La Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional será la encargada de realizar el trabajo e informar sobre la actuación de los abogados en el caso. Foto: Gentileza.
CSJ ordena auditoría por nueva recusación en juicio a Camilo Soares
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La Corte Suprema de Justicia dispuso iniciar una auditoría al expediente caratulado “Recusación planteada por el acusado Camilo Soares bajo patrocinio del abogado Víctor Mujica y Alfredo Guachire bajo patrocinio del abogado Rodolfo Aceretto sobre lesión de confianza”.
Esta determinación se adoptó debido a la nueva recusación que se presentó contra el tribunal de sentencia que tiene a su cargo juzgar a los dos procesados. El trabajo estará a cargo de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional que deberá informar sobre la actuación de los abogados en el caso.
Los jueces recusados por cuarta vez son: Juan Carlos Zárate, María Fernanda García y Héctor Capurro. Ahora los mismos deberán informar sobre la nueva recusación al tribunal de apelación que tendrá que analizar si corresponde confirmar la competencia de los tres magistrados judiciales o separarlos del caso. De ser confirmados los jueces para seguir juzgando a Soares y Guachiré, los mismos deberán fijar nuevamente una fecha para continuar con el juicio.
El director de la Auditoria de Gestión Jurisdiccional, Rodolfo Hey, deberá designar al auditor que tendrá la tarea de realizar la tarea e informar a los ministros de la máxima instancia judicial sobre el resultado de las actuaciones de los profesionales del derecho en el juicio oral y público.
El Ministerio Público sostiene que existe responsabilidad de los dos acusados en el hecho punible de lesión de confianza donde se estima que los procesados causaron un perjuicio patrimonial a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) de G. 1.200 millones en la compra de coquitos cuando Camilo Soares se desempeñaba como titular de la institución.
En 2 semanas estará lista auditoría, informó Fleitas
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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, indicó que la auditoría externa realizada a la gestión administrativa de Efraín Alegre se encuentra en su etapa final y será expuesta a las autoridades, afiliados y a la ciudadanía en general en menos de dos semanas.
La fiscalización se realizó a pedido de convencionales y miembros de la conducción nacional de la agrupación ante las numerosas irregularidades denunciadas y demandas por falta de pago de las deudas contraídas que generaron embargos y sentencias de llevar a remate locales de comités políticos del PLRA, como el de Capiatá y Ciudad del Este.
“En esta semana está concluyendo el trabajo que hemos encargado a una consultora bastante reconocida, los trabajos de auditoría empezaron a finales del mes de noviembre y en los primeros días de diciembre del año 2023. En no más de dos semanas se estará presentando oficialmente y públicamente los resultados”, manifestó.
Aseguró que de comprobarse las irregularidades denunciadas, no descartan impulsar una denuncia penal contra Alegre. “Nosotros siempre hemos dicho que no apañaremos nada y tampoco vamos a inventar absolutamente nada”, indicó en una entrevista con la 730 AM.
No obstante, Fleitas sostiene que el principal responsable del colapso financiero del Partido Liberal es Alegre, quien, con la finalidad de costear su campaña política a la Presidencia de la República en los comicios generales de 2018, violó la Ley del Financiamiento Político.
“Esto ha sido producto de una irresponsabilidad del expresidente Alegre que le sobreendeudó al partido para las elecciones, cuando la ley del financiamiento autorizaba a todos los partidos a gastar hasta un máximo de G. 33 mil millones. Pero Alegre gastó más de G. 56 mil millones por sobre la ley, y por sobre la decisión del Directorio”, sentenció.
En el transcurso de la mañana de ayer jueves, el fiscal Silvio Corbeta, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, acusó y pidió juicio oral y público para el exministro de la Secretaría Emergencia Nacional (SEN) Joaquín Roa, quien se encuentra procesado penalmente en el marco del megaoperativo contra el crimen organizado en Paraguay denominado A Ultranza Py.
Roa es acusado por lavado de dinero, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, asociación criminal, lavado de activos y administración en provecho propio. La exautoridad fue imputado por el Ministerio Público en 2021.
