La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica, rechazaron el habeas corpus y confirmaron la prisión de Carlos Federico León, condenado a 13 años de cárcel por tráfico de armas, pero recurrió a la máxima instancia judicial para tratar de obtener su libertad.
Con la referida determinación adoptada por los altos magistrados, León seguirá cumpliendo su condena en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde también está recluido el ex jugador de fútbol, Ronaldinho Gaúcho.
Condenados
Además de León condenado en marzo de este año, corrieron con la misma suerte Eduardo Ramírez, quien fue condenado a 7 años de cárcel y Víctor Ferreira a 6 años de prisión. Todos ellos fueron hallados culpables de tráfico de armas. Asimismo, el colegiado tomó la resolución de absolver de culpa y pena a Alfredo Sánchez. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Rosana Maldonado,
El juicio se inició durante la feria judicial y hoy tras varias dilaciones por chicanas llegó a su fin, con la condena para los tres acusados.
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Comisarías de Oro: Filizzola recurre a la Corte para congelar su caso y seguir impune
El senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza en el caso conocido como “Comisarías de Oro”, sigue presentando un carnaval de chicanas en busca de impunidad en el proceso penal que enfrenta.
Esta vez, Filizzola promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción y el sobreseimiento definitivo del exsecretario de Estado.
El escrito presentado por la abogada María José Caballero Burgos, defensora de Filizzola, sostiene que el fallo del Tribunal de Apelación adolece de arbitrariedad e infringe abiertamente el artículo 256 de la Constitución Nacional, el cual impone que toda resolución judicial debe estar debidamente fundada en la Constitución y las leyes.
Con la presentación hecha por Filizzola, el mismo pretende suspender la realización de la audiencia preliminar fijada para este miércoles ante el juez penal de garantías Yoan Paúl López.
El citado magistrado ya pidió informes al secretario de la Sala Constitucional para constatar si existe tal presentación.
Días atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez penal de garantías n.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola debe continuar vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal.
Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.
Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.
El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior.
Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.
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Invitan a marcha para pedir justicia por Deisy Paola en Asunción y CDE
Este sábado, en Asunción y Ciudad del Este, allegados y la ciudadanía en general se movilizarán para pedir “Justicia para Deisy”. Los organizadores repudian la falta de protección por parte de las autoridades para la joven que era víctima de sistemática violencia y exigen la máxima condena para Aldo Duarte, principal sospechoso del feminicidio.
Allegados de Deisy Paola Giménez, joven víctima de feminicidio, convocan a la marcha denominada “¡Justicia para Deisy!”, para hoy a las 17:00 en la Plaza de la Democracia de Asunción. Estarán presentes organizaciones civiles y conocidos de la joven estudiante de Derecho que fue brutalmente asesinada el pasado jueves, 8 de octubre, mientras iba a su lugar de trabajo, por un hombre que contaba con restricción para acercarse.
“La consigna es exigir justicia para Deisy, porque ella hizo todo para ser protegida. Acudió a las autoridades y el sistema de justicia le falló, porque el hombre tenía orden de restricción, pero igual, pese a todos los mecanismos aplicados para este tipo de hechos, una vez más tenemos una muerte”, expresó Marlene Orué, abogada especialista en DD. HH., en entrevista con la 730 AM.
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Afirmó que lastimosamente las autoridades no le dieron a la joven la respuesta que necesitaba. “Estamos llegando al límite impensable, por eso convocamos a toda la ciudadanía para poder llegar hasta la emblemática plaza para pedir justicia y que ya no se reporten este tipo de hechos en los que no se tienen”, apuntó.
Agregó que lastimosamente el día a día de todas las víctimas es que no se resuelven los casos en las primeras 24 a 48 horas y que muchas veces son ellos mismos los que deben presionar para que las autoridades cumplan todos los pasos requeridos de protección. “Muchas veces los abogados tenemos que resguardar a nuestras víctimas en nuestras oficinas o casas hasta que la orden sea librada”, puntualizó.
