Un Tribunal de Sentencia de Pedro Juan Caballero absolvió de culpa y pena a Cristian Paolo Ortiz (46) por el hecho de asociación criminal. El agente de despacho fue acusado de comprar y vender un camión blindado para atentar contra Jorge Rafaat Toumani, en marzo del 2016, según informó el periodista, Santiago Benítez de Radio Imperio.
El colegiado estuvo integrado por las magistradas Mirna Carolina Ocampos, Ana Graciela Aguirre y Dilma Aidé Prieto, quienes resolvieron declarar la inexistencia del hecho punible de asociación criminal ocurrido el 7 de marzo del 2016. Por tanto, sostienen que no fue comprobada la autoría y la reprochabilidad del acusado.
"En el marco de la causa contra Cristian Paolo Ortiz por asociación criminal ocurrido en el año 2017, este tribunal de sentencia, por unanimidad resuelve declarar la procedencia de la acción penal instaurada por el Ministerio Público en la presente causa, a tenor de lo expuesto en el exordio de la resolución”, reza parte del veredicto del Tribunal.
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Tía Chela: tribunal desestima a titular de la DNCP y admite a testigos de la defensa
El tribunal de Sentencia conformado por las juezas especializadas en Delitos Económicos, Ana Rodríguez Brozón, Karina Cáceres y Yolanda Morel, dio continuidad este lunes al juicio oral y público contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El tribunal definió sobre los incidentes planteados tanto por el Ministerio Público, parte acusadora, como de la defensa de Prieto y los demás acusados en el caso conocido como Tía Chela.
La acusación es por lesión de confianza y asociación criminal tras el presunto desvío de G. 2.949.650.000 de las arcas municipales con la distribución de kits de alimentos en época de la pandemia, por parte de la Municipalidad de Ciudad del Este, cuando Prieto era intendente.
Incidentes planteados por el Ministerio Público
Uno de los incidentes planteados por la Fiscalía es una nota del 28 de marzo del 2020, que ya se encontraba en la carpeta fiscal, en este caso se presentó el pedido de solicitar informes a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), la Contraloría General de la República (CGR) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit), sobre el cambio de productos incluidos en el kit de alimentos.
“El tribunal, al haber constatado la existencia de la referida nota, que ya obraba en la carpeta fiscal, no se configura en la circunstancia de hecho nuevo invocado por el Ministerio Público como fundamento de su petición. En consecuencia corresponde rechazar la inclusión de los informes solicitados”, fue la respuesta del tribunal.
Agrega que, “no obstante, si en el transcurso del debate el Tribunal considera necesario de contar con algunos de los dichos informes, pueda disponer la solicitud de los mismos conforme a las facultades que le confiere el artículo 394 del Código Procesal Penal, como medida de mejor proveer”.
Declaración testimonial de Agustín Encina
El tribunal también se expidió sobre el pedido de incluir la declaración testifical del director de la DNCP, Agustín Encina. “Debe señalarse que la prueba testimonial tiene por objeto incorporar al juicio el conocimiento que una persona posee respecto a hechos o circunstancias que ha percibido y que guarda relación con el objeto del proceso. Este tribunal advierte que el Ministerio Público no señaló concretamente hecho u objeto del presente juicio había conocido el señor Agustín Encina, ni que el mismo haya tenido intervención directa en las circunstancias fácticas contenidas de la acusación”, mencionan.
Mientras tanto, el tribunal señala que “al fundamentar su pedido el Ministerio Público sostuvo que su declaración resulta necesaria por tratarse de un testigo calificado y experto que podría responder consultas sobre la pertinencia de la nota del 28 de marzo del 2020 sobre su regularidad o irregularidad y explicar si resulta factible ese tipo de procedimientos en materia de contrataciones públicas. Se rechaza dicha incidencia”.
Incidentes planteados por la defensa
Sobre la inclusión probatoria de 28 enlaces o links correspondientes a publicaciones realizadas en redes sociales que habían sido ofrecidas durante la audiencia preliminar y que no habían sido admitidas por el juzgado penal de Garantías, correspondientes a publicaciones y registros audiovisuales vinculados, entre otros aspectos con la adquisición, preparación y entrega de los kits de alimentos y publicaciones de medios periodísticos, el tribunal considera que corresponde diferir sobre su resolución.
