Con 2-0 a favor de una condena, la corte suprema de Brasil dejó ayer martes al expresidente Jair Bolsonaro cerca de ir a prisión por golpismo, en un juicio histórico que Donald Trump busca influenciar con sanciones al país. El líder de la derecha y la ultraderecha brasileñas, de 70 años, se expone a una pena de más de 40 años de cárcel acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Basta una mayoría simple de tres votos sobre cinco para una condena o absolución. En audiencias públicas y retransmitidas en vivo, los jueces deben pronunciarse hasta el viernes para decidir el futuro del exmandatario y otros siete coacusados, entre ellos varios exministros y altos mandos militares. El primero en exponer su voto fue el magistrado Alexandre de Moraes, objeto de sanciones de Estados Unidos y blanco de un supuesto plan de asesinato por parte de los golpistas liderados por Bolsonaro.

A lo largo de cinco horas, el juez se refirió a una “organización criminal”, que durante meses se coordinó para llevar a cabo los delitos imputados. El magistrado votó por condenar a los ocho coacusados e incluyó una imputación específica para Bolsonaro: la de “liderar” dicha organización. “Brasil casi volvió a una dictadura”, dijo Moraes.

“Da tristeza en el corazón ver cómo una persona (Moraes) pronuncia un voto político con tanta rabia, parecía el líder del gobierno en la corte”, cuestionó en rueda de prensa el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. El juez Flávio Dino, exministro de Justicia de Lula, votó igualmente por la condenación. En momentos en que el bolsonarismo presiona por un eventual perdón legislativo para su líder, el magistrado sostuvo que los delitos juzgados “no son susceptibles de amnistía”.

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Bolsonaro, que se declara inocente, y el resto de acusados no comparecieron ante el tribunal en Brasilia, constató un periodista de AFP en la sala. Sus abogados atribuyen la ausencia del excapitán del ejército, que está en arresto domiciliario, a cuestiones de salud. Está acusado de cinco delitos, entre este intento de golpe de Estado, que no se habría consumado por falta de apoyo de la cúpula militar.

Habría contemplado el asesinato de Lula antes de su investidura, así como de Moraes y del vicepresidente Geraldo Alckmin. La fiscalía también lo acusa de instigar el 8 de enero de 2023, cuando miles de seguidores vandalizaron las sedes de poder en Brasilia en un intento de derrocar a Lula.

Se expone a hasta 43 años de cárcel, aunque una eventual condena es apelable. La sociedad brasileña, polarizada, se muestra dividida sobre el juicio. Mientras el 53 % cree que Moraes aplica las leyes, el 39 % estima que Bolsonaro es juzgado por motivos políticos, según un sondeo del instituto Datafolha de agosto.

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Durante el juicio, Bolsonaro ganó el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump. Aduciendo una “caza de brujas” contra su aliado, el mandatario impuso aranceles de 50 % a algunas exportaciones brasileñas y sancionó a funcionarios como Moraes. Y la amenaza de nuevas sanciones planea sobre Brasil.

“Para el juez Alexandre de Moraes y aquellos cuyos abusos de autoridad han minado libertades fundamentales, seguiremos tomando las medidas apropiadas”, dijo el lunes en X un alto funcionario del Departamento de Estado, Darren Beattie. “Nos ocuparemos de ello, aunque no es posible prever lo que puede salir de la cabeza de Trump”, indicó días atrás el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, acerca de esa hipótesis. Este martes, al ser consultada sobre posibles nuevas medidas contra Brasil, la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt dijo no tener “medidas adicionales para anunciar”.

Pero “el presidente (Trump) no teme usar el poder económico y militar de Estados Unidos para proteger la libertad de expresión alrededor del mundo”, respondió la portavoz. Poco después, la cancillería brasileña dijo en un comunicado que Brasil “condena el uso de sanciones económicas o amenazas del uso de la fuerza” contra su democracia.

Los bolsonaristas dan por hecho una condena, pero no están de brazos cruzados. Mayoritaria en el Congreso, la derecha maniobra para votar una amnistía para su líder, un pedido refrendado por decenas de miles de seguidores en manifestaciones el domingo en varias ciudades brasileñas.

