El concejal Édgar Martínez denunció irregularidades en la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, administrada por la intendente liberal Carolina Aranda. El mismo señaló que unos G. 5.000 millones no cuentan con documentos respaldatorios y habrían sido utilizados en la época de pandemia.

“Ese es el monto que se maneja y lo que se alega acá es que, en época de pandemia, eventualmente se tuvo que hacer algunos tipos de trámites sin respaldar con documentos, alegan que fue un escenario donde no tenían tiempo de acotar todas las documentaciones, pero creo que eso se puede mostrar en los números contables”, explicó en entrevista al programa “Dos en la ciudad” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Refirió que, “presumiblemente existen irregularidades, porque nosotros venimos rechazando el balance desde el año 1 y exactamente desde el balance 2022, de la ejecución presupuestaria del 2021 – 2022”. En este sentido, cuestionó que a pesar de solicitar en reiteradas ocasiones las documentaciones del balance de la intendencia y rechazar los balances desde el primer año, no son entregados al concejal.

“Lastimosamente, como es una práctica habitual desde el seno de esta Junta y por parte del Ejecutivo en presentar los documentos para que nosotros podamos analizar realmente, y demostrar con mucha certeza las irregularidades que se encuentran dentro del Municipio. Yo creo que, a simple vista, se ve que hoy día Mariano Roque Alonso es una de las ciudades que está en un estado deteriorado y eso es más que una muestra que realmente existen irregularidades”, cuestionó.

Asimismo, citó que existe un dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), que señala varias observaciones en la administración de Aranda.

“Lastimosamente, como se dice, acá hay gato encerrado. La Contraloría había detectado algunas irregularidades, eran de época de pandemia 2021, 2022, desde ese entonces la Contraloría ha detectado algunas irregularidades, donde ellos están diciendo que son observaciones, que son netamente observaciones y no se han detectado daños patrimoniales para el Municipio”, sentenció el concejal.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, informó este lunes que desde el inicio de la intervención, que comenzó el pasado 23 de junio, se realizaron 220 requerimientos documentales clave para esclarecer las denuncias sobre el funcionamiento administrativo y financiero de la comuna, bajo la administración del intendente Miguel Prieto.

Señaló que a la fecha, solo fueron entregados 160 documentos, cifra que representa el 72,7 % del total, mientras que la solicitud de 60 documentos, que corresponde al 27,3 % del requerimiento, permanecen sin respuesta.

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Ramírez sostuvo que más grave aún, es que hay varios respaldos que deberían estar disponibles conforme a las normativas de la administración pública, pero no se encuentran en las dependencias correspondientes. Según señaló, esta situación fue reconocida por los propios responsables de área.

“Esto no se trata de simples omisiones, sino de una conducta sistemática de desorden institucional que compromete la trazabilidad de los recursos municipales”, explicó. No obstante, el interventor garantizó que esta situación no frenará el avance del proceso de intervención que se lleva adelante bajo mandato constitucional.

En el plano operativo, el interventor informó que uno de los primeros logros fue la regularización del pago de salarios. “Al momento de la intervención, solo el 40 % de los funcionarios municipales había cobrado el salario de mayo. Hoy, el 99 % ya recibió su salario, alcanzando una carga salarial total de 8.790 millones de guaraníes para 1.341 trabajadores.

Ramírez informó que, se reactivó el seguro médico y se introdujeron ajustes mínimos en las direcciones municipales para garantizar la operatividad institucional. “Todos los cargos de dirección quedaron bajo evaluación periódica de desempeño, conforme a estándares de gestión pública”, acotó.

En cuanto a la gestión de personal, Ramírez señaló que se estableció por primera vez la marcación obligatoria mediante relojes biométricos. “Esta medida apunta a mejorar el control de asistencia y transparencia en el uso de los recursos humanos. Además, se normalizó el proceso de renovación de contratos, que venía retrasado por falta de gestión y cambios de firmantes”, expresó.

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El interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, informó este lunes sobre hallazgos de contratos que llamativamente cuadruplican los montos de semestres similares en años anteriores.

En conferencia de prensa, Ramírez explicó que en este primer semestre del 2025, durante la gestión municipal de Miguel Prieto, se encontraron documentos que confirman la adjudicación de contratos por más de 30.700 millones de guaraníes.

