La fiscal Carolina Romero, de la Unidad Penal N°1 de la Fiscalía Barrial N°3, efectuó un procedimiento de constitución ante la Dirección de Seguridad de la Corte Suprema de Justicia, tras una denuncia innominada de supuesto hecho punible de hurto agravado de 200 litros de alcohol al 70%, realizada por René Genes, quien se desempeña como director de Desarrollo de Recursos Humanos de la institución mencionada.
La representante del Ministerio Público se constituyó en la Dirección de Seguridad y realizó las indagaciones fiscales en el marco de la investigación de la denuncia, luego tomó declaración testifical al denunciante, quien se ratificó en el faltante del alcohol desinfectante, que se hallaba en el sub-suelo del Poder Judicial.
La denuncia hace referencia a que, en la fecha, a las 8:45 aproximadamente, funcionarios de Desarrollo de Recursos Humanos le comunican telefónicamente que se percataron del faltante de 200 litros de alcohol al 70%, que se encontraban en el sub-suelo 2, en un tanque de reservorio ubicado en la parte trasera de una camioneta estacionada en dicho lugar.
El denunciante verificó el hecho en compañía del director de Seguridad y se percataron efectivamente del faltante.
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Presunta trata en Asunción: ciudadanos brasileños serían explotados laboralmente
El comisario Humberto Aquino, jefe del Departamento Especializado en la Lucha contra la Trata, dio detalles de la investigación por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral, en base a una denuncia hecha por un brasileño.
Las autoridades investigan la situación migratoria y laboral de unas 200 personas que se encontraban trabajando en un edificio ubicado sobre avenida Aviadores del Chaco casi Santa Teresa de Asunción.
La Dirección contra la Trata de Personas en conjunto con otros organismos de seguridad y control ejecutaron una intervención en el Edificio Aura Paraguay, por presunta trata internacional de personas con fines de explotación laboral.
El jefe policial explicó que la investigación se inició a partir de una denuncia presentada por un ciudadano brasileño que llegó a través de la Cancillería y fue derivada al Ministerio Público. “Esa denuncia pasó a la Cancillería y derivó a la Fiscalía. Entonces, nosotros, de la Unidad Especializada de Trata de Personas, procedimos a la investigación”, relató en la 1020 AM.
Una vez conseguida la información sobre el lugar y la forma en que trabajaban, procedieron a allanar el local con una orden del Juzgado Penal de Garantías encabezado por la fiscal María Isabel Arnold.
Los agentes encontraron a alrededor de 200 personas trabajando en un call center. “Constatamos que se encontraban cerca de 200 personas, específicamente ciudadanos brasileños y algunos paraguayos, trabajando en diferentes niveles del edificio”, mencionó el investigador.
Precisamente, lo más llamativo para los intervinientes fue la cantidad de personas que se encontraban en el lugar, la mayoría ciudadanos brasileños. “Todos tenían su forma de captar clientes a fin de darle una inversión dentro del territorio nacional a sus conciudadanos brasileños”, puntualizó.
Las primeras informaciones señalan que la empresa sospechosa realizaba rotaciones constantes de personal y estaría implicada en esquemas de estafa, lavado de dinero y tráfico de personas. Según Aquino, la Dirección Nacional de Migraciones confirmó la presencia de ciudadanos extranjeros en situación irregular y algunas personas no contaban con la documentación laboral correspondiente.
“Convocamos al Ministerio del Trabajo y a la Dirección Nacional de Migraciones. Y comprobaron que existían ciudadanos brasileños en situación irregular dentro del territorio nacional. Y se presume que estaban también en forma irregular porque algunas personas no contaban con la documentación correspondiente”.
En el procedimiento, incautaron documentos y equipos informáticos para la investigación.
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La ONU denuncia la concentración de poderes en Nicaragua
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos lamentó el miércoles la concentración de poderes por parte del Ejecutivo y del partido en el poder en Nicaragua, país donde gobiernan con mano de hierro desde 2007 el presidente Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
“El poder está cada vez más concentrado en manos del Ejecutivo y del partido gobernante”, advirtió el miércoles el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, con motivo de la publicación de un informe que detalla “el desmantelamiento progresivo de las instituciones democráticas y del Estado de derecho” en Nicaragua.
Ortega, exguerrillero sandinista de 80 años, y su esposa, Rosario Murillo, cinco años más joven, gobiernan con mano dura, particularmente tras las protestas de 2018 que dejaron al menos 300 muertos, según la ONU.
El informe divulgado el miércoles documenta una “toma de control casi total”, así como “abusos sistemáticos de poder que han debilitado los contrapesos institucionales”, declaró el Alto Comisionado, citado en un comunicado.
El texto recuerda que a principios de setiembre, la Asamblea Nacional aprobó por unanimidad una reforma constitucional que impide a los opositores participar en las elecciones, blindando aún más el poder del presidente Ortega.
Según el informe, “el partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), cuenta actualmente con mayoría absoluta en el poder legislativo, en los 153 municipios y en ambos consejos regionales de las regiones autónomas de la Costa Caribe”.
Un análisis de las 185 votaciones plenarias registradas en el sitio web oficial de la Asamblea Nacional entre junio de 2025 y mayo de 2026, indica que “no hubo votos en contra ni abstenciones, ni siquiera entre los 15 diputados de partidos que no forman parte oficialmente de la coalición de gobierno”.