Inclusión de testigos
La defensa dividió la solicitud en dos grupos, el primer grupo cuatro personas, “se sustentó en hechos nuevos señalando que dichas personas fueron localizadas pocos días antes del inicio del juicio, las mismas se encuentran individualizadas entre las 25 personas mencionadas en el informe y sus declaraciones permitirían establecer si se recibieron los kits de alimentos, si las firmas obrantes en las planillas les pertenece, y dónde residía al momento de los hechos, así como confrontar tales circunstancias con el contenido del informe”.
Por lo que el tribunal definió que “sus testimonios pueden resultar útiles para el esclarecimiento de los hechos y para la elaboración del elemento probatorio, razón por la cual corresponde admitirlos”. De igual manera admitió los 56 testigos, ofrecidos por la defensa en un segundo grupo, que no fueron admitidos por el juzgado penal de Garantías, fueron seleccionados de una nómina de 126 personas, afectadas a la preparación y distribución y entrega de los kits de alimentos en distintos.
“Será durante el debate del juicio cuando podrá determinarse si resulta necesaria la declaración de los testigos admitidos, pudiendo prescindirse de aquellos cuyos testimonios resulten repetitivos o sobreabundante”, definió el tribunal.
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Transmisión del juicio
Por otra parte, el tribunal resolvió no hacer lugar al pedido de la defensa, de utilizar las redes sociales del exintendente para la transmisión del juicio, argumentando que los canales institucionales de la Corte y los diferentes medios de comunicación ya están transmitiendo cumpliendo el principio de publicidad.
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Pesquisas identifican diez armas y señalan asociación criminal en Naranjito, dice Riera
El ministro del Interior, Enrique Riera, explicó los datos objetivos que refuerzan la hipótesis de que el grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se habría asociado con bandas de narcotraficantes que operan en Canindeyú, en el ataque contra el puesto policial n.° 4 de Naranjito, en el distrito de Ybyrarobaná, que dejó tres fallecidos, el 21 de julio; y refirió que se identificaron vainillas de diez armas, lo que reduciría la cifra de atacantes tras estimarse entre 20 o 30 sujetos, como en un principio mencionaron testigos.
“A medida que pasan las horas tenemos más datos objetivos y no teorías de lo que sucedió. Fueron ajusticiados cruelmente (dos policías y un funcionario civil), sin el derecho a la defensa, con un ataque cobarde en superioridad numérica y de fuego. Sin mediar palabras entraron directamente a matar y quemar la instalaciones de las comisarías”, dijo Riera, este viernes, en los estudios del canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media.
El alto funcionario de Estado acotó: “Con firmeza podemos sostener que el Ejército del Pueblo Paraguayo estuvo metido. No descartamos la posibilidad de que se sumen otras fuerzas que puedan ser reclutadas y eso es un tema que vamos a ir definiendo”.
Las afirmaciones de Riera surgen teniendo en cuenta que en el sitio también fue identificado el casquillo de un arma que fue utilizada por narcotraficantes en un enfrentamiento con los agentes policiales en el 2020. “Esto es una primicia en términos reales, de los casquillos en el lugar, no hay más de 10 armas, es decir de 30 supuestos atacantes, estamos bajando a 10, esto no es un tema menor”, refirió.
“La hipótesis que manejamos es el EPP y alguien más. Ya hubo reacciones de grupos delictivos de la zona porque ya habíamos dado una serie de golpes quirúrgicos muy importantes“, mencionó Riera. El violento episodio dejó como resultado el fallecimiento de dos efectivos policiales, el suboficial mayor Atilio Martínez Barrios y el suboficial inspector Herminio Ojeda González, así como del funcionario civil Josemar Escobar Piris. Un tercer agente resultó herido y se encuentra fuera de peligro.
Asfixia del “arco libre”
El ministro puntualizó que el ataque de Naranjito sería una respuesta ante las acciones del Estado que vienen asfixiando el “arco libre” que había en la zona para el narcotráfico, y detalló la captura del líder indígena Derlis Fermín López en febrero de 2026 en la localidad de San Miguel, distrito de Corpus Christi, que presuntamente formaba parte de una red de apoyo logístico del crimen organizado.
Riera también hizo alusión a la captura de Jorge Mercado Méndez, también en febrero del 2026, quien es un dirigente campesino conocido por liderar el asentamiento Primero de Marzo, detrás de las protestas y conflictos de tierras en la zona de la estancia Pindó.
