El fiscal Édgar Tora­les Gamarra formuló acusación contra un brasileño por el caso de una supuesta estafa de 500 mil dólares americanos y de igual modo requirió al Juz­gado Penal de Garantías la elevación de la causa a juicio oral y público. El acusado está identificado como Marcio Claudino Ferreira. El reque­rimiento conclusivo fue pre­sentado ante el magistrado de Garantías Carlos Vera Ruiz.

Según los antecedentes, a fines del 2017, Ferreira entró en con­tacto con la víctima Hicham Mohamad Nassar a fin de pro­ponerle un negocio, que se tra­taba de la importación, venta y distribución de luminarias tipo led. El objetivo supues­tamente era vender los pro­ductos al Brasil, donde el hoy acusado decía tener contacto con gente del gobierno y que incluso existía la posibilidad de vender los productos a entidades gubernamentales.

Luego de varias reuniones, el encausado invitó a la víctima a reunirse en su residencia del Paraná Country Club de la ciu­dad de Hernandarias, donde se iba a concretar el negocio. Allí, incluso, Ferreira ofreció dicha vivienda como garantía para así demostrar una supuesta sol­vencia económica. Esto consi­derando que el costo de la casa supuestamente era mucho mayor al valor de lo que la víc­tima debería entregar, a fin de realizar dicho negocio.

Posteriormente, el 15 de diciembre del 2017, se con­cretó el negocio, entregando la víctima Hicham Mohamad Nassar por contrato la suma de 500 mil dólares, además la entrega del décimo piso del sho­pping DFS, del cual la víctima es propietaria, a fin de que en el lugar se instale la oficina y así poner en marcha el trabajo, que al principio se veía bien y con mucho movimiento.

A mediados del 2018, Hicham Nassar solicitó una rendición al señor Marcio a fin de interiorizarse sobre la rentabilidad del negocio, pero este siempre respon­día supuestamente con eva­sivas. Poco a poco Ferreira iba vaciando la oficina que fue entregada para el tra­bajo, hasta que desapareció del lugar y la víctima ya no pudo contactar con él.

El acusado y su familia también abandonaron la vivienda que ocupaban en el Paraná Country Club, que había sido era alquilada y no propiedad de la familia, como habían asegurado al princi­pio a la víctima y que pusie­ron como supuesta garantía para el negocio.­