Con la resolución de la Corte Suprema de Justicia se podrán presentar documentos en mesa de entrada de Registros Públicos.
El pleno de la máxima instancia judicial dispuso la habilitación de mesa de entrada de la Dirección General de los Registros Públicos, para que los escribanos puedan dar entrada a sus documentos para la tramitación correspondiente. De esta manera, parcialmente, se habilita Registros Públicos y los profesionales escribanos podrán trabajar y hacer los trámites correspondientes.
Entre los documentos que pueden tramitarse se encuentran los pedidos de informe sobre propiedades, la inscripción de inmuebles, las medidas cautelares, la transferencia de vehículos, el informe de condición de dominio y otros.
Participaron de la sesión plenaria de la Corte los ministros Alberto Martínez Simón, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candía, Eugenio Jiménez, Carolina Llanes y a través de videoconferencia Antonio Fretes.
El titular de la máxima instancia judicial explicó que no se pudo llevar a cabo la sesión a través de videoconferencia con los demás miembros de la máxima instancia judicial por problemas de conexión de internet, pero que se tratará de solucionar y la próxima reunión se realizará telemáticamente.
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Corte rechazó hábeas corpus de esposa de Marset y ratifica que es tratada de forma humana
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, rechazó un hábeas corpus genérico presentado por Gianina García Troche, pareja del supuesto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien sigue prófugo.
La defensa de García Troche sostuvo en su escrito que la mujer es tratada de manera inhumana, que le afecta de manera psíquica y psicológica, siendo desatendidos sus pedidos a consultas médicas, sin tiempo de relacionamiento de convivencia con sus hijos y acceso a parientes, que afectan el interés superior del niño y su derecho de comunicarse libremente.
Los ministros de la Corte mencionan en el fallo judicial que “Gianina García Troche no se encuentra en condiciones inhumanas, puesto que la misma se halla recluida en un penal en el que cuenta con pabellón individual, baño privado, termocalefón, instalaciones higiénicas y salubres, alimentación balanceada, silla y mesa de celda, mueble para sus ropas, sillón reposera (proveído por los padres de la procesada, y que fuera autorizada por la Jueza Penal de Garantías)”.
Asimismo la corte menciona que García Troche cuenta con una conservadora proporcionada por el penal, por lo que se concluye que no se dan los presupuestos requeridos para la procedencia del Habeas Corpus Genérico”, dice la máxima instancia judicial para rechazar el hábeas corpus.
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Estafa a colonos: Corte destrabó proceso penal de imputados
La sala Penal de la Corte Suprema de Justicia destrabó el proceso penal que enfrentan el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín Campuzano y otras tres personas, procesadas penalmente por estafa, cuyas víctimas son colonos de Río Verde, departamento de San Pedro. La máxima instancia judicial declaró inadmisible la apelación general presentada por la defensa de uno de los imputados.
La resolución judicial lleva la firma de los ministros Luis María Benítez, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, quienes rechazaron una chicana más presentada por uno de los imputados.
Imputación
De acuerdo al acta de imputación, el gestor José Francisco Ljubetic habría liderado un esquema que operó entre el 2017 y agosto del 2024, con el propósito de obtener dinero mediante la simulación de gestiones para adquirir tierras del Indert.
Igualmente, se describe que Ljubetic se presentó ante los hermanos Bernardo y Hernán Friesen Neufeld, a quienes ofreció la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, ubicados en Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia, Boquerón, por la suma de USD 1.600.000.
Para asegurar a sus víctimas, se dio participación a un supuesto equipo jurídico, conformado por los abogados Willian Bogarín Campuzano (exdirector general de Fortalecimiento Institucional y Cooperación Internacional de la Cámara Baja) e Ilsa Maricela Paredes.
Los citados se encargarían de realizar algunos trámites en el Indert para beneficiar a los colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
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Crimen de niña: Corte ordena auditoría de la actuación del juez Osmar Baeza
El ministro Manuel Ramírez Candia informó este miércoles al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que dispuso una auditoría de gestión de reacción inmediata del expediente sobre Marcelo Giménez Duarte, que fue beneficiado con libertad condicional y actualmente imputado por el crimen de una niña de 11 años en Fulgencio Yegros, Caazapá.
La denuncia de supuestas actuaciones irregulares del juez Osmar Baeza fue analizada en plenaria de la máxima instancia judicial. El magistrado fue quien otorgó la libertad condicional a Giménez Duarte, condenado en 2022 por abusar de una niña que presuntamente volvió a ser víctima de abuso y asesinato.
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En su intervención ante sus pares, Ramírez Candia, -quien se desempeña además como superintendente de la Circunscripción Judicial de San Pedro-comunicó la decisión de la “auditoría de reacción inmediata”.
Con esta medida se intentará detectar irregularidades y el supuesto mal desempeño de funciones de los funcionarios judiciales, conforme indicó el magistrado. Se aguardará un informe y posteriormente el caso será nuevamente tratado en el pleno de la Corte Suprema de Justicia.
“Como en Paraguay, la mayoría de los casos suceden a veces en una comunidad o dentro de una ciudad o dentro de un pueblo. Y nosotros si no le otorgamos nos vienen por supuesto Derechos Humanos, claro que se va a apelar y si él reúne todas las condiciones, todos los requisitos para que pueda ser beneficiado no podemos negarle”, manifestó el juez Baeza en entrevista con el canal GEN y Universo 970AM/Nación Media.
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La Procuraduría General de la República evitó el pago multimillonario en juicio por indemnización
La Corte Suprema de Justicia rechazó una demanda promovida por un exfuncionario de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), quien reclamaba alrededor G. 5.400 millones en concepto de indemnización por supuestos daños y perjuicios derivados de una destitución que consideraba injustificada. Los ministros de la Corte César Garay, Eugenio Jiménez y Alberto Martínez Simón firmaron la resolución judicial.
En la demanda civil, el exfuncionario de la Ande había solicitado el 3 % mensual de intereses sobre tal monto, suma que alcanzaba los G. 11.500 millones solo en intereses. Además, se ahorraron los posibles honorarios profesionales de los abogados del demandante, lo que habría representado un desembolso total de G. 20.608.583.310 para el Estado paraguayo.
La Procuraduría General de la República, en ejercicio de la representación legal del Estado, defendió la improcedencia de la demanda y sostuvo que no se cumplían los requisitos legales para una condena por responsabilidad civil extracontractual. En su sentencia, la Corte señaló que no se acreditaron ni la existencia de un daño jurídicamente comprobado, ni el vínculo causal directo entre la actuación de los funcionarios y los perjuicios alegados, ni un factor de atribución válido.
El fallo resalta que las demandas contra el Estado deben demostrar con claridad los cuatro elementos esenciales de la responsabilidad civil: antijuridicidad, daño, nexo causal y factor de atribución. La sola disconformidad con un acto administrativo no basta para fundar una pretensión indemnizatoria, especialmente cuando los actos cuestionados ya han sido revisados en otras vías jurisdiccionales.
Este caso constituye un precedente relevante en la defensa del erario público y reafirma el compromiso institucional de la Procuraduría General de la República en asegurar una representación jurídica eficiente, que permita resguardar los intereses del Estado ante reclamos infundados.
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