El requerimiento fue presentado ante el juzgado del magistrado Rodrigo Estigarribia, que fijará la audiencia y resolverá si la causa va o no a juicio oral. También fue acusado por el agente en la misma causa el empresario y presunto narcotraficante Alberto Koube, quien habría entregado al exfuncionario de Estado una embarcación valuada en USD 450.000 a cambio de ser beneficiado con licitaciones de la institución pública.
Las investigaciones de la Fiscalía revelaron cómo Roa y Koube acordaban las licitaciones e inflaban los precios para posteriormente repartirse el dinero entre ambos. A cambio de estos beneficios recibidos, Roa amañó un total de 11 licitaciones a las firmas de Koube y a otros esquemas empresariales vinculados al mismo, ordenando concretar pagos por un valor aproximado de G. 16.080.000.000 provenientes del fondo de emergencia.
Imedic: juicio oral sigue este viernes con declaración de testigos
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Este viernes prosigue el juicio oral y público para la titular de la firma Imedic SA, Patricia Ferreira, enjuiciada por producción y uso de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados por la falsificación de facturas de la firma Eurofarma, que posibilitó el ingreso de medicamentos oncológicos de dudosa procedencia a nuestro país.
Para la tercera jornada de la audiencia oral, se tiene previsto que declaren cuatro testigos más propuestos por el Ministerio Público. Hasta el momento ya declararon dos testigos en el juicio oral.
El Tribunal de Sentencia que juzga este caso está integrado por Laura Ocampo, Cándida Fleitas y Fabián Weinsense; mientras que los fiscales son Néstor Coronel y Luz Guerrero.
Además de Ferreira, también están siendo juzgados Nidia Godoy, directora de Imedic SA, y el despachante de Aduanas Néstor Ramírez. El caso es uno de los hechos de corrupción más grandes que se registró durante la pandemia del covid-19. El Ministerio Público considera muy grave el hecho que cometieron los acusados debido a que quisieron introducir medicamentos oncológicos para uso de terapia sobre la base del fraude, burlando los controles estatales, de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria y Aduanas.
Condena a Justo Ferreira
El Tribunal de Sentencia integrado por Elsa García, Yolanda Morel y Juan Pablo Mendoza condenó a 3 años de cárcel a Justo Ferreira Servín, encontrado culpable por contrabando de insumos médicos durante el inicio de la pandemia en el año 2020, en el caso Imedic (Insumos Médicos) SA. Mientras que los demás acusados en ese caso fueron absueltos de culpa y pena.
La defensa de la exfiscala solicitó la acumulación de la causa de otro procesado y por ende se suspendió el inicio del juicio oral y público. Foto: Archivo
Se suspendió el juicio oral de exfiscal acusada por extorsión
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Se suspendió el inicio del juicio oral para la exfiscal de San Lorenzo, Ana Girala y otros procesados por extorsión, persecución de inocentes y otros. La defensa de la exrepresentante del Ministerio Público planteó una reposición solicitando que la causa sea acumulada junto con la de otro procesado.
Con la presentación que se hizo de parte de la de la defensa de Girala se pretende acumular esta causa con la del abogado Marcos Aurelio Velazco, quien fue acusado en febrero del corriente año por la presunta comisión de los hechos de tráfico de influencias, soborno agravado y asociación criminal.
En febrero del año 2023 el Fiscal Osmar Legal intervino la unidad de la fiscal Ana Girala luego de haber recibido una denuncia de que tanto ella como otros miembros de la unidad habían solicitado la suma de G. 25 millones para beneficiar a un procesado por homicidio doloso con una salida alternativa al juicio oral y público al momento de la realización de la audiencia preliminar.
El Ministerio Público cuenta con suficientes elementos probatorios para poder lograr una sentencia condenatoria durante el desarrollo de un juicio oral y público.
En su momento Girala estuvo privada de su libertad, pero luego fue beneficiada con medidas alternativas a la prisión. Posteriormente presentó su renuncia al cargo de agente fiscal, renuncia que fue aceptada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia.