En la sesión plenaria de la Corte Suprema de Justicia de hoy se decidió posponer la elección de representantes de los abogados ante el Consejo de la Magistratura prevista para el próximo 23 de mayo.
La nueva fecha de la elección será el sábado 22 de agosto, según la resolución de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El motivo principal de la suspensión de la elección fue la situación sanitaria que atraviesa nuestro país con el COVID-19. Todos los ministros votaron por posponer la referida elección.
Asimismo, la máxima instancia judicial habilitó a los profesionales del derecho que son docentes de las diferentes universidades públicas para que puedan votar en las elecciones de los abogados que buscarán elegir a sus representantes ante el Consejo de la Magistratura.
Igualmente, los ministros ratificaron la exclusión de todos los abogados que son funcionarios públicos por lo que los mismos no podrán votar en la mencionada elección.
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Comisarías de oro: piden a la Corte integrar la cámara de apelación en causa penal de Filizzola
La fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvia González, pidió a los integrantes de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que arbitren las medidas necesarias para la pronta integración del Tribunal de Apelación competente.
Los integrantes del tribunal de segunda instancia deberán estudiar si corresponde anular la prescripción del proceso penal por lesión de confianza que enfrenta el senador Rafael Filizzola en el caso conocido como “comisarías de oro”, donde la Fiscalía señaló un perjuicio de G. 1.200 millones contra el Estado paraguayo.
Los ministros Carolina Llanes, Manuel Ramírez Candia y Víctor Ríos deberán estudiar si corresponde confirmar a la camarista Adriana Giagni o a Camilo Torres para integrar el Tribunal de Apelación Penal, el cual tendrá que decidir si Filizzola seguirá procesado por lesión de confianza.
En su momento, el juez penal de garantías Yoan Paul López decidió hacer lugar a la prescripción del caso, determinación que fue apelada por el Ministerio Público.
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En este proceso se investiga una supuesta lesión de confianza que involucra al exministro del Interior y actual senador Rafael Augusto Filizzola Serra.
La Fiscalía sostiene, con varios elementos probatorios, que existe un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones al Estado por la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción, obras realizadas sin estudios técnicos ni requerimientos específicos de las dependencias policiales, y que además quedaron inconclusas.
Caso Helicópteros
Por otra parte, la jueza penal de garantías, Alicia Pedrozo, hizo lugar al pedido del fiscal Francisco Cabrera y ordenó el sobreseimiento definitivo de Rafael Filizzola, quien había sido acusado en su momento por la compra de helicópteros para la Policía Nacional, un caso que generó un perjuicio estimado de G. 50.000 millones.
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Núñez sepulta discurso de copamiento, reflotando el historial de la corrupción opositora en la CGR
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copamiento por parte del oficialismo colorado que pretende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y subcontralor general de la República. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.
“Ante las declaraciones del senador Eduardo Nakayama, que llama a la oposición a hacer el vacío si el cartismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republicana, vale recordar la historia reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.
Para sostener su postura, Núñez detalló cronológicamente los casos de los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una máquina de lavar dinero”, indicó.
El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Partido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cárcel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”..
A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontralor José Enrique García Ávalos, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ivesur. Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado”, refirió.
“Prioricemos el interés nacional”
Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciudadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.
“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transparente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.
Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Paraguay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retardatarios de la oposición”.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
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Contradicción: el ministro Ramírez Candia admitió competencia civil que hoy cuestiona en el JEM
En los últimos días se generó un interesante debate en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), donde los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Ramírez Candia y César Garay, señalaron que los jueces civiles no tienen competencia para entender en demandas por indemnización de daños y perjuicios promovidas contra el Estado paraguayo.
Sin embargo, el ministro Ramírez Candia admitió la competencia de los jueces civiles al firmar en el año 2022 un fallo como miembro de la Sala Civil de la máxima instancia judicial.
De esta manera, el alto magistrado se contradice con su actual postura. Llama la atención la decisión que adopta en el órgano juzgador de magistrados, atendiendo a que pretende enjuiciar a los jueces que entiendan y dicten resoluciones en relación con los juicios civiles señalados más arriba.
En el marco del juicio caratulado “Miguel Ángel Enciso Ortiz contra Banco Central del Paraguay sobre indemnización de daños y perjuicios”, el ministro Ramírez Candia no cuestionó la competencia de las decisiones dictadas en primera y segunda instancia. Todo lo contrario: firmó su voto rechazando la demanda de indemnización. En ese sentido, sorprende la insistencia del alto magistrado en pretender enjuiciar a los jueces, a pesar de que él mismo admitió la competencia de la jurisdicción del fuero civil en las acciones judiciales sobre indemnización de daños y perjuicios contra entes estatales.
Esposa de ministro fue demandada
En el año 2021, Gabriel Ramón Robledo Rolón planteó una demanda de indemnización por daños y perjuicios contra la jueza Yolanda Morel de Ramírez —esposa del ministro Manuel Ramírez Candia— y contra el Estado paraguayo, por haber estado privado ilegalmente de su libertad durante 475 días (es decir, 1 año, 3 meses y 20 días). En la demanda civil se solicitó la suma de G. 4.055 millones por los días de reclusión irregular.
En ese juicio, el juez Walter Mendoza hizo lugar a la excepción de previo y especial pronunciamiento de prescripción de la acción presentada por el abogado de la esposa del alto magistrado, por lo que la demanda civil quedó sin efecto. Se presume que este antecedente podría ser el motivo real de la reacción del alto ministro de la Corte liberal contra los jueces civiles.
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