El abogado Carlos Villamayor, defensa del diputado Miguel Cuevas, solicitó este martes que el camarista Arnulfo Arias se aparte de la causa para “transparentar el proceso” en contra del legislador, que sigue chicaneando para evitar la prisión.
“Resulta ser que nosotros queremos transparentar el proceso porque está muy atezado y revisando el expediente, el doctor Arias se había inhibido de la causa porque tenía una amistad con la anterior abogada, Cecilia Pérez, actualmente ministra”, dijo el profesional del derecho a Universo 970 AM.
Sostuvo que también tomaron consideración de la postura del Ministerio Público, de que podría haber una obstrucción a la investigación por el poder político del diputado Miguel Cuevas y ante esta situación decidieron recurrir a dicho recurso.
Indicó que la idea es que todo vaya por la vía normal y evitar suspicacias por la amistad entre la actual ministra de Justicia, Cecilia Pérez, y el camarista Arnulfo Arias. Resaltó que como abogado defensor solo está usando una herramienta legal.
El juez Penal de Garantías, Yoan Paul López, decretó la prisión preventiva del diputado Miguel Cuevas en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional. La defensa planteó una reposición y la Cámara de Apelaciones tiene a su cargo el caso.
La Fiscalía verificó la cuantía de ingresos que recibió Cuevas en el período investigado del 2009 al 2019, lo que arrojó como resultado la suma de G. 5.734.307.036, que no podría justificar como percibido de forma legal.
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Corte ratifica condena de 5 años de cárcel al exdiputado Cuevas
Miguel Cuevas, quien se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de septiembre de 2023.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena de 5 años por enriquecimiento ilícito para el exdiputado y dirigente del departamento de Paraguarí, Miguel Cuevas, tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria en diciembre del año 2023.
Cuevas, quien se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de setiembre de 2023 por no poder justificar un incremento patrimonial de G. 1.934.584.283 entre los años 2009 y 2019, periodo en el que se desempeñó en la función pública.
APORTE DECISIVO DE NACIÓN MEDIA
En el caso judicial, Nación Media tuvo un aporte decisivo a través de sus investigaciones periodísticas y publicaciones al exponer públicamente las irregularidades del vertiginoso e injustificado incremento patrimonial de Cuevas mientras ejercía cargos públicos, como gobernador de Paraguarí y posteriormente como presidente de la Cámara de Diputados. La cobertura documentó las pericias contables de la Fiscalía y denunció las constantes chicanas para frenar el juicio oral. Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el tribunal de sentencia que terminó por condenar a Miguel Cuevas el 15 de setiembre de 2023. La máxima instancia judicial sentó postura luego de casi tres años. A través de la decisión también quedó firme el comiso especial y comiso sustitutivo de sus bienes, además del mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.
Cuevas además se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. El voto de la mayoría estuvo conformado por el ministro preopinante Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Gustavo Santander Dans, quienes concluyeron que el recurso planteado por el exlegislador no cumplió con las exigencias normativas del Código Procesal Penal para la instancia extraordinaria de casación.
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Corte deja firme condena de 5 años por enriquecimiento ilícito contra Miguel Cuevas
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó firme la condena de 5 años por enriquecimiento ilícito para el exdiputado y dirigente del departamento de Paraguarí, Miguel Cuevas, tras declarar inadmisible el recurso de casación presentado por su abogado Guillermo Duarte Cacavelos contra el fallo de segunda instancia que había confirmado la sentencia condenatoria en diciembre del año 2023.
Cuevas, quien se desempeñaba como un humilde zapatero en la localidad de Sapucai antes de incursionar en la política, fue condenado el 15 de septiembre de 2023 por no poder justificar un incremento patrimonial de G. 1.934.584.283 entre los años 2009 y 2019, periodo en el que se desempeñó en la función pública.
En el caso judicial, Nación Media tuvo un aporte decisivo a través de sus investigaciones periodísticas y publicaciones al exponer públicamente las irregularidades del vertiginoso e injustificado incremento patrimonial de Cuevas mientras ejercía cargos públicos, como gobernador de Paraguarí y posteriormente como presidente de la Cámara de Diputados. La cobertura documentó las pericias contables de la Fiscalía y denunció las constantes chicanas para frenar el juicio oral.
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Los jueces Elsa García, Jesús Riera y Yolanda Morel integraron el tribunal de sentencia que terminó por condenar a Miguel Cuevas el 15 de septiembre de 2023. La máxima instancia judicial sentó postura luego de casi tres años. A través de la decisión también quedó firme el comiso especial y comiso sustitutivo de sus bienes, además del mantenimiento de embargos e inhibiciones de gravar y enajenar bienes inmuebles.
Cuevas además se encuentra inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. El voto de la mayoría estuvo conformado por el ministro preopinante Eugenio Jiménez Rolón y el ministro Gustavo Santander Dans, quienes concluyeron que el recurso planteado por el exlegislador no cumplió con las exigencias normativas del Código Procesal Penal para la instancia extraordinaria de casación.
