En la mañana de éste jueves juraron los peritos que conformarán la Junta Médica que realizará el peritaje en el caso del pequeño Renato, cuya muerte se produjo en el sanatorio Migone en el mes de agosto del 2019.
Las fiscal Natalia Silva, a cuyo cargo esta la investigación, dijo a la emisora Universo 970 AM, que son varios los profesionales médicos que prestarán juramento para esta diligencia, por el lado de la familia están los doctores Aníbal Filártiga y Bellasai. “Aún restan varios médicos por jurar para así tener a todos los que tienen que conformar esta Junta Médica”, indicó.
Agregó que los médicos tienen que responder a una serie de preguntas que la fiscalía hará en cuanto al procedimiento que se siguió para la atención del pequeño y que ésta es la diligencia principal que se aguarda para determinar responsabilidades dentro del proceso. “Los médicos también aportaron sus puntos ampliatorios para esta diligencia, que investiga una acción omisiva o negligente en el actuar médico”, explicó.
Según refieren los datos, el 20 de agosto del 2019, el pequeño Renato fue llevado por sus familiares al Sanatorio Migone.
Tras habérsele suministrado un medicamento, se produjo una alteración y empeoramiento repentino del estado de salud del menor, motivo por el cual la madre acudió presurosa y pidió auxilio a los tres médicos que estaban en el cuarto de Urgencias. Sin embargo, ninguno de ellos se levantó para verificar el estado del paciente, que en ese momento mostraba palidez, según la madre.
En la grabación del circuito cerrado del sanatorio se puede observar una supuesta inacción por parte de los médicos que hoy están imputados.
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Caso Renato: familia dolida tras absolución de médica
La médica Launa Sena fue absuelta en el caso de la muerte del menor de 2 años por presunta negligencia.
La familia de Renato Rojas Talavera (2), fallecido en agosto de 2019 en un sanatorio privado por una presunta negligencia médica, decidió pronunciarse luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la absolución de la médica Laura Sena.
En una carta publicada por la abuela del niño, expresan su dolor ante el desenlace judicial y cuestionan algunas afirmaciones realizadas durante el juicio acerca de la salud del niño, entre ellas que padecía una cardiopatía incompatible con la vida, que no sostenía la cabeza o que podía presentar un síndrome. “¿En qué evidencia se sustentaron esas conclusiones?”, plantea la familia, que sostiene que algunas de las personas que realizaron esas afirmaciones no habrían atendido ni examinado personalmente al niño.
Como respaldo de sus interrogantes, menciona opiniones de cardiólogos pediátricos, un informe pericial dirigido al Ministerio Público y antecedentes de profesionales que realizaron el seguimiento de Renato, entre ellos su cardióloga René Swaco, la doctora Leticia Gutiérrez y su pediatra, el doctor Antonio Arbo. Señalan que las evaluaciones médicas con las que cuenta describen hallazgos cardíacos que no correspondían a cuadros severos o que requirieran procedimientos a corto plazo, mientras que un informe pericial de noviembre de 2020 sostuvo que existió retardo en la atención del niño.
A partir de estos antecedentes, la familia plantea cómo una eventual condición cardíaca de extrema gravedad podría no haber sido advertida previamente durante los controles médicos de Renato.
“No pretendemos saber más que los médicos. Pero creemos que ningún título, cargo o prestigio profesional puede estar por encima de la evidencia. Toda afirmación sobre la salud de un niño debe poder demostrarse”, expresa Carmen Romero, abuela de Renato.
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Caso Renato: familia expresa su dolor tras absolución de médica y cuestiona conclusiones
La familia de Renato Rojas Talavera (2), fallecido en agosto de 2019 en un sanatorio privado por una presunta negligencia médica, decidió pronunciarse luego de la resolución de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme la absolución de la médica Laura Sena.
En una carta publicada por la abuela del niño, expresan su dolor ante el desenlace judicial y cuestionan algunas afirmaciones realizadas durante el juicio acerca de la salud del niño, entre ellas que padecía una cardiopatía incompatible con la vida, que no sostenía la cabeza o que podía presentar un síndrome.
“¿En qué evidencia se sustentaron esas conclusiones?”, plantea la familia, que sostiene que algunas de las personas que realizaron esas afirmaciones no habrían atendido ni examinado personalmente al niño.
Como respaldo de sus interrogantes, menciona opiniones de cardiólogos pediátricos, un informe pericial dirigido al Ministerio Público y antecedentes de profesionales que realizaron el seguimiento de Renato, entre ellos su cardióloga René Swaco, la doctora Leticia Gutiérrez y su pediatra, el doctor Antonio Arbo.
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Señalan que las evaluaciones médicas con las que cuenta describen hallazgos cardíacos que no correspondían a cuadros severos o que requirieran procedimientos a corto plazo, mientras que un informe pericial de noviembre de 2020 sostuvo que existió retardo en la atención del niño.
