La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Gladys Bareiro de Módica, rechazaron el habeas corpus y confirmaron la prisión de Carlos Federico León, condenado a 13 años de cárcel por tráfico de armas, pero recurrió a la máxima instancia judicial para tratar de obtener su libertad.
Con la referida determinación adoptada por los altos magistrados, León seguirá cumpliendo su condena en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde también está recluido el ex jugador de fútbol, Ronaldinho Gaúcho.
Condenados
Además de León condenado en marzo de este año, corrieron con la misma suerte Eduardo Ramírez, quien fue condenado a 7 años de cárcel y Víctor Ferreira a 6 años de prisión. Todos ellos fueron hallados culpables de tráfico de armas. Asimismo, el colegiado tomó la resolución de absolver de culpa y pena a Alfredo Sánchez. El Tribunal de Sentencia estuvo integrado por las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Rosana Maldonado,
El juicio se inició durante la feria judicial y hoy tras varias dilaciones por chicanas llegó a su fin, con la condena para los tres acusados.
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Ratifican condena de 6 años de cárcel para exsíndico de Quiebras, Blas Velázquez
La Cámara de Apelación ratificó la sentencia condenatoria de 6 años de cárcel para el exsíndico de Quiebras, Blas Manuel Velázquez Fernández, encontrado culpable por los delitos de lesión de confianza y producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.
Los camaristas rechazaron la presentación hecha por la defensa del condenado, que alegaba prescripción, incompetencia y atipicidad, ratificando en todas sus partes la sentencia condenatoria. En su momento, se demostró que el exfuncionario promovió de forma irregular una segunda venta privada de un inmueble, ocultando y sabiendo que este ya había sido adjudicado y pagado en su totalidad en 2009 a otros compradores.
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La maniobra irregular ocasionó un daño patrimonial superior a los G. 519.340.480 a la masa concursal del Banco Paraguayo Oriental. Los magistrados recalcaron que el dolo y el conocimiento del acusado quedaron plenamente acreditados mediante actos documentales firmados por el propio Velázquez durante el proceso.
Otra denuncia penal
Igualmente, el exsíndico de Quiebras está siendo investigado por los hechos de lesión de confianza y otros delitos. Velázquez habría vendido de forma irregular y a un precio irrisorio varios inmuebles de la firma Agroganadera Ypyta Inmobiliaria. La fiscal Raquel Andrea Vera es quien está investigando el caso.
La abogada Gessy Ruiz Díaz, representante legal de la firma Agroganadera Ypyta S.A., ya pidió meses atrás que se presente la imputación contra el exsíndico, quien ya cuenta con la mencionada condena de 6 años de cárcel por un caso similar.
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Ministros disertaron sobre la independencia judicial y comunicación institucional
El ministro superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel Junghanns y la ministra María Carolina Llanes disertaron en una jornada académica organizada por la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (ASOMAP), en Ciudad del Este.
Las exposiciones abordaron la independencia judicial como garantía para el ejercicio de la función jurisdiccional y los desafíos para avanzar gradualmente hacia una comunicación institucional más coordinada y comprensible, orientada a facilitar a la ciudadanía el acceso a información confiable y oportuna sobre la labor del Poder Judicial.
La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio del Palacio de Justicia de Ciudad del Este y congregó a la magistratura, representantes de asociaciones y gremios, profesionales del derecho, funcionariado judicial e invitados especiales.
El ministro César Diesel desarrolló la conferencia “El valor de la independencia judicial”, en la que destacó que la independencia constituye un elemento indispensable para la vigencia del Estado de derecho y el adecuado ejercicio de la función jurisdiccional. Durante su exposición se refirió al papel constitucional del Poder Judicial y al control de constitucionalidad dentro del sistema de separación, equilibrio y recíproco control entre los poderes del Estado.
Asimismo, sostuvo que la legitimidad de las decisiones judiciales se sustenta en el conocimiento de los hechos, la aplicación del derecho correspondiente y la debida fundamentación de los fallos, con respeto a las garantías del debido proceso. Diesel abordó además las garantías constitucionales destinadas a preservar la independencia institucional y funcional de la magistratura y destacó su importancia para que jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones con apego a la Constitución y las leyes.
Finalmente, remarcó que la independencia judicial también requiere fortalecer la calidad de la administración de justicia, mediante decisiones debidamente fundamentadas, adoptadas sin demoras innecesarias y con el tiempo necesario para garantizar el debido proceso.
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Por su parte, la ministra, María Carolina Llanes Ocampos, presentó el tema “Implementación de la Política Comunicacional” y expuso aspectos vinculados al desarrollo operativo de la Política de Comunicación del Poder Judicial, aprobada mediante Resolución N.º 9990/2023 de la Corte Suprema de Justicia.