Además citó al dirigente campesino Rubén Villalba, ampliamente identificado por su participación en la masacre de Curuguaty, registrada en junio de 2012, y que, a lo largo de los años estuvo involucrado en múltiples procesos legales relacionados con la ocupación de tierras, invasión de inmuebles ajenos y tenencia de armas.
“Hace una semana identificamos a siete campesinos armados que disparaban contra las cosechadoras. También hace poco dimos un golpe grande, un trabajo coordinado con la Prefectura Naval donde se incautaron 9 toneladas de marihuana que iba a pasar a Brasil por el lago Itaipú, que mucho tiempo fue un arco libre”, comentó en su visita a Nación Media.
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Erico Galeano ya se encuentra recluido en el Centro Nacional de Prevenidos
El exsenador Erico Galeano fue trasladado este miércoles hasta el Centro Nacional de Prevenidos (expenintenciaría de Tacumbú), donde guardará reclusión mientras continué el proceso judicial al que se encuentra sometido por asociación criminal y lavado de activos, en el marco de la causa judicial A Ultranza Py.
Galeano, sentenciado a 13 años de prisión, ingresó a la excárcel de Tacumbú cerca de las 11:30 tras haber permanecido bajo custodia en la sede del Departamento Judicial de la Policía Nacional. En el recinto, que ya no alberga a personas privadas de libertad que estén condenadas, el exparlamentario será sometido a una evaluación de su estado general de salud por disposición del Ministerio de Justicia.
Galeano ya fue condenado tanto en primera y segunda instancia, pero la condena aún no se encuentra ejecutada en su totalidad. Recientemente su defensa legal, que está a cargo de Ricardo Estigarribia y Luis Almada, recurrió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) planteando un recurso extraordinario de casación y una acción de inconstitucionalidad con la finalidad de anular las sentencias previas.
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El exparlamentario refiere que en el marco del proceso quedó vulnerada la presunción de inocencia, el principio de legalidad penal, el principio de culpabilidad, la garantía de la defensa en juicio, el doble conforme y la obligatoriedad de fundamentación de las resoluciones judiciales.
Antecedentes
La ratificación unánime de la sentencia por parte del tribunal de apelaciones, se concretó el lunes 4 de mayo. Durante el proceso judicial, la Fiscalía sostuvo que una aeronave de la marca Beech, propiedad del exlegislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico, Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También indicó que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también señaló que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.
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Decretan prisión al exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel
El tribunal de sentencia Especializado en Crimen Organizado, integrado por Pablino Barreto, Inés Galarza y Juan Dávalos decretó hoy prisión del exsenador Erico Galeano, condenado a 13 años de cárcel por lavado de dinero y asociación criminal en relación al narcotráfico.
La defensa de Galeano había ofrecido antes de la sentencia 17 mil millones de guaraníes para que se le beneficie con arresto domiciliario con tobilleras electrónicas. También la defensa del exsenador sostuvo que, si se decreta la prisión, como lo es ahora, debería ser en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional o en el penal de Viñas Cue.
La semana pasada, el Ministerio Público había solicitado al Tribunal de Sentencia la aplicación de la medida preventiva de Galeano, luego de que el martes pasado el plenario de la Cámara Alta aceptara su renuncia a su banca como senador de la Nación.
Galeano fue condenado a 13 años de cárcel en el marco de la causa abierta por la comisión de los hechos punibles de lavado de activos y asociación criminal en el caso A Ultranza Py. El Tribunal de Sentencia dispuso que guarde reclusión mientras se tramita la última parte del proceso, descartando de este modo la posibilidad de aplicar arresto domiciliario con tobillera electrónica, tal como había solicitado la defensa, pese a que se ofreció una millonaria fianza real sobre varios inmuebles.
Galeano cumplirá la medida de prisión preventiva mientras se tramita ante la Corte Suprema de Justicia un recurso de casación contra su condena, recurso al cual se sumaría una acción de inconstitucionalidad según anunció su defensa.
Cabe recordar que el Tribunal basó su condena bajo el argumento que Galeano “apoyó operativamente a la organización de carácter transnacional dedicada al tráfico internacional de cargas entre el 2020 y 2021”. La investigación estableció vínculos con el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset y con el pastor, Miguel Ángel Insfrán, conocido como “Tío Rico”.
Los jueces también consideraron probado que el legislador recibió dinero proveniente de actividades ilícitas. Parte de ese dinero habría sido declarado posteriormente en su Declaración Jurada de Bienes, luego de una rectificación.