Un Tribunal de Sentencia dictaminó la condena de 22 años y seis meses de prisión para un procesado que intentó matar a un hombre. El mismo disparó tres tiros con su arma de fuego por la espalda a la víctima, quien debido a las graves heridas que sufrió, quedó en estado parapléjico. El hecho ocurrió el 19 de marzo de 2018.
Durante el juicio oral y público, la fiscala Carmen Bogado sostuvo la acusación por homicidio doloso en grado de tentativa en contra del procesado Silvio Rafael Romero (26), alias “Amuleto”, argumentando que las declaraciones de los testigos y las diversas pruebas recabadas a lo largo de las investigaciones demuestran fehacientemente la participación del procesado en el hecho investigado.
Según la carpeta fiscal, Romero mantuvo una discusión con la víctima Andrés David Vera Sánchez, hecho registrado en el quincho del Club Olimpia de Asunción. En un determinado momento, el acusado desenfundó un arma de fuego y le disparó por la espalda a la víctima, quien cayó al suelo, y estando de rodillas, recibió otros dos tiros, nuevamente por la espalda.
Vera Sánchez fue derivado al Hospital del Trauma, en donde se constataron sus heridas en la lesión lumbar y quedó con paraplejía. El tribunal presidido por la jueza Cándida Fleitas e integrado por los magistrados Héctor Capurro y María Fernanda García encontró culpable a Romero y lo condenó a 22 años y medio de prisión.
Dejanos tu comentario
Hernán Rivas condenado: ¿y ahora?
- Jorge Torres Romero
Hernán Rivas fue condenado a ocho años de prisión por producir y utilizar documentos públicos falsos. La sentencia aún puede ser apelada.
Hasta ahí, Rivas.
¿Y ahora?
La oposición oportunista y una parte de la prensa militante redujeron durante meses un problema gigantesco al “cartista Hernán Rivas”.
Rivas debe responder por sus actos. Pero los números demuestran que el problema es mucho más profundo:
283 funcionarios del MEC sumariados.
550 usuarios no autorizados.
130.000 acciones irregulares detectadas.
525 casos investigados por la Fiscalía.
144 títulos docentes ya verificados como falsos.
Eso ya no se llama Hernán Rivas. Se llama un problema del Estado paraguayo.
Según lo expuesto en el juicio, el título de Rivas fue registrado en el MEC en apenas seis minutos.
¿Quién lo hizo posible?
¿Quién cargó, registró y validó el documento?
¿Y cuántas veces más ocurrió?
La investigación alcanza además documentos vinculados con medicina, enfermería, ingeniería, derecho y docencia. Estamos hablando de profesiones en las que una certificación falsa puede poner en riesgo mucho más que una carrera política.
Rivas fue investigado, juzgado y condenado en primera instancia.
Ahora queremos saber qué pasó con los demás.
¿Quiénes son los funcionarios involucrados? ¿Quiénes vendían, compraban o facilitaban títulos? ¿Quiénes se beneficiaron?
La vara debe ser la misma para todos: cartistas, opositores, funcionarios, rectores, intermediarios y beneficiarios.
Porque si todo termina con Hernán Rivas, entonces nunca se trató de combatir el sistema de títulos falsos.
Rivas ya fue condenado. Ahora corran a Rivas del medio y muéstrennos el resto. Puedo estar equivocado, pero es lo que pienso.
Dejanos tu comentario
Jonathan Fabbro solicita ser trasladado a Paraguay para cumplir el resto de su condena
El exjugador de fútbol Jonathan Fabbro, condenado en Argentina a 16 años de cárcel, solicitó a la Justicia de Paraguay ser trasladado a nuestro país para cumplir el resto de su condena. Sobre dicha petición, la jueza de Ejecución Penal, Sandra Silveira, ya remitió varios oficios a fin de evaluar el planteamiento del condenado.
La defensa de Fabbro realizó la solicitud argumentando que el caso se encuadra, en principio, dentro del ámbito de aplicación del Acuerdo sobre Traslado de Personas Condenadas entre los Estados Partes del Mercosur (aprobado por la Ley N° 3536/2008). El objeto de este tratado es posibilitar que los reclusos que reúnan las condiciones previstas puedan continuar con el cumplimiento de su pena en el Estado del cual son nacionales o donde tengan residencia legal y permanente.
En ese sentido, la recepción de la solicitud no implica la aprobación automática del traslado. Esta etapa inicial corresponde a la prosecución del trámite y a la verificación de los requisitos necesarios para que la magistratura pueda emitir oportunamente una decisión dentro del ámbito de sus competencias.