El reporte subraya que “este hecho refleja un contexto más amplio de concentración del poder político y la ausencia efectiva de una práctica democrática pluralista”.
Los autores también remarcaron las detenciones arbitrarias como principal herramienta de represión y registraron al menos ocho casos de desaparición forzada y cuatro muertes bajo custodia atribuidas a las autoridades.
El informe, al referirse a “una impunidad generalizada”, indica que estas cifras, no exhaustivas, podrían ser más elevadas debido especialmente a la falta de acceso al país, a la negativa de las autoridades a cooperar y al temor a represalias entre las víctimas y los testigos.
Durante el último año, cuatro nuevas organizaciones de la sociedad civil se han visto obligadas a cerrar, elevando a 5.539 el número de entidades disueltas arbitrariamente en los últimos ocho años.
Las autoridades también ordenaron el cierre de un nuevo medio de comunicación, elevando al menos a 56 el número de medios clausurados en el mismo período.
“Casi no queda nada por cerrar”, comentó el Alto Comisionado. “La situación es absolutamente indefendible”, añadió Türk.
- Fuente: AFP
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La Corte prepara nuevas acciones para promover la igualdad de género
Este martes, desde la Corte Suprema de Justicia informaron que se desarrolló una capacitación que tuvo como propósito presentar el Plan de Igualdad de Género y promover acciones orientadas a acercar la justicia a las mujeres de todo el país. La actividad se realizó en el marco del programa “Mujeres en la Justicia”, impulsado por la Secretaría de Género del Poder Judicial.
La jornada, dirigida a directores y directoras de distintas dependencias judiciales, permitió socializar la propuesta del Plan de Igualdad de Género y recoger aportes para su posterior validación. El encuentro estuvo enfocado en fortalecer la promoción de la igualdad dentro de la institución.
Plan vigente
Uno de los principales objetivos fue avanzar en la implementación del Plan, conforme a las disposiciones institucionales vigentes en materia de género, además de establecer mecanismos de coordinación que permitan desarrollar acciones concretas y efectivas.
Durante la capacitación, la asistente técnica Pilar del Barrio destacó las opiniones, propuestas e ideas planteadas por representantes de las diferentes direcciones del Poder Judicial, consideradas fundamentales para enriquecer la iniciativa.
En ese contexto, explicó que la Corte Suprema de Justicia deberá definir el mecanismo para poner en marcha las consultorías previstas, cuyos resultados y acciones posteriormente serán replicados mediante las unidades desconcentradas de la Secretaría de Género.
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El Plan de Igualdad de Género busca responder a los principios establecidos en el artículo 48 de la Constitución Nacional, referido a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, además de incorporar los compromisos derivados de instrumentos internacionales mediante el denominado control de convencionalidad.
La propuesta también apunta a convertirse en una herramienta para fortalecer la prevención y erradicación de la violencia en sus distintas expresiones, mediante una mayor articulación entre las instituciones y áreas vinculadas a la protección de derechos.
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Viceministro anuncia que recurrirá a instancias judiciales contra asesor médico por difamación
El viceministro de Atención Integral a la Salud, Dr. Saúl Recalde, anunció que recurrirá a las instancias judiciales contra el asesor médico del SEME, doctor Freddy Cantero, luego de los posteos en redes sociales que atentan contra su honorabilidad.
Aseguró que Cantero lo acusó sobre vínculos con el narcotráfico por ser de Pedro Juan Caballero.
El doctor Recalde decidió llevar el caso ante los tribunales con el argumento de que defenderá su honorabilidad y su reputación.
Aseguró que las acusaciones difundidas a través de las redes sociales constituyen un ataque directo contra su persona y sostuvo que vincularlo maliciosamente con estructuras delictivas únicamente por su lugar de origen constituye un acto discriminatorio.
“Hace cuestión de meses que está con una seguidilla de escritos relacionados a que soy narcotraficante por el simple hecho de ser pedrojuanino. En el departamento de Amambay, específicamente Pedro Juan Caballero es una localidad de persona que trabajan y no pueden poner el mote de narcopolítico por el simple hecho de ser de ahí”, expresó Recalde, en entrevista con la 1020AM.
Aseguró que es muy injusto que las personas tilden a las personas oriundas de citado departamento como narcos o ligarlos directamente con hechos ilícitos por residir en esa zona del país. Aclaró que solo está defendiendo su honorabilidad y que este tipo de acusaciones lo hizo salir de control.
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“Una persona en sus redes y estados no te puede acusar, tocar tu honor o trayectoria, ser cuestionado y agraviado por una persona que ni siquiera residencia tiene; asesor de qué puede ser una persona que no tiene curriculum. Estoy defendiendo mi honor y lo voy a demandar, cumplir una acción penal”, puntualizó.
Refirió que tiene más de 16 años siendo médico con dos residencias hechas y en las que ingresó bajo la modalidad de concurso, en las mejores posiciones de la Comisión de Residencias Médicas. “La gente no puede desmeritar hablando de demandas o mala praxis, nunca tuve una deferencia con un paciente”, concluyó.
Antecedentes
El doctor Recalde encaró y acorraló al doctor Cantero en plena institución, luego de que este último publicó en sus estados de WhatsApp y redes sociales críticas dirigidas a un “narcopolítico y ñembo viceministro”. Además, dijo ventilaría los antecedentes sino es removido del cargo.
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