En todo el país, ingresaron 662 nuevas causas en los diferentes juzgados penales de garantía. Así se informó durante el desarrollo del pleno de la Corte Suprema de Justicia. En la oportunidad, se mencionó que se resolvieron 23 amparos que se presentaron en las circunscripciones judiciales del país y 11 habeas corpus.
Entre los hechos punibles más cometidos se encuentra el delito de hurto agravado, con 85 casos, y 64 procesos por desacato a la Ley de Emergencia Nacional. También se registraron 118 casos de violencia familiar, 85 procesos por violación de delitos ambientales y 65 casos de resistencia.
En lo que va de la emergencia sanitaria, se dictaron 29 condenas y se ordenaron 182 libertades. En relación a los juzgados de la niñez, se hicieron lugar a 30 medidas cautelares de protección de menores.
Los tribunales de apelaciones de todo el país también tuvieron movimiento. Resolvieron 127 resoluciones judiciales, entre ellas, revisión de medidas cautelares, recusación contra tribunales de sentencia y otros fallos que fueron apelados.
También se informó que fueron dictados 16 fallos judiciales por las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia.
Causas ingresadas
-662 nuevas causas en los juzgados de garantías de todo el país
-23 amparos resueltos en todas las circunscripciones
-11 habeas corpus resueltos
-29 condenas dictadas
-182 libertades otorgadas
-30 medidas cautelares otorgadas en los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia
-127 resoluciones dictadas por los tribunales de apelación
-16 fallos dictados por las salas de la Corte
Hechos punibles más cometidos
-64 casos por desacato a la Ley de Emergencia
-118 casos por violencia familiar
-86 caso por violación de delitos ambientales
-65 casos por resistencia
-85 casos por hurto o hurto agravado
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Corte presentó denuncia en Fiscalía tras amenaza de ataque en Palacio de Justicia
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público tras detectar un correo electrónico masivo de carácter intimidatorio remitido a su Secretaría General. El mensaje advertía sobre supuestos atentados contra el personal y la infraestructura del Palacio de Justicia en Asunción, expandiendo las alertas hacia otros estamentos del Estado.
Como respuesta inmediata, la jefatura de seguridad del Poder Judicial ordenó un estricto control de acceso y revisiones minuciosas en todas las sedes con el fin de garantizar la vida de magistrados, abogados litigantes y usuarios civiles.
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Suspensión en la comunidad universitaria
El mismo correo anónimo afectó de manera paralela a las casillas institucionales del rectorado y múltiples facultades de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). En el texto, presuntos grupos extremistas de internet amenazaban con perpetrar un tiroteo y detonar artefactos explosivos en una facultad sorpresa. Ante la gravedad de la advertencia, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho (CEDUNA) instó a la evacuación preventiva del campus. Posteriormente, las autoridades universitarias suspendieron formalmente todas las actividades presenciales para salvaguardar a la comunidad educativa.
Investigación policial
Especialistas del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, intervinieron para realizar la trazabilidad del correo. Las primeras pericias arrojaron que el emisor utilizó plataformas de anonimato internacional y rebote de nodos para ocultar su dirección IP.
Asimismo, la Policía emitió una alerta debido a que el mensaje incluía un enlace malicioso diseñado para vulnerar los dispositivos de quienes intentaran abrirlo. Agentes de los departamentos de Inteligencia y Antiterrorismo, junto con canes especialistas, inspeccionaron minuciosamente los predios y descartaron la presencia física de explosivos en el campus, calificando la situación en desarrollo bajo un perfil de alta volatilidad digital.
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Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura en corte de EE. UU.
El expresidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores se declararon el jueves no culpables de tortura ante un tribunal de Nueva York.
La pareja, detenida en Estados Unidos desde enero, ya fue inculpada por la justicia estadounidense de narcotráfico y posesión de armas de fuego.
Su caso penal se amplió la semana pasada con acusación de haber conspirado para cometer actos de tortura contra opositores políticos, incluidos ciudadanos estadounidenses.
En la inculpación presentada el 8 de octubre, los fiscales estadounidenses detallan presuntos casos de ahogamiento simulado, violaciones y golpizas.
Maduro, quien durante su primera comparecencia en Nueva York se presentó como “prisionero de guerra” de Estados Unidos, calificó el miércoles los nuevos cargos de “acusaciones falsas”.
El exmandatario y su esposa fueron capturados en su residencia durante una espectacular operación militar estadounidense en Caracas el 3 de enero.
Desde la caída de Maduro, su ex vicepresidenta, Delcy Rodríguez, gobierna Venezuela como mandataria encargada bajo intensa presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.
El secretario de Justicia estadounidense, Todd Blanche, dijo la semana pasada que los nuevos cargos contra Maduro y Flores demuestran la determinación del gobierno de Trump “de hacer justicia a las víctimas de tortura, narcoterrorismo y crimen organizado”.
“Reprimir y castigar”
Durante su mandato de 2013 a 2026, organismos de defensa de los derechos humanos acusaron en reiteradas oportunidades a Maduro de recurrir a la represión política para aferrarse al poder.
La acusación formal de tortura presentada en Estados Unidos señala que el objetivo era “reprimir y castigar a la oposición política, silenciar la disidencia (...), preservar y proteger el poder y la autoridad de los miembros de la conspiración, e intimidar, hostigar y neutralizar a sus oponentes, incluso mediante secuestros”.