Al tratarse de un ciudadano argentino nacionalizado paraguayo, la jueza Silveira determinó que resulta pertinente contar con información actualizada respecto a su situación personal y jurídica en el país. Asimismo, se busca verificar la eventual existencia de procesos penales pendientes en territorio nacional, sin perjuicio de los demás antecedentes contemplados en el instrumento internacional.
Como primeras medidas, la magistrada solicitó a la Comandancia de la Policía Nacional el prontuario policial de Fabbro, además de la planilla de antecedentes penales actualizada. Igualmente, requirió a la Dirección General de Migraciones las constancias de entrada y salida del territorio nacional, y solicitó al Juzgado Penal de Garantías N° 6 de la Capital un informe actualizado sobre el estado procesal de la causa caratulada “Jonathan Fabbro sobre abuso sexual en niños y otros”.
Una vez que se reúnan estos informes primarios, la jueza estudiará si corresponde dar trámite definitivo al pedido realizado por el condenado.
Podes leer: Existen 2.490 personas en el Redam y 1.536 registrados en el RAS
Dejanos tu comentario
Expulsan a bombero condenado por acoso sexual y coacción en Alto Paraná
El consejo directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, decidió expulsar de sus filas al voluntario que fue condenado por acoso sexual y coacción. El hombre se desempeñó como vicedirector de operaciones de la citada compañía.
Esta semana se dio a conocer la resolución RCD n° 08/2026 del Consejo Directivo del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Ciudad del Este, en el que se establece la expulsión con degradación de Fabio Martín Bravo González, quien fue condenado por acoso sexual y coacción.
“Esta medida disciplinaria, derivada de las faltas gravísimas a la ética y moral institucional, se sustenta en una sentencia condenatoria firme de la Justicia Penal. La institución mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que vulnere la dignidad humana y los valores bomberiles”, expresaron en el comunicado.
Lea también: Policía activa alerta MAFE tras desaparición de adolescente de 15 años en San Lorenzo
Esta condena contra Bravo fue ratificada en todas las instancias, además, fue confirmada por el Acuerdo y Sentencia nº 24 del Tribunal de Apelación. Así también, fue cerrada definitivamente al declararse inadmisible el recurso de casación por la Corte Suprema de Justicia, agotándose así todas las vías recursivas.
Bravo González fue denunciado por dos voluntarias en octubre del 2020. Estas confirmaron que el voluntario en su carácter de superior las acosaban de manera sistemática desde el 2012, obligándolas a mantener relaciones sexuales para continuar en la institución.
Dejanos tu comentario
Condenan a 17 años de prisión a un hombre por el abuso de su hijastra de 10 años
- Ciudad del Este. Agencia regional
Un hombre de 41 años fue condenado a 17 años de prisión al ser hallado culpable por el abuso sexual de su hijastra, una menor de edad desde que tenía diez años de edad. El fallo fue dictado en juicio oral que culminó el viernes último en el Complejo Judicial de Ciudad del Este.
El Tribunal de Sentencia estuvo presidido por el juez Milciades Ovelar e integrado por las magistradas Flavia Lorena Recalde y Emilia Santos. La fiscal que defendió la acusación fue Vivian Coronel, titular de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra Niños y Adolescentes, de Ciudad del Este.
La causa que culminó con la condena tiene que ver con los hechos que se registraron de forma sistemática entre los años 2019 y 2022, en un inmueble ubicado en el kilómetro 13 Acaray, distrito de Minga Guazú. Los abusos comenzaron cuando la víctima tenía 10 años de edad.
La agresión sexual consistía inicialmente en manoseos, hasta llegar a consumarse con las acciones más violentas, tratándose de una menor de edad y en reiteradas ocasiones. El hoy condenado, aprovechaba que su pareja y madre de la niña salía a trabajar para cometer los abusos.
Tras los ataques, amenazaba de forma constante a la víctima para que no contara el hecho. Sin embargo, un día, la niña no aguantó más la situación que sufría y contó a su profesora. A partir de dicho relato se realizó la denuncia formal ante el Ministerio Público.
En el marco de la investigación, los resultados de la inspección médica forense y de una evaluación psicológica de la niña a cargo de una profesional del Centro de Atención a Víctimas del Ministerio Público, ordenada por la fiscal, confirmaron que la víctima sufría de abusos sexuales sistemáticos.
Asimismo, durante la entrevista en la Cámara Gesell, la niña relató pormenorizadamente los abusos sufridos en poder de su padrastro y que fueron probados durante el desarrollo del juicio oral, según el fallo judicial dictado.
La identidad del condenado se omite en cumplimiento de las disposiciones del Código de la Niñez y la Adolescencia, que prohíbe la publicación de datos que pudieran permitir la identificación de menores de edad en carácter de víctimas o autores de hechos punibles.