Consultado por la AFP, el gobernador de Sao Paulo, Tarcísio de Freitas, considerado posible sucesor del exmandatario en los comicios de 2026, aseguró que “hay votos de sobra” para la amnistía. Bolsonaro siempre se ha mostrado confiado en revertir su inhabilitación política y presentarse a las elecciones de 2026. Una condena no obstante podría precipitar la carrera para sucederle. Mientras, Lula, de 79 años, cuenta con presentarse a la reelección.

Fuente: AFP.

El juez del supremo brasileño Alexandre de Moraes se mostró este martes favorable a condenar a Jair Bolsonaro por golpismo, en el primero de los cinco votos que deben decidir la suerte del expresidente.

Bolsonaro y los otros siete coacusados, “practicaron todas las infracciones penales imputadas por el fiscal general de la República”, dijo Moraes al emitir su voto.

El líder ultraderechista, que se expone a una condena de más de 40 años de cárcel, está acusado de haber conspirado para tratar de aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones de 2022 frente al izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

• Fuente: AFP

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El Congreso argentino revirtió este jueves por primera vez un veto del presidente Javier Milei y dejó en firme una ley que otorga más fondos a discapacitados, en un área bajo sospechas de corrupción que salpican a la hermana del mandatario.

El revés político ocurre en el peor momento del gobierno jaqueado por un escándalo de supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, en un caso que investiga la justicia.

También sucede en un año electoral que tendrá legislativas nacionales en octubre y en la provincia de Buenos Aires el próximo domingo, el distrito más poblado de Argentina, gobernado por el opositor peronismo. El Senado revirtió el veto por 63 votos contra 7. En agosto la Cámara de Diputados ya había rechazado la medida presidencial.

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La ley, que ahora será promulgada, declara la emergencia en el área de discapacidad. Había sido aprobada en julio y establece la regularización de pagos atrasados a los prestadores de salud. También fija una nueva modalidad para el cálculo de pensiones de discapacidad y garantiza los servicios hasta diciembre de 2027.

Afuera del Congreso, centenas de personas afectadas por la medida celebraron la decisión legislativa.

“Me produce mucha felicidad, como laburantes (trabajadores) pero también para que la persona con discapacidad pueda vivir como corresponde”, dijo a la AFP Trinidad Freiberg, 23, musicoterapeuta que trabaja con niños y niñas con discapacidad.

Milei había adelantado en una entrevista en agosto que de ser revertido el veto, acudiría a la justicia. “Supongamos que me rechazan el veto, bueno, yo eso lo voy a judicializar, no va a tener efecto en el gasto público”, había dicho el mandatario.

• Fuente: AFP

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación presentado por la defensa del exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas. De esta forma, queda firme la condena de dos años con suspensión de la ejecución penal.

El fallo resolvió que la defensa no cumplió con los requisitos mínimos exigidos por ley para impugnar la sentencia, al no presentar una argumentación detallada ni fundamentos específicos que justificaran el análisis casatorio del máximo tribunal.

Cárdenas fue encontrado culpable de lesión de confianza, que provocó un grave perjuicio patrimonial de G. 5.704 millones a la Municipalidad de Lambaré, al desviar fondos de royalties destinados a la pavimentación urbana.

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La importancia del fallo radica en que con este rechazo de casación, la condena ya no admite recurso y debe considerarse legalmente ejecutable, lo que en términos prácticos implica que Cárdenas podría quedar sujeto a las consecuencias previstas por el sistema judicial.

El voto mayoritario, respaldado por la magistrada Carolina Llanes, enfatizó que el recurso presentado era genérico y no cumplía con el deber de fundamentación ni con la exigencia de argumentación lógica, crítica y verificable.

Con esta decisión, el sistema judicial reafirma que incluso figuras políticas de alto perfil deben responder ante los actos de corrupción y que los recursos deben cumplir con estrictos parámetros formales si pretenden ser admitidos. El precedente sienta un mensaje claro sobre la responsabilidad pública y el rigor en el acceso a recursos extraordinarios.

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