“Solo entre el 27 de mayo y el 20 de junio pasado; es decir, en 24 días, se adjudicaron licitaciones y contratos por más de 30.200 millones de guaraníes, y se pagaron anticipos por más de 4.100 millones de guaraníes”, precisó.

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“En el mismo periodo del año pasado, se adjudicaron G. 16.470 millones, en el año 2023 se adjudicaron G. 7.038 millones y en el 2022 G. 7.355 millones. Este año, poco antes de la intervención, se duplicó lo hecho el año pasado y se cuadruplicó lo del 2022 y 2023″, detalló Ramírez.

El interventor remarcó que los números son inusuales para este año, lo que llama poderosamente la atención, sobre todo, considerando que se hicieron en tan corto tiempo.

“Mi obligación con administrador temporal de la institución es, por supuesto, salvaguardar la estabilidad financiera de la institución y velar por el cumplimiento irrestricto de las normas. Vamos a estar evaluando cada caso en materia de urgencia y vamos a estar tomando las determinaciones que correspondan; evitando que estas acciones generen consecuencias para la administración municipal”, enfatizó.

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El concejal colorado, Edgar Martínez, sostuvo que debido al hallazgo de serias irregularidades por parte de la Contraloría General de la República a la gestión de la intendenta de Mariano Roque Alonso, amerita una auditoría externa.

Es necesario que la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso, analice a fondo el informe de la Contraloría a la gestión de la intendenta liberal Carolina Aranda, remarcó Martínez.

El edil sugiere que la situación es tan grave que amerita una auditoría independiente sobre el uso de los fondos públicos en la administración actual.

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Martínez se refirió al último informe de la Contraloría que se hizo público, y que confirma serias irregularidades en la administración de la intendenta Aranda. Indicó que el ente contralor ha detectado que la administración ha realizado millonarios pagos sin respaldo durante los años de pandemia y gastos comunales con serias inconsistencias documentales.

Al respecto, señaló que este informe confirma lo que hace años ha venido denunciando, que son los manejos irregulares y falta de transparencia, por parte de la jefa comunal.

Martínez recordó que ha sido el único miembro de la Junta Municipal que ha votado en contra de todos los balances de gestión presentados por la jefa comunal durante este periodo. Afirmó que su postura se fundamenta en la sistemática negativa del ejecutivo municipal de remitir la documentación requerida para un análisis serio y responsable.

“En todos estos años fui el único concejal que se opuso a los balances de gastos e inversiones, porque se trataban de forma acelerada sin el tiempo necesario para un análisis serio y tampoco teníamos la documentación que avalaba dichos gastos e inversiones”, manifestó.

El concejal Martínez mencionó que de acuerdo al informe de la Contraloría, la Municipalidad de Roque Alonso pagó entre G. 3 millones y G. 28 millones por cada servicio de sepelio durante la emergencia sanitaria. Explicó que estos servicios se contrataron sin hacer licitaciones y recurriendo a contratos abiertos que carecen de justificación legal.

Para el concejal Martínez, estos pagos constituyen un claro ejemplo de despilfarro y abuso de recursos en un contexto donde la transparencia debía ser prioridad.

Agregó que también la CGR detectó un manejo irregular de más de G. 5.000 millones en rubros esenciales como combustibles, papelería, kits escolares e insumos, todos ellos sin los debidos documentos respaldatorios.

Ante estas evidencias, el concejal cuestionó también el desorden administrativo de la gestión Aranda, señalando que, pese a múltiples pedidos formales, nunca se ha entregado la documentación completa, ordenada y verificable para su análisis.

“No podemos aprobar un balance cuando no sabemos con certeza cómo se utilizó el dinero de los contribuyentes. La rendición de cuentas no puede ser una formalidad vacía y los requerimientos documentales que exigimos los concejales no deben ser sometidos a criterios políticos para responder o no. Somos contralores y esa es nuestra función principal”, agregó.

Finalmente, instó a la ciudadanía a mantenerse vigilante y a exigir rendición de cuentas, señalando que “Mariano Roque Alonso necesita autoridades comprometidas con la eficiencia y la transparencia”, concluyó.

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