Un Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero absolvió de culpa y pena a Cristian Paolo Ortiz (46) por el hecho de asociación criminal. El agente de despacho fue acusado de comprar y vender un camión blindado para atentar contra Jorge Rafaat Toumani, en marzo del 2016, según informó el periodista, Santiago Benítez de Radio Imperio.
El colegiado estuvo integrado por las magistradas Mirna Carolina Ocampos, Ana Graciela Aguirre y Dilma Aidé Prieto, quienes resolvieron declarar la inexistencia del hecho punible de asociación criminal ocurrido el 7 de marzo del 2016. Por tanto, sostienen que no fue comprobada la autoría y la reprochabilidad del acusado.
"En el marco de la causa contra Cristian Paolo Ortiz por asociación criminal ocurrido en el año 2017, este tribunal de sentencia, por unanimidad resuelve declarar la procedencia de la acción penal instaurada por el Ministerio Público en la presente causa, a tenor de lo expuesto en el exordio de la resolución”, reza parte del veredicto del Tribunal.
Dejanos tu comentario
Ratifican extracción de datos de celulares incautados del Clan Rotela
El Tribunal de Apelación integrado por Delio Vera Navarro, Viviana Benítez y José Fernández confirmó la extracción de datos de 308 teléfonos celulares que fueron incautados del Clan Rotela. Esta decisión se había adoptado en primera instancia, pero uno de los imputados en el marco del Operativo Veneratio apeló la resolución del juez penal de garantía Yoan Paul López.
En la fecha, el tribunal de apelación tomó la decisión de ratificar la resolución de López Y Además de los teléfonos celulares, se extraerán datos de dos tables, 10 pendrives y dos computadoras incautadas del poder de Armando Javier Rotela y otros 8 reclusos que soportan procesos penales por transgresión a la ley de armas, asociación criminal y motín de internos.
Ahora, el expediente volverá al Juzgado a cargo de López para que el perito del Ministerio Publico realice la extracción de datos en el marco de la investigación del Operativo Veneratio.
Resultados del operativo
Con el operativo se logró el traslado de 708 personas, entre ellas, integrantes del Clan Rotela. Los reclusos fueron llevados al Comando del Ejército, al Comando de Artillería de Paraguarí, al Comando de Infantería de Villarrica y a la Agrupación de las Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (Fope).
Se reportó 15 personas heridas y 11 fallecidos, entre ellos el suboficial del Grupo Lince, Martín Mendoza, de 30 años, quien fue herido gravemente en la cabeza y llegó sin signos de vida al Hospital Rigoberto Caballero. El agente se convirtió en uno de los emblemas del operativo, puesto que dio su vida en cumplimiento de su labor.
Dejanos tu comentario
Presentan nueva denuncia contra Prieto, por asociación criminal y lesión de confianza
Integrantes de la Contraloría Ciudadana presentaron ante el Ministerio Público, otra denuncia contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto Vallejos, por supuesta asociación criminal y lesión de confianza. El jefe comunal habría adjudicado a una empresa de maletín, obras (empedrado y aulas) por un monto total de G. 10.700 millones.
Se trata de la constructora SCDE SA, que era un club nocturno y cuyas accionistas son gente del mismo equipo político del jefe comunal. Aparecen como socias de la firma supuestamente de fachada, Lilian Gregoria Benítez Villalba y Samara Clarice Aguirre Benítez, según los documentos verificados por los denunciantes.
La licenciada Magdalena Montiel, una de las firmantes de la denuncia, explicó que en el seno de la Contraloría realizaron una investigación y encontraron que la empresa era una discoteca y luego se convirtió en constructora; no tiene la antigüedad ni experiencia requeridas para ser adjudicada y no cumplió con los plazos de terminación de obras. Igualmente, refirió que la comuna no aplicó la falta por incumplimiento de contrato.
Manifestó que en la investigación, la prueba más contundente sobre la adjudicación a una firma de maletín es el hecho que Lumma Magdalena Silva Battochi era socia de la empresa Golden Rouse, que explotaba el night club, que luego cambió de razón social para ser constructora SCDE SA. La misma es funcionaria municipal desde diciembre de 2021 como auxiliar en Gestión de Cobranzas.
Según el escrito de denuncia, “esta es la prueba más contundente de que la empresa es de fachada, de maletín, dirigida desde la Municipalidad de Ciudad del Este”. Silva Battochi está hoy en la Dirección de la Vivienda. Los denunciantes, además de las documentaciones, presentaron imágenes en las que se ve a los supuestos responsables de la firma de fachada compartiendo con dirigentes del equipo político de Prieto.
“Se ha podido constatar que bajo la dirección del intendente Miguel Prieto Vallejos han creado una organización estructurada jerárquicamente, bien organizada, destinada a desviar recursos financieros de la municipalidad, al crear comisiones barriales a las que debían entregar recursos para la construcción de empedrados, a favor de quienes se libraban los cheques”, refiere el escrito de denuncia.
Además de Magdalena Montiel, firmaron la denuncia José Víctor Vázquez Leguizamón, Sergio Alejandro Sánchez Mereles y Gricelda Fernández, bajo patrocinio del abogado Víctor Enríquez. La Contraloría Ciudadana ya presentó seis denuncias contra Miguel Prieto, quien tiene dos imputaciones.
