres, coordinador de la Oficina Técnica Penal Juvenil, Víctor Benítez y Nunila González.
El proyecto se desarrolla en coordinación entre el Ministerio de Justicia y la Oficina Técnica Penal Juvenil de la Corte Suprema de Justicia, que tiene como ministra enlace a María Carolina Llanes Ocampos y es coordinada por el magistrado Camilo Torres.
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La Corte recicló 88.835 kg de papel desde el 2020 al 2025
Durante el período 2020-2025 se recicló un total de 88.835 kg de papel y cartón, de acuerdo a los resultados del programa de reciclaje de la Corte Suprema de Justicia.
En el marco de la acordada N° 783/12, “Por la cual se aprueba el Código de Buen Gobierno del Poder Judicial de la República del Paraguay”, la Dirección de Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia remitió el “Informe de Sostenibilidad 2020-2025”.
Con este programa de reciclaje se evita la tala de 1.244 árboles para la producción de nuevo papel, se ahorran 1.776.700 litros de agua en el proceso productivo, se evita la emisión de 79.952 kg de CO₂ a la atmósfera y la utilización de 178 m³ de suelo para la disposición final de residuos en vertederos. Vale mencionar que el ministro enlace de la citada dependencia es Víctor Ríos Ojeda.
Mediante el documento emitido por el titular de la Dirección de Derecho Ambiental, abogado Gerardo Morales, se ponen a conocimiento las acciones de gestión ambiental institucional desarrolladas en el Palacio de Justicia de Asunción, que abarcan dependencias jurisdiccionales, sedes administrativas y registrales.
La iniciativa contempla la eliminación sostenible de residuos sólidos valorizados, tales como papel, cartón, plástico y residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en el Poder Judicial. Asimismo, se informa que estas acciones contribuyen a la optimización de espacios y a la organización interna, en el marco del compromiso institucional con la comunidad.
El informe destaca además que esta iniciativa representa un ahorro institucional mediante la reducción del uso de papel, así como su retiro y reutilización.
Las oficinas con mayor participación en la iniciativa fueron las dependencias administrativas, con 34,2 %; seguidas de los Registros Públicos y Automotor, con 30,6 %; y las salas de la CSJ, gabinetes de ministros, juzgados y tribunales de los diferentes fueros, conforme a las constancias de actas de entrega obrantes en el Archivo de la Dirección de Derecho Ambiental.
El presente informe desglosa el reciclaje realizado durante el quinquenio y por cada gabinete de los ministros de la CSJ.
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Corte debe definir si presidente de Imedic va a nuevo juicio oral
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia tendrá que definir si Justo Ferreira, presidente de Imedic S.A. (Insumos Médicos), enfrentará un juicio oral y público o si se confirma la sentencia condenatoria de solo tres años de cárcel tras ser hallado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19.
La Fiscalía recurrió a la máxima instancia judicial para anular las resoluciones de primera y segunda instancia que condenaron a Ferreira a la irrisoria pena de tres años de prisión.
Hasta el momento, integran la Sala Penal de la Corte Carolina Llanes y María Belén Agüero. El expediente se encuentra en poder del camarista Agustín Lovera Cañete, quien debe decidir si acepta integrar la sala para el estudio del planteamiento realizado por el Ministerio Público.
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La Fiscalía solicitó la nulidad de los fallos del tribunal de sentencia y del tribunal de apelación que solo condenaron a Justo Ferreira a los tres años de cárcel. Solicitan el reenvío del caso para que otro colegiado realice el juzgamiento pertinente y dicte una sentencia condenatoria más elevada, dada la gravedad del hecho y debido a que se puso en riesgo la salud de los paraguayos durante la pandemia.
La acusación fiscal sostuvo que, durante la emergencia sanitaria, Imedic debió entregar al Ministerio de Salud mascarillas con filtro, trajes para riesgos biológicos y camas manuales; sin embargo, Justo Ferreira introdujo al país de forma irregular 50 camas hospitalarias adicionales.
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