Cientos de prisioneros se tomaron el domingo una cárcel en el oeste de Venezuela para denunciar “torturas” por parte de las autoridades carcelarias y exigir la destitución del director del penal, constataron periodistas de la AFP. Durante años, activistas han denunciado hacinamiento, un precario suministro de alimentos y falta de atención médica en las cárceles venezolanas. También denuncian retrasos procesales y violaciones sistemáticas de derechos humanos.

Los reclusos se agruparon en el techo de la cárcel y colgaron pancartas con mensajes para pedir ayuda. En algunas se podía leer “SOS”, “Nos torturan” o “No más tortura”. Varios presos tenían el rostro cubierto. Grandes columnas de humo se elevaban del Internado Judicial de Barinas (Injuba), ubicado en la tierra natal del fallecido expresidente Hugo Chávez, a unos 500 kilómetros de Caracas. Los presos incendiaron, entre otras cosas, colchones y sábanas.

Agentes cubiertos con escudos rodearon la estructura. Decenas de familiares aguardan ansiosos a las afueras del penal. Yelitza Arrollo dijo a la AFP que desde el 8 de mayo no ha tenido noticias de su hijo preso en esa cárcel. “Me lo tienen encerrado, golpeado (...) están sufriendo, porque los están golpeando demasiado feo, torturados, les echan agua fría, les meten corriente, les meten candela, los maltratan demasiado, queremos la destitución del director”, afirmó a las afueras de la prisión.

Los familiares también afirmaron que hay varios prisioneros heridos. El gobierno venezolano aún no se pronuncia sobre el motín. Los reos “aseguran haber sido víctimas de golpizas y torturas”, indicó la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). También “han sido sometidos a requisas violentas, durante las cuales les destruyen sus pertenencias dentro de las celdas”.

Según el OVP, 1.200 hombres y más de 100 mujeres “se declararon en huelga” en esta prisión. En abril, el gobierno confirmó cinco muertos en la cárcel de máxima seguridad Yare III, ubicada a unos 70 km de Caracas luego de un motín. La prisión alberga a un grupo de presos políticos.

En 2023, el depuesto presidente Nicolás Maduro ordenó un operativo militar para intervenir las principales prisiones del país, controladas durante años por “pranes”, como se conoce en Venezuela a los cabecillas de bandas delictivas. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que gobierna bajo presión de Estados Unidos, prometió una reforma al sistema de justicia.

Fuente: AFP.

El Ministerio de Justicia informó este jueves que un grupo de hombres intentó atentar contra Miguel Insfrán, alias “Tío Rico” en la penitenciaría de Minga Guazú, departamento de Alto Paraná.

Se presume que estas personas formarían parte del Primer Comando Capital (PCC) y tuvieron colaboración de agentes penitenciarios.

Según Rubén Maciel, viceministro de Política Criminal, un grupo integrado por siete internos, que fueron identificados y formarían parte del PCC, llegaron hasta la celda Tío Rico. En ese momento, el recluso no se encontraba en el sitio porque estaba en una audiencia telemática.

“El 11 de mayo se detectaron movimientos por parte de un grupo de PPL, lo cual nos generó alerta. En ese momento, no se puso en riesgo la vida del interno que era el objetivo, pero se hicieron sumarios disciplinarios, traslados y otros trabajos”, expresó Maciel, en entrevista con “Tarde de Perros” de canal GEN y Universo 970/Nación Media.

Lea también: Nuevo escándalo en IPS: pagan G. 4.680 millones por alquiler de equipo que cuesta G. 380 millones

Refirió que se trató de algún intento de vulnerar su integridad física de alias Tío Rico y que actualmente se están investigando el caso.

“Toda la información recolectada ya fue comunicada al Tribunal de Sentencia, estuvieron vinculadas unas siete personas que asumimos, querían atentar contra la vida de Insfrán, es lo que podemos inferir”, señaló.

Agregó que también se tendrían información de que habrían participado en el hecho tres funcionarios penitenciarios. “Estos que se encargaban de vigilar el sector donde está la celda de Insfrán. Estos ya fueron apartados de su cargo”, puntualizó.

Miguel Insfrán está siendo investigado por tráfico internacional de drogas y lavado de dinero. Su estructura fue desmantelada en el operativo A Ultranza PY, considerado el mayor procedimiento contra el narcotráfico. Se lo sindica como uno de los socios del uruguayo Sebastián Marset.

Te puede interesar: Playero conversó y estrechó la mano de un misterioso hombre que segundos después desapareció

Se advirtió que el monto podría incrementarse durante el juicio oral y público si se detectan ganancias mayores derivadas de las operaciones investigadas.

