La defensa del ex futbolista Ronaldo de Assis Moreira, “Ronaldinho”, y su hermano Roberto de Assis Moreira, apeló la prisión preventiva. Un tribunal de apelación debe decidir si ambos siguen o no con prisión preventiva.
“Presentamos el recurso de apelación general contra la decisión que rechazó el pedido de reclusión de libertad y reclusión domiciliario", explicó el abogado Alcides Cáceres, integrante de la defensa del ex astro del fútbol.
Sostuvo que la idea también fue recurrir a un incidente de nulidad absoluto y otro recurso de apelación general, que imprimió el trámite para la aplicación del criterio de oportunidad para el ex jugador y su hermano.
Indicó que la resolución no estaba firma ni ejecutoriada e igual se estaba llevando a cabo una audiencia de aplicación de medidas. Destacó que solo fue recepcionado el recurso de apelación general contra la resolución del arresto domiciliario.
Ronaldinho Gaúcho ingresó al país con pasaporte falso y cédula falsa, al igual que su hermano. Ambos siguen con prisión preventiva en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional.
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Sentencia de 28 años de prisión
El agente fiscal Leonardo Cáceres, de la Unidad Regional de Capitán Bado, representó al Ministerio Público en el juicio oral en el que Elvio Ramón Quiñónez Bogado fue hallado culpable y condenado a 28 años de pena privativa de libertad por la comisión del hecho punible de feminicidio. El hombre tenía prohibición de acercarse a la víctima por una denuncia de violencia familiar.
Según los antecedentes de la causa, Quiñónez mató a su expareja en diciembre de 2020 en el distrito de Capitán Bado. El hombre había llegado a la vivienda de la mujer efectuando varios disparos que impactaron en la víctima que resultó con heridas. Ella ingresó a la casa para refugiarse, luego perdió fuerzas y cayó al suelo, donde falleció.
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Líder del clan Rotela seguirá en prisión hasta el 2046
El Ministerio Público logró este jueves unificar las penas con medidas contra Armando Javier Rotela Ayala, sindicado como líder del clan Rotela, con lo que fue confirmado que permanecerá en prisión hasta el año 2046. El criminal fue condenado en dos causas por posesión, comercialización y tráfico de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego, por lo que deberá compurgar una pena carcelaria de 31 años.
De acuerdo al informe emitido por la institución fiscal, Rotela compurgaría inicialmente 23 años de cárcel y 8 años como medida de seguridad, hasta el 23 de julio del año 2038, y luego acumularía su medida de seguridad de ocho años, que llega hasta el año 2046. Actualmente está recluido en una prisión con medidas especiales en Emboscada, tras ser trasladado en diciembre pasado desde Tacumbú por el operativo Veneratio, que desarticuló su grupo criminal en la penitenciaría.
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Ante las diligencias realizadas por el Ministerio Público, representado por la agente fiscal de Ejecución, Celia Beckelman; la jueza de Ejecución Penal, Sandra Kirchhofer, aplicó los alcances de la “pena unitaria”, sumando las sentencias definitivas por los hechos punibles atribuidos y acusados al líder criminal Armando Javier Rotela Ayala.
La condena de 19 años de cárcel fue por posesión y tráfico de drogas aplicada por un Tribunal de Sentencia en fecha 17 de marzo del 2020. En tanto, la condena de 8 años de cárcel por posesión y comercialización de drogas peligrosas y posesión de armas de fuego fue aplicada por un Tribunal de Paraguarí, el 7 de enero del 2021.
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Este lunes Trump deberá enfrentar su primer juicio penal
En medio de su campaña electoral para las presidenciales de noviembre, el lunes comienza el muy esperado juicio por el pago para evitar un escándalo sexual a Donald Trump, el primer expresidente estadounidense en sentarse en un banquillo de la justicia penal.
A poco menos de siete meses para la cita con las urnas, el multimillonario republicano se enfrenta a una pena de prisión, una situación sin precedentes que plantea muchos interrogantes sobre la campaña y su probable duelo con el actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden.
Trump está citado en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York a partir de las 9:30 hora local (13:30 GMT) del lunes para responder de las acusaciones de falsificación de documentos comerciales de la Organización Trump, su empresa familiar.
