Con el objetivo de substanciar el pedido de prisión domiciliaria a favor de dos mujeres recluidas en estado de vulnerabilidad, quienes son asistidas por la defensora pública, Doris Arias, se realizaron esta mañana ante la jueza de ejecución, Silvana Luraghi, y la actuaria, Gregoria Zarza, audiencias a través de videollamadas de WhatsApp.
Una de las asistidas es madre lactante de un bebé de apenas meses de nacido, y la otra es asistida por problemas de salud, con diagnóstico de patología de base. Ambas mujeres fueron beneficiadas con prisión domiciliaria, argumentando que se hallan dentro del círculo de personas que requieren mayores cuidados a raíz de la pandemia del COVID-19.
Cabe mencionar que ambas se encuentran condenadas, por lo que deberán cumplir dicha condena en sus hogares, los cuales fueron previamente verificados por trabajadores sociales de la Defensa Pública. La medida tendrá vigencia durante seis meses, tiempo que posteriormente podrá ser ampliado o bien beneficiar a las asistidas con otra figura establecida en la legislación vigente.
También ante la misma jueza de Ejecución, la asistida de la defensora Cinthia Fleitas, una señora de 43 años, por su condición de vulnerabilidad, se solicitó prisión domiciliaria, conforme al art. 239 del CEP y por formar parte del grupo de riesgo establecido por la OMS y la emergencia sanitaria por decreto presidencial. Se realizó la audiencia por videoconferencia y le otorgaron la salida transitoria en su domicilio.
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Incremento de Linces impactó directamente en la disminución de actos delictivos
Desde hace ocho años, el Grupo Táctico Lince viene marcando presencia en las calles de diferentes ciudades, tras lo cual, se han encontrado también con diferentes desafíos, como el de mantener su reputación y credibilidad ante la ciudadanía, o el de permanecer, en muchos casos, como la primera línea de contención ante hechos de delictivos y de inseguridad.
En este sentido, el comisario Gustavo Ruiz Díaz, director interino del Grupo Lince, destacó que, conforme a las estadísticas con las que se cuenta, el índice de inseguridad y violencia ha disminuido gracias al crecimiento del plantel del Grupo Lince, el cual se triplicó durante este gobierno.
“El número de linces se triplicó con el objetivo de llegar a más ciudades y tener mayor cobertura y eso generó que exista mayor presencia y cercanía con la gente, por lo que, se ve una disminución enorme de los hechos delictivos que se veían últimamente”, expresó Ruiz Díaz en conversación con la 1020 AM.
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Especificó que actualmente se cuenta con 2.000 efectivos del grupo Lince, de los cuales, 800 estarían realizando cobertura en Asunción y el área central, mientras que el resto está distribuido en 15 departamentos del territorio nacional, siendo Itapúa y Alto Paraná los dos departamentos con más efectivos.
En cuanto a la incorporación de las mujeres en las filas de este grupo táctico, Ruiz Díaz mencionó que el trabajo de las mujeres es clave dentro de la fuerza, en especial cuando se habla de acompañamientos a sus congéneres o inclusive en la confianza que transmiten a las víctimas en general, pero por sobre todo a las femeninas.
“El trabajo de las mujeres linces es muy importante, cambió lo que era el desenvolvimiento de una vida cuartelera y un equipo táctico. La parte humana que desarrollan, el acompañamiento a la ciudadanía y a las instituciones educativas es muy importante, el trabajo que se está realizando”, remarcó el comisario Ruiz Díaz.
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Senado evaluará extender permiso de maternidad para mujeres en cargos electivos
Entre los puntos más resaltantes a ser analizado mañana por los Senadores, figura el proyecto que modifica y amplia la ley 5.508/2015 de promoción, protección de la maternidad y apoyo a la lactancia materna, con la finalidad de extender el permiso de 12 a 18 semanas para mujeres en cargos electivos.
La iniciativa ya cuenta con la aprobación de Diputados. El documento refiere que se busca la reivindicación del derecho de las mujeres que ocupan cargos electivos, de modo a que puedan acogerse también a los beneficios de la citada normativa. Los cambios se efectuaron específicamente en los artículos 2, 3 y 13 de la citada normativa.
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El proyecto de ley fue abordado ayer lunes, por los senadores miembros de la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, sin embargo, tomaron la decisión de postergar la emisión de un dictamen con el objetivo de introducir modificaciones, razón por la cual aconsejarán mañana a la plenaria su aplazamiento.
