El taxista y funcionario de la Cámara de Diputados, Luis Alberto Coronel, imputado por estafa y cobro indebido de honorarios, fue citado esta mañana para la audiencia de imposición de medidas ante la jueza Alicia Pedrozo. La jueza debe de resolver en el transcurso de las horas si le otorga medidas alternativas o prisión preventiva.
El fiscal Rodrigo Estigarribia solicitó prisión preventiva, como no tenía los elementos para demostrar el arraigo, “ofreció la fianza personal de un abogado tercero y que iba traer una garantía real”. Igualmente aclaró que, si bien es un hecho el cobro indebido, lo importante es precautelar que se someta al proceso; pero lo relevante es recuperar el perjuicio que se causó al Estado si se llega a demostrar.
Por eso es que el Ministerio Público solicita que se aplique “garantías reales sobre cosas para precautelar el derecho del Estado, más que nada”, añadió el fiscal del caso. Aunque, siempre y cuando la defensa traiga elemento que demuestren el arraigo, el Ministerio Publico puede aplicar medidas alternativas, si se ofrecen garantías real para asegurar el proceso.
Sobre el posible perjuicio al Estado, dijo que el juzgado hizo una notificación de 180 millones de guaraníes como aplicación de una garantía real. “Ahora vamos a iniciar los actos formales, por él recibía remuneración y no se encontraba en su puesto laboral”.
Además se está investigando quien es el diputado que lo tenía bajo su servicio, teniendo en cuenta que fue comisionado del Crédito Agrícola de Habilitación a la Cámara de Diputados en el 2015.
El pedido de informe fue remitido a la Sedeco y al Ministerio de Agricultura y Ganadería, ambas instituciones tienen el plazo de 15 días para responder a la solicitud de la Cámara Baja. Foto: Gentileza
Diputados pidió informes sobre impacto productivo por las lluvias en el Chaco
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El pedido de informe está dirigido a la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para conocer la situación en la que se encuentra el departamento de Alto Paraguay, tras las grandes lluvias e inundaciones, específicamente en Fuerte Olimpo y Bahía Negra.
La solicitud que fue aprobada por el pleno esta semana, apunta a los perjuicios en la cadena productiva y el suministro interno de productos cárnicos, y las instituciones citadas tendrán el plazo de 15 días para presentar un informe sobre los datos solicitados. Esta iniciativa fue presentada por el diputado Rubén Rubin.
Por un lado, la Sedeco debe informar sobre “las posibles repercusiones en la cadena productiva y el suministro interno de alimentos de origen cárnico como causa de las recientes precipitaciones registradas en la zona”. Así también, deberá detallar si recibió denuncias por excesivos aumentos de precios en productos cárnicos y sobre las acciones de fiscalización que se han realizado en frigoríficos y otros puntos de venta durante el periodo de emergencia.
Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura debe detallar sobre “la cantidad estimada de ganado bovino afectado por las inundaciones, así como las pérdidas productivas reportadas hasta la fecha”, además de las acciones de emergencia que se han ejecutado para asistir a los productores ganaderos de la región.
En el mismo informe, debe detallar “si se ha implementado un plan de contingencia para restablecer la capacidad de faena, logística y comercialización de carne en la zona, son otros requerimientos”, e informar “si se han realizado proyecciones sobre el impacto de la disminución de la faena en Alto Paraguay, en los precios de los productos cárnicos a nivel nacional”.
La Cámara de Apelación confirmó la sentencia condenatoria para Damián Cáceres González, quien fue encontrado culpable por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, frustración a la persecución y ejecución penal. Foto: Archivo
Ratifican condena de funcionario judicial que ayudó a Ramón González Daher
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La Cámara de Apelación confirmó la sentencia condenatoria para Damián Cáceres González, quien fue encontrado culpable por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos, alteración de datos, frustración a la persecución y ejecución penal, así como por la realización del hecho por un funcionario público por adulterar el sistema informático para favorecer al condenado Ramón González Daher.
El tribunal de sentencia había condenado a 2 años y 6 seis meses de pena privativa de libertad que la pasará a cumplir en la penitenciaría habilitada por Institutos Penitenciarios para dicho cumplimiento una vez que quede firme la sentencia. Es decir, la defensa del condenado puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia.
