Un total de 867 personas privadas de libertad, en diferentes penitenciarías del país, están en condiciones de ser beneficiadas con medidas sustitutivas a la prisión. Así revela la nota que remitió la ministra de Justicia, Cecilia Pérez Rivas, al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón.
En su momento, el pleno de la Corte decidió solicitar un informe a la cartera de Estado para saber cuántos reclusos están con posibilidad de abandonar la cárcel. Esto, en el marco de la crisis penitenciaria y la Ley N° 6365/2019 “Que declara en situación de emergencia a todos los establecimientos penitenciarios del territorio de la República”.
Igualmente, menciona el escrito presentado por la titular de Justicia ante la Corte que “esta cartera de Estado ha realizado una revisión de oficio de las medidas cautelares de prisión preventiva dictadas por los juzgados penales de garantía, considerando el alto porcentaje de prevenidos imputados por hechos punibles que, por diversos motivos, estarían en condiciones de ser beneficiados con medidas menos gravosas que la prisión preventiva, totalizando así 867 personas privadas de libertad, cuyo tiempo de reclusión habría superado el marco penal mínimo del hecho punible imputado, por lo que podrían ser beneficiadas con otras medidas".
Asimismo, refiere la nota que “el mencionado listado fue elaborado sobre la base del registro informático del departamento judicial de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y considerándose la carátula de la causa, no así la calificación otorgada en la resolución de prisión”.
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Final feliz: la niña volvió a los brazos de su madre, pero la batalla judicial recién empieza
La niña de dos años, con iniciales MBR, ya está con su madre en la ciudad de Resistencia, Argentina, donde el padre fue detenido ayer viernes por la gendarmería del vecino país, e imputado en Paraguay por los hechos punibles de desacato de orden judicial, frustración de la persecución penal y violación del deber de cuidado.
Tras activarse los protocolos nacionales e internacionales de búsqueda, la niña fue hallada a salvo.
Los padres de la niña tenían en Chile un régimen de convivencia compartida. El papá se negaba a que la madre visitara Paraguay hasta que ella consiguió un permiso, pero debía regresar el 5 de enero y no lo hizo. Allí se inició un juicio de restitución internacional, que continuó en nuestro país con nuevas reglas.
La niña chilena de dos años, de madre paraguaya, pero de padre chileno, se encuentra con su mamá en Resistencia, Argentina, desde donde regresará a Paraguay para reanudar el proceso judicial que quedó en pausa.
A partir de ahora, el proceso debe continuar tanto en Paraguay como en Chile.
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Los antecedentes señalan que la madre llegó a fin de año del 2025 a Paraguay con su hija, mediante un permiso judicial obtenido en Chile, por el cual debía regresar a ese país el 5 de enero. Como no lo hizo, alegando motivos de salud (según ella misma admite), entonces Chile inició un juicio de restitución internacional, que en la legislación chilena se llama secuestro internacional.
El Juzgado de Primera Instancia de la Niñez y Adolescencia de Chile solicita a la justicia paraguaya que dé trámite a esa restitución internacional. La madre decidió litigar desde aquí y, en ese marco, también se inició un juicio en Paraguay, a los efectos de responder al pedido de la justicia chilena.
En ese contexto, el padre vino a Paraguay, donde se dispuso un relacionamiento provisorio mientras dure este juicio. En medio de ese proceso, el padre también incumplió ese régimen de convivencia dispuesto por la justicia paraguaya, al no restituir a la niña el miércoles 8 de julio a las 5 de la tarde.
“El juicio inicia con el pedido de restitución del padre. Comienza por el requerimiento que hace el padre a la justicia chilena para dar cumplimiento a la resolución de la justicia de Chile; otro trámite procesal era que la madre fuera hasta allá a apelar la resolución, pero ella vino a litigar acá”, explicó el fiscal a las 650 AM.
El juicio de restitución internacional promovido por Chile quedó en suspenso a partir de que el padre huyó con la niña. No obstante, una vez que se reanude, la jueza de primera instancia de la niñez de la Capital debe decir: sí o no a la entrega de la niña bajo la figura de la restitución internacional solicitada por Chile.
Sin embargo, en Paraguay el padre fue imputado por desacato de una orden judicial y violación del deber del cuidado. El Juzgado ordenó la prisión preventiva del procesado.
Entretanto, la jueza de la Niñez y la Adolescencia de Paraguay, Natalia Ortellado, decidió entregar a su madre a la niña de dos años hasta tanto culmine el juicio que se está tramitando en dicho juzgado.
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Caso Imedic: confirman cárcel de 3 años para Justo Ferreira por contrabando
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 3 años de cárcel para Justo Ferreira, directivo de la firma Imedic S.A, encontrado culpable por el contrabando de 50 camas hospitalarias durante la pandemia del Covid-19. Asimismo, se confirmó la absolución de su hija Patricia Ferreira y de otras tres personas procesadas en la misma causa.
La máxima instancia judicial no admitió los recursos de casación presentados por la fiscalía y así como la presentada por las defensas al considerar que no cumplían con los requisitos legales para su estudio. La resolución de la Corte lleva la firma de los ministros María Carolina Llanes, Agustín Lovera Cañete y María Belén Agüero.