A partir de estos antecedentes, la familia plantea cómo una eventual condición cardíaca de extrema gravedad podría no haber sido advertida previamente durante los controles médicos de Renato.
“No pretendemos saber más que los médicos. Pero creemos que ningún título, cargo o prestigio profesional puede estar por encima de la evidencia. Toda afirmación sobre la salud de un niño debe poder demostrarse”, expresa Carmen Romero, abuela de Renato.
La familia aclara que, con el proceso judicial concluido, estos cuestionamientos no constituyen un pedido de revisión del fallo, sino la expresión de los interrogantes que mantiene sobre lo ocurrido y su intención de preservar la memoria del niño.
“No buscamos venganza”, señala la carta. Y resume el pedido de la abuela en una de sus frases centrales: “No miren solamente el expediente. Miren al niño. Miren a Renato”.
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Marcus Vinicius declara y compromete a Giuzzio
En la jornada de este jueves, finalmente prestó declaración el supuesto narcotraficante brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua en el marco del juicio oral y público de Arnaldo Giuzzio, exministro abdista de la Senad (Secretaría Nacional Antidrogas) y del Interior, acusado por presunto cohecho pasivo agravado.
Marcus Vinicius fue convocado por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete, en carácter de testigo en el proceso judicial. El supuesto narcotraficante prestó declaración vía telemática, teniendo en cuenta que se encuentra privado de libertad en Brasil, y su testimonio fue requerido para dar detalles sobre el origen de la relación que mantuvo con el exministro abdista.
Marcus Vinicius dio las explicaciones requeridas de cómo se inició el contacto con el acusado. Relató que “(conoció a Giuzzio) a través del señor Moacir. Ellos tenían una camioneta que necesitaba de un mantenimiento, era una camioneta que utilizaba el ministro y después pasó a ser usada por la jefa de la Senad”, indicó durante la testifical.
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También detalló que el contacto se inició a través de terceros, de un funcionario público específicamente, pero no supo precisar si se trataba de un funcionario del Ministerio del Interior o de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad).
“No recuerdo el nombre ahora, pero era alguien que trabajaba con el Ministerio Público o Interior (no supo especificar). No sé, no recuerdo con qué institución él trabajaba, porque en esa época el vehículo era utilizado por la Senad como por el ministro del Interior”, testificó.
Sin embargo, Marcus Vinicius negó que su empresa haya licitado con el Estado paraguayo, esto en el marco de las supuestas negociaciones entre el mismo y el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, para la adquisición de equipos de seguridad (chalecos y blindados) para la Policía Nacional. “Mi empresa nunca trabajó con licitaciones públicas con el Estado”, dijo ante el tribunal.
Por otra parte, también fue consultado si hubo o no un ofrecimiento por parte de Giuzzio u otra persona, o de su propia empresa para dicha licitación, dijo que probablemente sí se dio tal ofrecimiento, aunque sus respuestas fueron bastante evasivas. El juicio fue a un cuarto intermedio de algunos minutos y luego continuará la declaración testifical del brasileño.
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Presunta negligencia fiscal beneficia con el sobreseimiento a Willian Bogarín
El Juzgado Penal de Garantías de San Pedro otorgó el sobreseimiento definitivo al funcionario de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, imputado por el supuesto cobro indebido de honorarios.
El desenlace del caso se dio tras una presunta negligencia del Ministerio Público, que omitió presentar su requerimiento conclusivo en tiempo y forma.
De acuerdo con la resolución judicial firmada por el juez David Mendoza, y tras el trámite correspondiente del juzgado, la fiscal adjunta Alicia Sapriza no presentó la conclusión de la investigación dentro del plazo de 10 días estipulado en el artículo 139 del Código Procesal Penal.
Ante la ausencia de otro “remedio procesal”, el magistrado declaró la extinción de la causa y el consecuente sobreseimiento definitivo de Bogarín.
El fallo señala que la fiscal adjunta Sapriza, en representación de la Fiscalía General del Estado, presentó un dictamen recomendando un “saneamiento” procesal, figura que no corresponde a un requerimiento conclusivo. Este hecho sugiere una posible investigación por parte del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por presunto mal desempeño en sus funciones.
Antecedentes de la imputación
La investigación, iniciada por el fiscal de Santa Rosa del Aguaray, José Godoy, sostenía que Bogarín Campuzano incurrió en el cobro indebido de honorarios al ejercer como abogado litigante en un juicio sucesorio iniciado el 27 de diciembre de 2018.
Dicha actividad le estaba prohibida por su condición de funcionario permanente de la Cámara de Diputados. Según la imputación, el funcionario habría percibido pagos de USD ( 10.000 y UDS) 20.000 (en noviembre de 2021 y setiembre de 2022, respectivamente) por su intervención profesional en la mencionada sucesión.
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