La Cámara de Apelación integrada por los jueces Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios ratificó la condena de 3 años de cárcel para el ex ministro de Educación, Luis Alberto Riart, y del ex director de Administración de MEC, José Albino Pistilli, sentenciados por el delito de lesión de confianza, tras la compra del edificio Excelsior, ubicado en el centro de Asunción, por el valor de G. 14.045.123.400, cuando que el precio real era de G. 12.579.600.000. Asimismo, se confirmó la condena de dos años de cárcel para Luis Fretes. Igualmente, el Tribunal de Apelación anuló la absolución de Marco Antonio Ferreira.
Los camaristas mencionan en su fallo que “luego del análisis de la resolución objeto de impugnación se puede notar que la misma no obedece de vicio o error alguno que amerite que el órgano jurisdiccional superior proceda a anularla, revocarla o modificarla reiterando respecto a los condenados”. Asimismo, señalan que se ajusta a los requisitos procesales y garantías judiciales, por lo que corresponde confirmar el fallo dictado en primera instancia”, refiere la resolución del Tribunal de Apelación.
Ahora la defensa de los sentenciados tiene la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Justicia, buscando dejar sin efecto las sentencias dictadas en primera instancia y confirmadas en segunda instancia.
CONDENAS
Las juezas de Sentencia Gloria Hermosa y Mesalina Fernández fueron quienes encontraron culpables a ambos en calidad de autores, teniendo en cuenta que el hecho ocurrió durante su gestión. Mientras que la magistrada Alba González votó por la absolución del ex alto funcionario. Además, en el mismo juicio oral fue sentenciado a dos años a Luis Fretes, en calidad de cómplice de lo ocurrido. Por el mismo caso fue absuelto Marco Antonio Ferreira.
La investigación estuvo a cargo de la fiscala Marlene González, quien durante la exposición de los alegatos finales solicitó cuatro años de cárcel para el ex ministro. Sin embargo, el tribunal integrado por las juezas Gloria Hermosa, Mesalina Fernández y Alba González ordenaron que fueran 3 años.