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La acusación fiscal sostuvo que en abril de 2020 ingresaron al país 450 camas hospitalarias, pese a que el contrato con el Ministerio de Salud contemplaba únicamente 400. Las 50 camas excedentes, de alta gama, habrían ingresado sin el pago de los tributos correspondientes. La defensa señaló durante el juicio que dichos impuestos sí fueron abonados.
El tribunal de sentencia concluyó que quedó probado que Justo Ferreira cometió el hecho de contrabando. En cambio, absolvió a Patricia Ferreira al considerar que la Fiscalía no logró demostrar su participación directa y que su condición de representante de la empresa no implicaba responsabilidad penal.
También quedaron firmes las absoluciones de los funcionarios de Aduanas Guillermo Molinas y Gustavo Acosta, así como del despachante Carlos Gamarra, al concluirse que no se acreditó la existencia de dolo en sus actuaciones.
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Justicia de Colombia ordena confiscar una casa del icónico portero Higuita vinculada a Pablo Escobar
Un juzgado en Colombia ordenó el embargo de una casa del legendario exportero de la selección de fútbol René Higuita, al determinar que la propiedad fue adquirida con dinero del cartel de Pablo Escobar antes de pasar a manos del jugador en 1992.
“El loco” Higuita, conocido mundialmente por sus excéntricas acrobacias y arriesgadas salidas, está en el centro de una investigación que la fiscalía inició hace doce años para establecer el origen de una casa que compró en un barrio lujoso de Medellín (noroeste), la ciudad donde nació.
A través de “maniobras” y firmas falsas, dijo el jueves la fiscalía a la AFP, se pretendió “encubrir la procedencia” de la propiedad, sujeta a “sucesivas transferencias (...) para quedar finalmente a nombre del exfutbolista” un año antes de que fuera abatido Escobar, el barón de la cocaína y líder del sanguinario cartel de Medellín.
La investigación determinó que la casa había sido adquirida previamente por un testaferro de los hermanos William y Gerardo Moncada, miembros del cartel de Medellín asesinados en 1992 dentro de una cárcel por órdenes del mismo Escobar.
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“Es pura y mera coincidencia”, dijo Higuita el jueves en entrevista con Blu Radio. Aseguró que se considera una “víctima de estos acontecimientos”, que desconocía la procedencia del bien y apeló la decisión de la justicia.
El portero, que dijo haberla comprado con sus ahorros, podrá conservar la propiedad hasta que se resuelva su apelación.
“En esa época de los noventas no había la tecnología que hoy hay, que se mete uno en internet y puede usted mirar qué procedencia tiene la casa”, agregó el exjugador del Atlético Nacional de Medellín y el Real Valladolid, hoy entrenador de arqueros.
Alegre y de característico cabello rizado, Higuita se hizo famoso mundialmente por el “escorpión”, una atajada acrobática con los pies suspendidos en el aire, que exhibió por primera vez en un amistoso de Colombia contra Inglaterra en 1995.
También es recordado por escándalos de consumo de drogas y su detención en 1993 tras visitar a Pablo Escobar en la cárcel. Fue investigado tras mediar la liberación de la hija de un narcotraficante secuestrada por el capo, una gestión por la que recibió un pago prohibido por la ley. Luego fue exonerado.
“Desde ahí me apodaron como el amigo de Pablo Escobar y no sabe la cantidad de problemas que me ha traído”, dijo.
- Fuente: AFP
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Remiten a la cárcel a extitular de Petropar del gobierno de Abdo para cumplir condena
La extitular de Petropar del gobierno de Mario Abdo Benítez, Delia Patricia Samudio, condenada a 4 años de cárcel por lesión de confianza por el caso de agua tónica, fue enviada a la cárcel de mujeres para cumplir la sentencia condenatoria. Igualmente, su esposo José Costa Perdomo, sentenciado a 3 años y 9 meses de prisión, fue remitido a la cárcel de Emboscada.
La resolución judicial fue firmada por un tribunal de sentencia a pedido del fiscal Silvio Corbeta. El colegiado rechazó una reposición planteada por la defensa, que pretendía impedir que el expediente fuera remitido al Juzgado de Ejecución para iniciar el cumplimiento de las penas. Los condenados alegaron que aún existen recursos pendientes ante la Corte Suprema, pero el Tribunal concluyó que las condenas ya se encuentran firmes.
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Durante el juicio oral quedó probado que ambos participaron en un esquema montado durante la pandemia del COVID-19 para desviar G. 359.700.000 de Petropar mediante irregularidades en una licitación para la compra de agua tónica y otros insumos.
Según la Fiscalía, el dinero fue utilizado para cancelar una deuda de José Costa Perdomo, mediante un proceso licitatorio direccionado. Entre las principales pruebas valoradas en el juicio se encuentran conversaciones extraídas de celulares entre Costa Perdomo y el representante de la empresa Solumedic S.A., que evidenciarían cómo se planificó y direccionó la licitación para beneficiar a dicha firma.
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