Durante su presentación destacó la importancia de facilitar a la ciudadanía el acceso a contenidos institucionales confiables y comprensibles. En ese contexto, explicó que el desarrollo operativo de la Política de Comunicación se concibe como un proceso gradual de fortalecimiento institucional, orientado a consolidar criterios, procesos e instrumentos que contribuyan a una comunicación más coordinada y acorde con las particularidades del Poder Judicial.
Otro de los ejes abordados fue la necesidad de promover una justicia comprensible mediante información clara y un lenguaje accesible que permita a la ciudadanía conocer las funciones y competencias del Poder Judicial, comprender sus procedimientos, identificar los servicios disponibles y consultar información institucional.
La ministra se refirió además a la participación de las distintas circunscripciones judiciales en la identificación de necesidades, experiencias y buenas prácticas, con miras a construir herramientas adaptadas a las diferentes realidades territoriales.
Señaló que, cuando corresponda evaluar una actuación comunicacional, deberán considerarse los derechos involucrados, las competencias institucionales, el interés público, la proporcionalidad y las características de cada situación. En ese sentido, explicó que la comunicación estratégica requiere contar con criterios y herramientas que permitan determinar cuándo corresponde comunicar y de qué manera hacerlo, preservando las competencias y responsabilidades institucionales.
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Confirman pena de 28 años de cárcel para condenado por homicidio de exfiscal
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, ratificó la condena de 28 años de cárcel para Óscar Ariel Caballero Sahlmann, condenado por la muerte del exfiscal y exviceministro de Seguridad Interna, Javier Ibarra, ocurrido en noviembre del 2023 en San Lorenzo, departamento Central. Caballero fue sentenciado en abril del 2025 por homicidio doloso y hurto especialmente grave.
Con el voto en mayoría de los ministros Carolina Llanes y Manuel Ramírez Candia, la máxima instancia judicial no admitió el recurso de casación planteado por la defensa del condenado. Ambos altos magistrados señalaron que el escrito carece de fundamentación suficiente que habilite a la Sala Penal para estudiar la procedencia del recurso interpuesto.
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Asimismo, señalan que “los impugnantes se limitan a formular afirmaciones de carácter genérico, sin individualizar cuáles son las pruebas que, a su criterio, fueron omitidas o incorrectamente apreciadas por el Tribunal, ni explicar de qué manera la supuesta errónea valoración probatoria habría incidido en el sentido del fallo. En consecuencia, la crítica recursiva carece del desarrollo argumentativo mínimo necesario para demostrar la existencia del vicio denunciado”, indica la resolución judicial de la Corte.
Condena
El tribunal de sentencia integrado por Gloria Garay, Leticia Frachi y Ana Carolina Silveira, condenó a 28 años de cárcel a Óscar Ariel Caballero Sahlmann luego de ser encontrado culpable por el homicidio del exfiscal Javier Ibarra. La determinación se dio a conocer luego del juicio oral y público. El fiscal del caso fue Julio Ortiz, quien pudo demostrar la responsabilidad del acusado en el grave hecho registrado donde resulto víctima fatal el exrepresentante del Ministerio Público.
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Ministro Diesel habilitó Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín
Con presencia del ministro de la Corte Suprema de Justicia y superintendente de la Circunscripción Judicial de Alto Paraná, César Diesel, y de los miembros del Consejo de Administración, se llevó a cabo el acto de habilitación de las nuevas instalaciones del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Juan León Mallorquín.
La puesta en funcionamiento de esta sede se enmarca en las acciones impulsadas para fortalecer el acceso a la Justicia y mejorar la atención a la ciudadanía en todo el territorio nacional.
Durante el acto, el ministro Diesel señaló que uno de los objetivos centrales de la máxima instancia judicial es garantizar una justicia ágil, eficiente y cercana. Asimismo, exhortó al equipo de trabajo, liderado por la magistrada Gloria Liz González, a desempeñar sus funciones con atención a las necesidades de la ciudadanía.
A su turno, la jueza de Primera Instancia y encargada del despacho, Gloria Liz González, señaló que la habilitación de la sede judicial representa el fortalecimiento de la presencia institucional del Poder Judicial al servicio de la ciudadanía y refleja el compromiso con el acceso a la Justicia en la zona.
El inmueble, cedido a la Corte Suprema de Justicia mediante un contrato con sus propietarios, albergará las dependencias judiciales destinadas a fortalecer la atención y la prestación de los servicios de justicia en la zona.
Del acto oficial participaron también la intendenta municipal, Marta Santander de Correa, magistrados de diversas localidades, profesionales abogados y representantes de gremios de la región, quienes acompañaron la habilitación de esta nueva sede judicial, que permitirá acercar los servicios de justicia a la ciudadanía de Juan León Mallorquín y de su zona de influencia.
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