Marcha pacífica en CDE
Así también, Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, para hoy a las 17:00 se unirán en una marcha pacífica para honrar la memoria de Deisy Paola y alzar la voz contra la violencia y falta de seguridad en el país. La convocatoria es sobre la avenida Gral. Bernardino Caballero, frente a la Gobernación.
“Marchamos por justicia, por protección efectiva y por una sociedad donde ninguna mujer tenga que vivir con miedo. El recorrido será hasta la plazoleta frente a la municipalidad, donde se dará lectura a un manifiesto y minuto de silencio en su memoria”, expresaron las mujeres autoconvocadas de la ciudad.
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Justicia española ratifica prisión y una millonaria condena contra el hermano de Julio Iglesias
El Supremo español confirmó una millonaria condena contra Carlos Luis Iglesias, hermano del cantante Julio Iglesias, por un caso de fraude fiscal que se remonta a 2001. La información fue recogida este jueves 8 de octubre por la agencia RT, a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de España.
El máximo tribunal español ratificó la pena de seis meses de prisión, además de una multa y una indemnización de 30 millones de euros, monto que supera los 33,6 millones de dólares, por el delito cometido mediante la sociedad Rolimpa Trading Corporation.
La Sala de lo Penal rechazó el recurso presentado contra la resolución dictada en noviembre de 2023 por la Audiencia Provincial de Madrid y confirmó que Iglesias incurrió en un incumplimiento tributario relacionado con el impuesto de sociedades correspondiente al ejercicio 2001.
Venta de terrenos
El caso está vinculado con la venta de tres terrenos ubicados en Vicálvaro, operación que generó ingresos superiores a 46 millones de euros, equivalentes a más de 51,5 millones de dólares. Sin embargo, las ganancias obtenidas no fueron declaradas ante la Hacienda Pública española.
Según los antecedentes del proceso, aunque la empresa involucrada desarrollaba actividades y mantenía sus activos en España, se habría utilizado una estructura empresarial internacional para dificultar la identificación del verdadero responsable de las operaciones y evitar el pago de los impuestos correspondientes.
La investigación judicial determinó que esa estructura incluía sociedades radicadas en Panamá, cuentas en el extranjero y empresas interpuestas, mecanismos utilizados para ocultar la operación y reducir las obligaciones fiscales.
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Hijo de exvicepresidente de la República enfrentará juicio por presunto abuso sexual de un niño
El juez Penal de Garantías de Fernando de la Mora, Miguel Ruiz, elevó a juicio oral y público el proceso penal contra el hijo de un exvicepresidente de la República, quien fue acusado por supuesto abuso sexual de un niño de 10 años. El Ministerio Público sostiene en su acusación que el hombre se aprovechó de la vulnerabilidad del menor para manosearlo en varias oportunidades.
Tras la audiencia preliminar, el juzgado resolvió admitir íntegramente la acusación del Ministerio Público y, además, dispuso que el acusado cumpla arresto domiciliario con control de la comisaría jurisdiccional de la zona. Asimismo, impuso medidas como la prohibición de acercarse a la víctima y a su madre.
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La acusación presentada por el fiscal Armin Echeguren refiere que el procesado, aprovechándose de la vulnerabilidad de la víctima, quien tenía 10 años a la fecha de la denuncia, procedía a manosearlo en sus partes íntimas, por debajo de su ropa, utilizando como herramienta la excusa de los juegos para conseguir su cometido de índole sexual.
Los episodios, según la investigación, sucedían durante las visitas a su domicilio y, ocasionalmente, en la casa de los abuelos paternos, debido a que contaba con un régimen de relacionamiento.
Con la resolución del juzgado de primera instancia, el acusado deberá afrontar juicio oral y público y será juzgado por un Tribunal de Sentencia de Fernando de la Mora.
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