El escrito alude, sin nombrarlo, al caso de un oficial detenido en 2013 a quien Maduro consideraba sospechoso de preparar un golpe de Estado.
Según los fiscales, el presidente habría ordenado su detención y traslado a los servicios de inteligencia militar. Posteriormente, el hombre habría sido golpeado y sometido a repetidas descargas eléctricas durante su reclusión.
El documento judicial también señala que, en varias ocasiones, se utilizó la tortura tras las manifestaciones antigubernamentales de 2014 con el fin de intimidar a los opositores políticos.
Maduro y Flores están encarcelados en una prisión federal de Brooklyn bajo un régimen estricto, sin acceso a periódicos ni a internet, pero con la posibilidad de hablar por teléfono con sus familias y sus abogados.
El inicio del juicio por los cargos de narcotráfico está previsto para el 1 de junio de 2027. Hasta ahora ambos se han declarado no culpables.
- Fuente: AFP
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Feminicidio de Deisy: Corte convoca a jueza de Paz por presuntas negligencias
El pleno de la Corte Suprema de Justicia convocó para la próxima semana a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Mariana Fariña, para que comparezca ante los altos magistrados en el marco de la investigación sobre las actuaciones judiciales previas al feminicidio de la joven Deisy Paola Giménez, ocurrido días atrás en Lambaré. La convocatoria se produce tras detectarse presuntas demoras y falta de diligenciamiento de las medidas de protección que la joven había solicitado antes de ser asesinada.
Igualmente, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez Rolón, presentó los primeros resultados de la auditoría de reacción inmediata sobre el caso de Deisy Paola Giménez Segovia, víctima de feminicidio el 8 de octubre en Lambaré. Según el informe, pasaron ocho días hábiles entre la recepción de la denuncia por incumplimiento de la orden de alejamiento y la audiencia de ratificación. Ante esta situación, la Corte resolvió convocar a la jueza de Paz de Lambaré, Lidia Fariña, para que comparezca y brinde detalles sobre su actuación.
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La magistrada comunicó a la Fiscalía el supuesto desacato de Aldo Alexis Duarte Moreira, expareja de la víctima, el 7 de octubre, un día antes del crimen. Sin embargo, Jiménez Rolón advirtió que no existen constancias de que se haya diligenciado el oficio mediante el cual el juzgado debía comunicar formalmente al Ministerio Público el incumplimiento de la medida de protección.
El ministro explicó que Deisy presentó la denuncia el 18 de septiembre y que la jueza de turno, Natalia Molas, dictó ese mismo día la medida de protección y la orden de alejamiento contra Duarte Moreira. Por cuestiones de territorialidad, el expediente pasó al Juzgado de Paz de Lambaré, que recibió la documentación el 21 de septiembre. Posteriormente, durante la audiencia, Deisy ratificó su denuncia e informó que su expareja había incumplido la orden judicial. El 7 de octubre, Fariña notificó el hecho a la Fiscalía para que investigara el presunto desacato, pero no se encontró constancia de que el oficio haya sido efectivamente diligenciado.
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Comisarías de Oro: Filizzola recurre a la Corte para congelar su caso y seguir impune
El senador y exministro del Interior Rafael Filizzola, acusado de lesión de confianza en el caso conocido como “Comisarías de Oro”, sigue presentando un carnaval de chicanas en busca de impunidad en el proceso penal que enfrenta.
Esta vez, Filizzola promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra la resolución de la Cámara de Apelaciones que revocó la prescripción y el sobreseimiento definitivo del exsecretario de Estado.
El escrito presentado por la abogada María José Caballero Burgos, defensora de Filizzola, sostiene que el fallo del Tribunal de Apelación adolece de arbitrariedad e infringe abiertamente el artículo 256 de la Constitución Nacional, el cual impone que toda resolución judicial debe estar debidamente fundada en la Constitución y las leyes.
Con la presentación hecha por Filizzola, el mismo pretende suspender la realización de la audiencia preliminar fijada para este miércoles ante el juez penal de garantías Yoan Paúl López.
El citado magistrado ya pidió informes al secretario de la Sala Constitucional para constatar si existe tal presentación.
Días atrás, el Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala de la capital, resolvió revocar la resolución por la cual el juez penal de garantías n.º 11, Yoan Paul López Samudio, había declarado la prescripción de la causa seguida contra el exministro. De esta manera, el proceso por lesión de confianza contra Filizzola debe continuar vigente y deberá avanzar hacia la siguiente etapa procesal.
Uno de los puntos centrales de la resolución es el análisis de los sucesivos recursos, incidentes, recusaciones y acciones planteado durante la tramitación de la causa.
Según el tribunal, esta concatenación de actuaciones impidió la prosecución ordinaria del proceso y generó un período de “tiempo muerto” de 5 años, 5 meses y 12 días, que debe ser considerado como tiempo de suspensión de los plazos de prescripción.
El proceso se origina en la investigación sobre la construcción de baños y celdas en 24 comisarías del área metropolitana durante la gestión de Filizzola al frente del Ministerio del Interior.
Según la acusación, el caso habría ocasionado un perjuicio patrimonial de aproximadamente G. 1.200 millones.
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