El juez penal de Garan­tías, especializado en Deli­tos Económicos, Humberto Otazú, dispuso la apertura de una cuenta judicial en el Banco Nacional de Fomento (BNF) con el objetivo de eje­cutar un embargo preventivo sobre fondos de banco Atlas, en el marco de la investiga­ción de la causa n.º 06/2021 Miguel Ángel Zaldívar y otros por presunto lavado de dinero ligado al caso Conmebol.

La disposición judicial sur­gió días después de que el banco Atlas anunciara públicamente la solicitud de la apertura de una cuenta judicial con el depósito de USD 718.570, monto que el Ministerio Público reclama en decomiso dentro del pro­ceso abierto por presunto lavado de dinero vinculado a recursos ilícitos manejados durante la gestión del falle­cido dirigente deportivo Nicolás Leoz; quien a su vez estuvo involucrado en inves­tigaciones internacionales por corrupción en el fútbol sudamericano.

De acuerdo a la investiga­ción realizada por el Minis­terio Público, el monto inicial superaría los USD 718.000 y corresponde, según la acusa­ción, a beneficios obtenidos por el banco Atlas mediante operaciones relacionadas con lavado de activos. Lovera sos­tuvo que la Fiscalía considera esas ganancias como ilícitas y, por tanto, sujetas a privación conforme a las disposiciones del Código Penal.

El abogado querellante de la Conmebol, Claudio Lovera, advirtió que el monto podría incrementarse durante el jui­cio oral y público si se detec­tan ganancias mayores deri­vadas de las operaciones investigadas. “Un tribunal de sentencia perfectamente podría ampliar el comiso por montos superiores”, afirmó.

Lovera explicó que la apertura de la cuenta judicial consti­tuye un paso previo necesario para concretar el embargo de los recursos reclamados por la Fiscalía.“Cuando se trata de embargo de fondos, esos recursos deben ser adminis­trados en cuentas judiciales para garantizar su disponi­bilidad dentro del sistema”, señaló el representante legal de la Conmebol.

El abogado querellante señaló que el ofrecimiento reali­zado días atrás por el banco Atlas de depositar volunta­riamente el dinero reclamado en una cuenta propia demues­tra que la entidad reconoce que el objeto del proceso está relacionado con opera­ciones desarrolladas dentro del banco.

“Aquí no existe otro tipo de persecución que no sean acti­vidades relacionadas con el interior del banco. Esta pre­sentación significa que el banco tiene presente que se trata de un caso de lavado de activos a partir de operacio­nes realizadas por la entidad”, manifestó. Para la Fiscalía considera que el banco habría obtenido ganancias derivadas de operaciones realizadas con fondos de origen ilícito.

Por ello se presentó la acu­sación el pasado 30 de abril, a cargo de los fiscales Jorge Arce Rolandi, Francisco Cabrera Sanabria y Verónica Valdez Rivas. Los fiscales de la causa consideran que exis­ten suficientes evidencias de que los acusados cometieron el hecho punible de “lavado de dinero” con los recursos ilíci­tos de Nicolás Leoz.

Es por eso que, además de la acusación, solicitaron ele­var el proceso a juicio oral y público y aplicar medidas para los acusados como la prohibición de salida del país además del pago de fianzas como medidas alternativas a la prisión.

El exjugador de fútbol Juan Manuel Lucero recuperó su libertad por disposición del tribunal de sentencia, luego de que se levantara la orden de captura que pesaba en su contra. El exfutbolista deberá enfrentar un juicio oral y público por el presunto incumplimiento del deber legal alimentario.

La Justicia le impuso la obligación de abonar mensualmente G. 3.000.000 como asistencia alimentaria, además de la prohibición de salir del país mientras dure el proceso penal, entre otras medidas.

Te puede interesar: Condenan a 3 años de cárcel al abogado Diego Lanzac por sextorsión

Por su parte, el abogado querellante, Luis Almada, indicó que el acusado deberá cumplir estrictamente con el pago de la cuota. Según explicó, Lucero no cumple con la prestación desde junio de 2019, por lo que a la fecha la deuda asciende a unos G. 201 millones, correspondientes a 67 meses de atraso.

Juan Manuel Lucero, de nacionalidad argentina y nacionalizado chileno, tiene una larga pero conflictiva trayectoria en el fútbol paraguayo. En el 2008 llegó a Olimpia; allí fue titular en la mayoría de los partidos y, aunque siempre se vio perseguido por las lesiones, logró destacar en el campeonato local. En su momento, fue catalogado por la prensa como el futbolista más desequilibrante del país.

En el 2011 jugó en Cerro Porteño, equipo con el que llegó a la semifinal de la Copa Libertadores de América y donde se ganó el cariño de la hinchada azulgrana. Posteriormente, en 2013, fichó por el club paulista Portuguesa.

Podes leer: Condenan a 30 años de cárcel a un hombre por el asesinato de un vecino en Itacurubí del Rosario