Puede interesarle: Ñacunday: poblador falleció ayudando a concejal a sacar una canoa con un tractor
Dejanos tu comentario
Imputan a juez de Paz y actuaria por prevaricado y asociación criminal
La agente fiscal Lourdes Bobadilla formuló imputación contra Jorge Adolfo Franco Garelik, juez de Paz de Chacoi-Nueva Asunción, y contra Gabriela Noemí Gaona Benítez, actuaria judicial del mismo juzgado, por los supuestos hechos punibles de prevaricato y asociación criminal. La representante del Ministerio Público solicitó el arresto domiciliario y otras medidas para los imputados.
Franco Garelik y Gaona Benítez en carácter de juez y actuaria del juzgado de Paz de Chacoi, habrían emitido resoluciones como orden de secuestro violando los derechos de la otra parte para favorecer a la playa de ventas de automóviles Steven Automotores, a través de su dueño Denis Steven Bareiro y sus representantes legales.
Las resoluciones que fueron emitidas inmediatamente después del escrito de la demanda sin cumplir las formalidades que requiere un juicio ordinario en el ámbito civil, esto se corrobora con el acta de allanamiento realizado en fecha en el Juzgado de Paz de Chaco´i Nueva Asunción, de donde se incautaron 68 expedientes judiciales sin los requisitos establecidos en el Código Procesal Civil.
En fecha 5 de agosto del 2023, en la playa de ventas de vehículos denominado Steven Automotores, ubicada sobre las calles Acceso Sur c/ Mangoré de Ñemby, la señora Natalia Bareiro Spurio, de donde había adquirido un vehículo, haciendo una entrega de G. 13.500.000 y pagaderos en 36 cuotas de G. 1.694.000, con sistema de rastreo satelital (GPS), siendo el primer vencimiento de la cuota en fecha 10 de setiembre de 2023, firmando un contrato privado con Carlos Alfredo Bareiro Benítez en representación de Denis Steven Bareiro Chávez, con certificación de firmas de la Escribana Olga Valentina Insaurralde.
Posteriormente, la señora Natalia Bareiro Spurio se habría atrasado en el pago de su primera cuota del 10/09/2023, y en fecha 2 de octubre se llegó hasta su domicilio el oficial de Justicia, Carlos Irala con una orden de secuestro, firmada por el juez y la actuaría judicial. Ante dicha situación, la misma entregó su auto y se acercó a Steven Automotores, pensando que al pagar la cuota le entregarían su auto, pero en el lugar le solicitaron la entrega de G 17.000.000.
Luego, ante la negativa de Bareiro Spurio, intentaron hacerle firmar un contrato de compra-venta a favor del señor Denis Steven Bareiro Chávez, lo cual se negó nuevamente a firmar y en un descuido tomó una foto del contrato, se negaron a entregarle el vehículo o la entrega de dinero que realizó como parte de pago y los pagarés originales que había firmado cuando adquirió el auto.
Podes leer: Piden que se investigue caso del joven que murió por disparo en la cabeza en San Lorenzo
Dejanos tu comentario
IPS insta a que las personas perjudicadas por red de estafa realicen denuncias
Ante las denuncias recibidas por personas que fueron objeto de ofertas indebidas relacionadas con contratos, nombramientos o recategorización en el Instituto de Previsión Social (IPS) a cambio de sumas de dinero, la previsional instó a que aquellos que podrían haberse visto afectados por la red de estafa o tengan conocimiento de una acción similar presenten la denuncia correspondiente.
Señalaron que el presidente de la previsional el Dr. Jorge Brítez, ordenó la realización de una acción legal para iniciar las investigaciones y desarrollar una estrategia que permita identificar a los responsables a través de las autoridades competentes. En ese sentido, y como resultado de ello, la Fiscalía llevó a cabo una entrega vigilada evidenciando la existencia de dicha red que se encontraba operando.
Las acusaciones pueden realizarse a través del canal de denuncias de la Unidad de Anticorrupción y Transparencia del IPS, accediendo a este enlace donde se brinda la opción de ingresar los datos personales o realizar el reclamo de manera anónima.
Igualmente, mencionaron que las oficinas de la dirección jurídica ubicadas en el edificio Caja Central entre Constitución y Herrera en el 9º piso permanecerán disponibles de lunes a viernes de 7:15 a 14:15. En tanto, la Unidad de Anticorrupción y Transparencia, en el 5° piso del edificio Boquerón sobre Pa’i Pérez y Pettirossi atenderá de lunes a viernes en igual horario.
Lea también: Proyecto para prevenir peste porcina africana se ejecutará este 2024
“La política de esta administración es demostrar una total transparencia en la gestión de los recursos de la previsional. Cualquier acción al margen de los principios éticos y legales será investigada y sancionada con el rigor que corresponda”, señalaron en la misiva.
Este jueves, el Ministerio Público, mediante un operativo conjunto con la Policía Nacional, logró la detención de cuatro sospechosos, identificados como Fátima Patricia Agüero Stehlik, José Manuel Agüero Stehlik, María Luján Aguilera Chaparro y Miguel Aquino Riveros que fueron denunciados por integrar un supuesto esquema de operadores para “vender” nombramientos, contrataciones y recategorizaciones en el IPS.
Lea más: Turismo nacional retoma su normalidad tras años de recesión pospandemia