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Según la acusación, el republicano ocultó el pago de 130.000 dólares en la recta final de la campaña presidencial de 2016 a la exactriz porno Stormy Daniels para que callara una relación sexual extramatrimonial que habían mantenido diez años antes y que Trump siempre ha negado.
“Voy a testificar. Voy a decir la verdad. Es decir, lo único que puedo hacer es decir la verdad y la verdad es que no hay un caso”, respondió Trump a los periodistas este viernes en su mansión del estado de Florida cuando se le preguntó si no consideraba riesgoso brindar directamente su testimonio en el juicio.
Ni la relación extramatrimonial ni el pago a Daniels son un delito, pero sí lo es haber intentado presuntamente falsificar documentos de su empresa familiar para no declarar el reembolso de la cantidad inicialmente pagada de su propio bolsillo por su entonces abogado personal, Michael Cohen, actualmente su enemigo.
Para el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg, votado alineado con los demócratas, fue “una conspiración para amañar las elecciones presidenciales, y mentir en documentos comerciales para encubrirlo”.
Mientras que la defensa sostiene que los pagos respondieron a un intento de extorsión por parte de Daniels, la fiscalía pretende demostrar que Trump orquestó otros dos pagos para encubrir asuntos embarazosos con el fin de engañar a los estadounidenses de cara a las elecciones presidenciales de 2016 contra la demócrata Hillary Clinton.
Acusado hace un año por este caso de 34 cargos por “falsificación de documentos contables”, cada uno de ellos castigado con hasta 4 años de cárcel, Trump se declara inocente y se siente víctima de una “caza de brujas” de los demócratas para impedirle volver a la Casa Blanca.
El jurado
Descrito como “zombi” porque llevaba mucho tiempo en el limbo de la fiscalía de Manhattan, este caso está considerado por los expertos como el más débil de los cuatro procesos penales que pesan sobre Trump.
Pero puede suponer una piedra en su camino electoral, ya que los otros tres, vinculados a sus intentos presuntamente ilegales de anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, se han retrasado tanto debido a los múltiples recursos presentados de su ejército de abogados y a cuestiones de procedimiento, que es poco probable que se juzguen antes de las elecciones del 5 de noviembre.
Los abogados han presentado en los últimos días varios recursos, entre ellos apartar del caso al juez de origen colombiano Juan Merchan, hasta el momento sin éxito.
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Si todo marcha según lo previsto, el juicio comenzará el lunes 15 con la selección de los 12 miembros del jurado, un proceso que puede prolongarse hasta dos semanas.
Estos ciudadanos, que se mantendrán en el anonimato por razones de seguridad, dictarán la suerte del multimillonario republicano al término de un proceso que puede durar entre seis y ocho semanas.
Fuente: AFP
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Decretan prisión de actuaria judicial imputada por desaparición de expediente de RGD
El juez penal de Garantías José Delmás resolvió decretar la prisión preventiva de la actuaria judicial Juliana Romero, imputada por la desaparición de un expediente del condenado Ramón González Daher. Al tener conocimiento de la resolución del citado magistrado, la imputada tuvo que ser remitida de urgencia a Enfermería del Palacio de Justicia a raíz de una descompensación.
El juez Delmas dispuso que el departamento femenino de la Policía Nacional arbitre los medios necesarios para preservar la salud de la imputada. Igualmente, se hace constar que en caso de urgencia deberá ser trasladada a un centro asistencial.
La actuaria judicial tendrá que estar recluida en el Departamento Judicial de la Policía Nacional por el plazo de 15 días y no habiendo resolución en contrario, pasará a guardar reclusión en la Penitenciaría de Mujeres Cárcel del Buen Pastor.
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El Ministerio Público imputó por supuesto sabotaje a sistemas informáticos, simulación de un hecho punible, frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hecho por funcionarios.
La funcionaria judicial había presentado una denuncia en la que aseguraba que unos desconocidos ingresaron al sistema con su usuario y contraseña para reemplazar el expediente N.° 1075/2021 “Ramón González Daher s/ testimonio falso” por el expediente N° 2310/2017 “Arnaldo José Duré s/ estafa”. Luego se pudo comprobar que ella misma ingresó y habría realizado el cambio correspondiente por lo que fue imputada.
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