No obstante, el documento cuenta con dictámenes favorables de las comisiones asesoras de Familia y de Equidad y Género. La propuesta figura en el punto 12 del orden del día.
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El programa Hambre Cero impacta positivamente en generación de empleos
La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, confirmó que más de 17.000 trabajadores formales hacen posible la implementación del Programa Hambre Cero en las instituciones educativas del país. Destacó el impacto positivo en la generación de fuentes de ingresos, beneficiando principalmente a las mujeres.
“Nosotros, a mediados de marzo, comenzamos a hacer las verificaciones y a trabajar directamente con las empresas adjudicadas, porque uno de los componentes que tiene el programa, si bien no es central, pero que resalta ahora, tiene que ver con la generación de empleo”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Comentó que al inicio de las fiscalizaciones había solamente 5.000 trabajadores registrados, en las dos modalidades del programa: cocinando en las escuelas y catering.
La funcionaria del Gobierno adelantó que los controles de las condiciones laborales de estos trabajadores se retomarán la próxima semana y esta vez los inspectores recorrerán el interior del país.
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“Ya tuvimos conversaciones con los gobernadores, ya tenemos una hoja de ruta para poder salir a controlar porque si bien hemos crecido muchísimo, todavía tenemos algunas denuncias que recibimos del interior y vamos a estar controlando también ahí”, expresó.
Las condiciones laborales de estos trabajadores mejoraron con las fiscalizaciones hechas por el Ministerio de Trabajo. “Enviamos notificaciones de lo que estábamos encontrando en campo. Le decíamos a la empresa estos trabajadores no tienen seguro social, no están cobrando lo que corresponde por hora, porque la mayoría son contratos por hora. Y eso se fue regularizando”, resaltó.
El pliego de bases y condiciones firmado establece que por cada 50 alumnos tiene que haber al menos tres trabajadores: un cocinero, un auxiliar y un limpiador. “Y a medida que vamos estimando y vamos haciendo estos controles se van regularizando las empresas”, remarcó.
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Plantean apoyo económico a mujeres sobrevivientes de violencia feminicida
El diputado Saúl González presentó el proyecto de ley que establece la creación del Programa de apoyo económico para mujeres sobrevivientes víctimas de violencia feminicida o en contexto de violencia familiar, con daños físicos graves y manifiestos. La propuesta será remitida a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara Baja para sus dictámenes y posterior tratamiento en plenaria.
La iniciativa estipula una pensión mensual equivalente al 70 % del salario mínimo legal vigente, financiado por el Estado, con una duración de 10 años. En casos en que hayan quedado con un grado de discapacidad del 33 % o más, el beneficio se extendería de por vida.
En la exposición de motivos, el legislador colorado refiere que el proyecto surge como respuesta a las graves secuelas físicas y psicológicas que sufren estas mujeres, “las que muchas veces quedan en condiciones de vulnerabilidad, con discapacidades permanentes, y enfrentando barreras significativas para su reinserción laboral y social”.
A diferencia de la normativa 7349/2024, Que establece pensiones para hijas, hijos y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio”, la iniciativa apunta, directamente, a las víctimas sobrevivientes. “Muchas de estas mujeres quedaron con las manos amputadas, con rostros desfigurados, con dificultades motrices severas. Son secuelas físicas graves y manifiestas que afectan, profundamente, su calidad de vida y su derecho a una vida digna”, refirió González.
Se establece además que el Ministerio de la Mujer será la institución responsable de administrar el programa de apoyo económico, así como de evaluar las solicitudes y verificar los certificados médicos presentados por las víctimas.
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Mientras que la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad certificará los casos con discapacidad, y el Ministerio de la Defensa Pública actuará en los casos en que las víctimas no puedan ejercer plenamente sus derechos.
“Esta es una deuda pendiente del Estado con las víctimas directas de una de las expresiones más extremas de violencia de género. No podemos seguir amparándonos solo en discursos: es hora de garantizar apoyo real, integral y sostenido”, comentó González.
En su planteamiento, el legislador expone un estudio publicado en la Revista Jurídica del Poder Judicial, que revela que solo el 24 % de las denuncias de violencia contra la mujer al amparo de la Ley n.° 5777/16 “De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia”, culmina en una condena, lo cual refleja, según entiende el diputado, la fragilidad del sistema de protección actual.
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