La Cámara de Apelaciones confirmó la condena de 30 años más 10 por medidas de seguridad, para Alcides Osmar Oviedo Brítez por el caso del secuestro de Arlan Fick. Actualmente cumple su sentencia por haber raptado a María Edith Bordón de Debernardi.
Se trata del líder máximo y creador del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), quien guardará prisión en la sede de la Agrupación Especializada.
En representación del Ministerio Público, el fiscal de Antisecuestro y Antiterrorismo, Joel Cazal, sostuvo la acusación ante el tribunal presidido por el juez Alberto Cabañas Gossen e integrado por los magistrados, Julio César Cabañas Mazacotte y Luis Alberto Ruiz Aguilar, como miembros titulares.
El colegiado resolvió la confirmación de la condena, luego del recurso de apelación presentado por el defensor público Juan Federico Hetter Garay contra la Sentencia Definitiva Nº 27 que data del 12 de junio de 2019, dictada por el Tribunal de Sentencia de la Circunscripción Judicial de Concepción.
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Avanza compromiso del Estado en cumplir sentencia de la Corte IDH en resarcir a comunidad indígena
Tras una reunión desarrollada en la sede de la organización TierraViva, representantes convencionales de la comunidad indígena Xákmok Kásek del pueblo Sanapaná, informaron haber dado un paso significativo hacia el cumplimiento de uno de los puntos resolutivos de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), se llevó a cabo una reunión clave con líderes de la comunidad.
“La reunión fue clave para avanzar en el compromiso del Estado paraguayo de resarcir a la comunidad Xákmok Kásek y buscar mecanismos efectivos para la protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, así como para garantizar su bienestar y pleno reconocimiento”, explicó César Palacios, director general de Comunicación Estratégica, en nombre del Comité Interinstitucional de Cumplimiento de Sentencias Internacionales (CICSI).
Jurisprudencia
Según recordaron, el caso de la Comunidad Xákmok Kásek contra el Estado paraguayo, resuelto por la Corte IDH, en el año 2010, constituye un hito en la jurisprudencia interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas.
La sentencia reconoció la violación de los derechos territoriales de la comunidad y la falta de protección de sus derechos económicos, sociales y culturales, subrayando la responsabilidad estatal en garantizar su subsistencia y dignidad.
La comunidad Xákmok Kásek, perteneciente al pueblo Sanapaná, habitó ancestralmente el territorio en disputa. Durante décadas, el Estado paraguayo desatendió sus solicitudes de reconocimiento y titulación de tierras, permitiendo además actividades de explotación forestal sin su consentimiento.
Esta omisión tuvo un impacto devastador en el medio ambiente y en los recursos naturales de la comunidad, afectando gravemente su calidad de vida.
“Durante la reunión se revisaron los textos destinados a la publicación oficial de la sentencia, conforme a lo estipulado por la Corte IDH, y se discutieron mecanismos de difusión para visibilizar el caso y garantizar el derecho a la verdad de la comunidad”, indicaron.
Presentes en la reunión
Del encuentro participaron líderes y miembros de la comunidad Amancio Ruiz, Serfin López, Richard Ruiz y Patricio Iter; también técnicos de la organización Tierraviva como Adriana Agüero, Natalia Rodríguez, Arnaldo Aldana, Ricardo Morínigo y Carlos Goncalvez.
En representación del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), estuvo César Palacios.
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Argentina: enfermera condenada a prisión perpetua por crimen de cinco bebés
- Buenos Aires, Argentina. AFP.
Una enfermera fue condenada a prisión perpetua ayer miércoles por matar a cinco bebés e intentar acabar con la vida de otros ocho en un hospital argentino, reportaron medios locales, que publicaron un video de la lectura de la sentencia. La enfermera Brenda Cecilia Agüero inyectó de forma irregular potasio e insulina a recién nacidos entre marzo y junio de 2022, tomando dosis de los “carros de paro”, usados para emergencias y sin control de inventario, según la investigación de la fiscalía.
Agüero es “autora penalmente responsable del delito de homicidio calificado por procedimiento insidioso reiterado, cinco hechos, en concurso real (...) y homicidio calificado por procedimiento insidioso en grado de tentativa reiterado, ocho hechos, (...) informándole la pena de prisión perpetua", dijo la secretaria del tribunal.