Ambos manifestaron que la defensa legal de Cuevas se limitó a manifestar una “mera disconformidad” con el sentido del fallo. Mientras que la ministra María Carolina Llanes votó a favor del recurso de casación alegando que la defensa sí identificó adecuadamente la causa legal y sustentó de manera correcta los reclamos.
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JEM inició enjuiciamiento a camarista de Filadelfia por el incumplimiento de plazos procesales
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), por mayoría, decidió iniciar de oficio el enjuiciamiento contra el integrante de la Cámara de Apelación de la ciudad de Filadelfia, Chaco, César Denis Macoritto, por el incumplimiento de los plazos procesales en cuatro expedientes judiciales. En contrapartida, el ministro Manuel Ramírez Candia votó por el archivo del caso al señalar que no existió una queja previa por retardo de Justicia, requisito exigido por la ley.
El enjuiciamiento del camarista Macoritto tuvo su origen en dos informes de auditoría: uno de gestión jurisdiccional, en el que se denunciaron presuntas irregularidades en expedientes del fuero laboral y penal; y otro de gestión administrativa, relacionado con su desempeño en carácter de presidente de la Circunscripción Judicial de Boquerón.
El ministro y superintendente del Chaco, César Garay, indicó en su voto que la acusación señala el incumplimiento de los plazos legales para el dictado de resoluciones, en inobservancia de los artículos 15 y 162 del Código Procesal Civil, entre otros.
En ese sentido, Garay votó por iniciar el enjuiciamiento en relación con ambos informes. Participaron de la sesión del JEM la presidenta Alicia Pucheta, Enrique Berni, Manuel Ramírez, César Garay, Pedro Díaz Verón, Mario Varela, Alejandro Aguilera y Diego Candia.
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Granja ilegal de criptomonedas en propiedad de Cuevas operaba hace unos 3 meses, afirman
“Se generó un daño patrimonial importante a la Administración Nacional de Electricidad, estamos hablando de un consumo estimado de más de G. 873.000.000 por mes”, afirmó el ingeniero Hugo Rolón, gerente comercial del ente, al referirse sobre el hallazgo de una granja ilegal de criptomonedas en la estancia del exdiputado Miguel Cuevas, ubicada en la ciudad de Sapucai, departamento de Paraguarí.
“Se constató la existencia de un transformador de gran porte de 3150 kVA de potencia nominal y más de 390 máquinas procesadoras de criptomonedas que estaban consumiendo energía a gran escala en la zona”, sostuvo en una entrevista con el programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Rolón detalló que de acuerdo a las verificaciones preliminares se constató que la granja ilegal entró en operación hace aproximadamente 2 o 3 meses. “Estaba bastante alejado del casco urbano de Sapucai, más de 16 kilómetros, estaba bien escondido. No cualquiera puede trasladar este equipo, tiene más de 5 toneladas de peso, para extraer este equipo tuvimos que llevar 3 grúas, las más potente que tenemos. Estamos hablando de una industria que se prepara para delinquir”, dijo.
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Asimismo puntualizó que el transformador fue fabricado en China a finales del 2023, razón por la cual se presume desde la Ande que ingresó al país aproximadamente en marzo, teniendo en cuenta el tiempo que conlleva su traslado. “Es un equipo nuevo, sin uso prácticamente. Una de las cosas que solicitamos a los fiscales es la incautación de los equipos, en este sentido el fiscal obró muy bien a partir de ahí nace la línea de investigación para que se pueda reparar el daño patrimonial de la Ande”, mencionó.
Apertura de auditoría interna
El funcionario de la Ande señaló también que se impulsará en el ente eléctrico una auditoría interna con el fin de identificar si fueron sus funcionarios o empresas tercerizadas los encargados de montar la granja ilegal en la propiedad del exlegislador.
“La Ande siempre está abierta a hacer todas las investigaciones que existan, aportar todos los datos necesarios, siempre estamos colaborando con la Fiscalía. Si existen materiales o la presunción de que algún funcionario fue participe, se hará las investigaciones correspondiente. La Ande tiene su sistema de auditoría interna, en este sentido no hay dudas de que se hará las colaboraciones para encontrar a los culpables”, sentenció.
Por otra parte, Rolón indicó que los abogados de Cuevas arrimarían a la Fiscalía el contrato de arrendamiento de la estancia, teniendo en cuenta que argumentan que la misma fue alquilada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien residiría en la zona de Alto Paraná.
“En una primera instancia nosotros siempre cargamos todas las intervenciones y los gastos derivados sobre el contrato existente; no obstante, al ir avanzando la investigación y de presentarse las documentaciones pertinentes en ámbito de la Fiscalía puede ir tomando un norte bien claro de quién es el responsable”, mencionó.