Los camaristas Juan Carlos Paredes, Neri Villalba y Giuseppe Fosatti deberán decidir si anulan la resolución exprés de la jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien benefició a empresas offshore con 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay, Chaco. Existen varias irregularidades en el fallo dictado por la criticada magistrada quien llamativamente suspendió su permiso de maternidad para leer en una hora un expediente de 19 tomos y redactar una sentencia de 30 páginas.

El juicio civil en cuestión está caratulado como “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdon Investments Limited, contra Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”. La determinación de primera instancia fue apelada por los representantes legales de la Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial. En el escrito se solicita que se anule la resolución dictada por la jueza Irún, debido a que se incurrió en varias irregularidades. Asimismo, se sostiene que en el juicio se demostró que los inmuebles otorgados a las empresas extranjeras se encuentran en la franja de protección establecida en la Ley N° 2532/05, que por tanto no pueden ser adquiridos por extranjeros. De acuerdo al expediente judicial, las empresas extranjeras citadas iniciaron la demanda civil alegando ser cesionarias de un supuesto préstamo concedido a la Asociación Espíritu Santo.