En el código penal argentino, el agravante de la “insidia” se aplica en casos en que el victimario recurre a un engaño o artificio para cometer el daño. Los bebés, nacidos sanos, fallecieron en circunstancias inicialmente inexplicables, mientras que ocho sobrevivieron por la rápida intervención médica. Todo ocurrió en el servicio de neonatología del hospital materno infantil de la provincia de Córdoba, 700 km al noroeste Buenos Aires.
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El juicio, resuelto tras seis meses por ocho jurados populares y dos jueces, también juzgó a 10 imputados, entre exfuncionarios provinciales y profesionales de salud, por encubrimiento e incumplimiento de deberes, incluyendo un exministro y un exsecretario de Salud de la provincia de Córdoba (centro), además de la exdirectora del hospital.
Agüero, había negado los cargos en enero. Aseguró al tribunal que “no tienen pruebas” y acusó a los medios de pintarla como “asesina serial”. De los otros 10 imputados, cinco fueron hallados culpables, pero con condenas menores, y otros cinco fueron absueltos, entre los que estaban los exfuncionarios provinciales, constató el medio local Infobae. La prisión perpetua implica que Agüero, detenida en 2022, no podrá solicitar libertad condicional antes de cumplir 35 años de reclusión, conforme al código penal argentino.
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Condenan a 3 años de cárcel a una abogada por suplantación en exámenes de naturalización de extranjero
El tribunal de sentencia, conformado por los jueces Juan Carlos Zárate, Héctor Capurro y María Fernanda García, condenó a tres años de cárcel a la abogada Cinthia Pérez Toranzo, luego de ser encontrada culpable por los delitos de producción de documentos no auténticos y abuso de documentos de identidad, por intentar mentir al justiciar en una carta de naturalización de ciudadanos extranjeros.
Los magistrados de sentencia Juan Carlos Zárate y María Fernanda García de Zuñiga votaron por la sentencia condenatoria de tres años, mientras que el juez Héctor Capurro votó por condenar a solo dos años y seis meses de prisión.
El magistrado Zárate sostuvo que luego de la presentación de ambos extranjeros, se produjo la suplantación por otras personas a los efectos de rendir los exámenes, por parte de un adolescente y el señor Mohamed Ali Kanso.
Por su parte, la actual exsecretaria de la Sala Civil de la Corte y camarista Pierina Ozuna, indicó que a partir de lo sucedido se replanteó lo referente a los controles para evitar situaciones como la acontecida con la abogada Cinthia Pérez Toranzo, condenada hoy a 3 años de pena privativa de libertad, indico la magistrada a Cuarto Intermedio a través de El Observador Radio TV.
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Condenan a 14 y 12 años de cárcel a tres personas por intentar traficar 570 kilos de cocaína
Un tribunal de sentencia integrado por los jueces Dina Marchuk, Luz Martínez y Federico Rojas condenó a tres personas luego de ser encontradas culpables por tráfico internacional de drogas. El colegiado sentencio a 14 años de cárcel a Juan Antonio Gill Mieres y a Rafael Chamorro, mientras que Alberto Ferreira fue condenado 12 años por intentar traficar 570 kilos de cocaína en el año 2021 en la zona de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay.
El fiscal del presente caso fue Andrés Arriola, quien arrimó todos los elementos probatorios para que el tribunal de sentencia pueda condenar los tres acusados.
De acuerdo a los antecedentes del caso, en fecha 21 de marzo de 2021, en el desvío a la ciudad de Carmelo Peralta, departamento de Alto Paraguay, agentes especiales de la Unidad Sensitiva de la Senad -en coordinación con el Ministerio Público-, interceptó una carga de 573 kilogramos de cocaína, que se encontraba en el doble fondo de un camión marca Mercedes Benz, guiado por el acusado Alberto Ferreira.
Asimismo, se encontraban punteando el traslado de las sustancias los acusados Antonio Gill y Rafael Chamorro a bordo de una camioneta marca Mitsubishi. A través de técnicas especiales de investigación, se obtuvo la información de que dicha carga había ingresado al territorio paraguayo desde Bolivia, vía aérea, mediante un vuelo ilícito y que descendió en un establecimiento ubicado en inmediaciones del distrito de Fuerte Olimpo, desde donde fue retirada la mercancía vía terrestre para su posterior remisión al mercado brasilero.
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