Cáceres González, quien ocupó el cargo de “Registrador III” en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la ciudad de Luque, fue acusado y sentenciado tras desvincular (cambiar datos) a la agente fiscal Sandra Ledesma del expediente n.° 16-1-2-2-2021-8496 denominado “Ramón Mario González Daher s/ Denuncia Falsa”, tramitado en el Juzgado Penal de Garantías n.° 1, a cargo de la jueza Jennifer Natalia Ynsfrán Morán, en el sitio web www.csi.gov.py/portal sustituyéndola por el agente fiscal Jalil Amir Rachid en el expediente judicial mencionado.
Para ello utilizó el usuario perteneciente a Mayra Andrea Irala Delvalle, funcionaria con el cargo “Oficial de Secretaría II”, compañera de trabajo del mismo, quien había dejado abierto su usuario en la computadora utilizada por Damián Cáceres en la secretaria del mismo Juzgado Penal de Garantías n.° 1 del Poder Judicial de la referida localidad.
El proyecto de préstamo ya cuenta con media sanción del Senado y el dictamen a favor de la aprobación de varias comisiones asesoras de la Cámara de Diputados. Foto: Archivo
Diputados incluyó en el orden del día préstamo para aviones Súper Tucano
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El contrato de préstamo de USD 101 millones para la compra de los aviones A-29 Súper Tucano fue incluido en el punto 3 del orden del día de la sesión ordinaria de la próxima semana. Este proyecto de ley ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores y con el dictamen a favor de varias comisiones asesoras de la Cámara Baja.
Se trata de un contrato de préstamo suscripto entre la República del Paraguay con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de la República Federativa de Brasil, que ya fue firmado el pasado 19 de diciembre del 2024, para el financiamiento de la adquisición de las aeronaves.
Esta compra se dará en el marco del proyecto de adquisición de medios aéreos, con capacidad tecnológica para la defensa del espacio aéreo nacional y el apoyo a la lucha contra el narcotráfico. En total serán adquiridos seis aviones A-29 Súper Tucano, aeronaves con tecnología de punta para cumplir con la misión de control y protección del espacio aéreo nacional.
Estos aviones serán adquiridos por el Gobierno de la empresa brasileña Embraer SA, considerada como una de las adquisiciones más importantes en los últimos treinta años dentro del país puesto. Los mismos contarán con la más alta tecnología, superando a la Fuerza Aérea de Brasil.
El objetivo es que estos aviones lleguen al país entre junio y julio de este año, estarán a disposición de las Fuerzas Aéreas Paraguayas, para el cual el paquete de compra también incluye la instrucción de pilotos paraguayos para la utilización de las aeronaves. De acuerdo a las expresiones del ministro de Defensa Nacional, Óscar González, los aviones A-29 Súper Tucano ya estarán cursando el cielo paraguayo a mediados de este año.
Instan a restablecer servicios de cedulación para paraguayos en el extranjero
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La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de resolución que insta al Ejecutivo, el Ministerio del Interior y al Departamento de Identificaciones a restablecer los servicios de cedulación de nacionales residentes en el extranjero.
El proyecto fue impulsado por el diputado del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Arnaldo Valdez, y responde a una creciente preocupación de los compatriotas residentes en el extranjero ante la suspensión del servicio de cedulación en los consulados paraguayos.
La iniciativa también argumenta que la medida se ampara en principios constitucionales y compromisos internacionales asumidos por el Paraguay.
“La presente declaración está sujeta a la garantía y protección de los Derechos Humanos fundamentales que se encuentren consagrados en la Constitución Nacional, los tratados, convenios y acuerdos internacionales ratificados por la República del Paraguay”, refiere la exposición de motivos.
La propuesta apunta a ratificar “el compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos del derecho humano a la identidad de paraguayos residentes en el extranjero”.
Asimismo, se exhorta a que se brinde la logística necesaria para el funcionamiento continuo de estos servicios en el exterior, asegurando así el ejercicio pleno del derecho a la identidad para miles de compatriotas.
De acuerdo a las denuncias, la problemática se centraría en los consulados paraguayos de Buenos Aires, La Plata y La Matanza, localidades de Argentina. Esta situación se replica en otras representaciones diplomáticas donde históricamente se ofrecía este servicio mediante jornadas móviles del Departamento de Identificaciones, como en Nueva York y Washington, ciudades de Estados Unidos y Madrid y Barcelona, municipios de España.