Este lunes fue suspendida la audiencia preliminar del diputado Tomás Rivas, por pedido de tiempo de su nuevo abogado a fin de ejercer la defensa. La nueva cita es para el próximo 25 de febrero a las 09:30.
“Los motivos son personales, es una persona a quien yo conozco hace tiempo y ya veníamos hablando. El viernes he solicitado la intervención y las copias. Esa es la razón, una razón legal”, explicó Víctor Gulino, nuevo abogado del legislador, a los medios de prensa.
Sostuvo que el viernes pasado obtuvo el poder para ejercer la defensa del legislador colorado y el expediente. Explicó que él no puede acudir para la audiencia preliminar de su defendido sin tener los documentos necesarios e interiorizarse sobre el tema.
Tomás Rivas es investigado por la Fiscalía supuestamente por pagar a sus empleados particulares con dinero del Estado. Estos hombres figuraban, supuestamente, como funcionarios de la Cámara de Diputados, pero sin ejercer ningún trabajo en la institución.
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Caseros de Oro: exdiputado enfrentará nuevo juicio oral el 12 de abril
El Tribunal de Sentencia integrado por Laura Ocampos, Darío Báez y Fabián Weisensee fijó para el 12 de abril el comienzo del nuevo juicio oral para el exdiputado colorado Tomás Fidelino Rivas, acusado por estafa en el caso conocido como caseros de oro.
Es importante mencionar que la sala penal de la Corte declaró inadmisible la casación que presentó el exdiputado Tomás Rivas contra el fallo del tribunal de segunda instancia que anuló el blanqueo del entonces legislador.
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Los ministros e integrantes de la sala penal, Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y César Garay concluyeron que no se adecua al objeto del recurso descrito en el Art. 477, segunda alternativa, del Código Procesal Penal, que establece en forma clara para los autos interlocutorios que sólo podrá deducirse el recurso de casación, contra aquellas resoluciones que extingan la acción o la pena, o denieguen la extinción, conmutación o suspensión de la pena.
Caseros condenados
En el marco de la causa conocida como caseros de oro, Reinaldo Chaparro, Lucio Romero y Nery Franco, caseros del diputado Tomás Rivas, fueron condenados a dos años de pena privativa de libertad con suspensión de ejecución de la condena y deberán reparar los daños causados al Estado paraguayo. Las condenas fueron dictadas por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Inés Galarza, Víctor Medina y Olga Ruiz.
El Ministerio Público decidió no apelar la resolución de los caseros, por lo que la calificación de estafa quedó firme y por dicho delito será juzgado el diputado Tomás Rivas.
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La Corte estudia si rechaza chicana del senador Rafael Filizzola tras desafuero
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia integrada por los ministros Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Víctor Ríos deberá estudiar si rechaza la chicana que presentó el senador Rafael Filizzola, procesado por lesión de confianza por el perjuicio de G. 1.200 millones en la construcción de baños y celdas en 24 comisarías de Asunción.
El caso tiene vía libre para que pueda seguir su curso luego de que la Cámara de Senadores comunicó al juez penal de garantías Yoan Paul López el desafuero de Filizzola. La defensa del actual legislador recurrió a la sala penal de la máxima instancia judicial para tratar de confirmar la llamativa resolución de la jueza Alicia Pedrozo, quien hizo lugar al sobreseimiento de Filizzola.
Este fallo fue apelado por los fiscales del caso y un tribunal de apelación decidió revocar el fallo de la magistrada y se dispuso que el proceso continúe para el senador. Actualmente el expediente está en el despacho de la ministra Carolina Llanes, quien tendrá que evaluar si corresponde que el caso quede impune o siga su curso normal.
En su momento la resolución del tribunal de apelación fue muy claro debido a que se mencionó que las actuaciones de la defensa de Filizzola fue obstruccionista y por tal motivo impidió que el proceso penal pueda avanzar y llegar a su fin.
Acusación
La acusación del Ministerio Público refiere que el exministro del Interior, Rafael Filizzola, había aprobado la licitación para la construcción de baños y celdas en las 24 comisarías de Asunción sin ningún análisis técnico o pedido de los comisarios de aquel entonces. El contrato se firmó con la empresa Todo Verde Emprendimientos por alrededor de G. 1.200 millones sin ninguna póliza por incumplimiento. Las obras no fueron terminadas.
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Nueva chicana en juicio oral por invasión de estancia Pindó busca impunidad de acusadas
La defensa representada por abogados de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy) recusó al fiscal Juan Daniel Benítez, en el caso de la ocupación ilegal de la propiedad de la Finca Nº 5603, ubicada en el distrito de Curuguaty, perteneciente a la Ganadera Pindo S.A. El pasado 2 de octubre comenzaron las audiencias de juicio oral contra cuatro mujeres identificadas como líderes.
En comunicación con el Diario La Nación/Nación Media, el agente fiscal explicó que esta recusación que fue puesta ya en pleno juicio oral, es una más de las múltiples chicanas de la defensa que está a cargo de los abogados Walter Isasi y Eduardo Aguayo. Indicó que anteriormente ya han realizado varios actos dilatorios con la intención de no ir a juicio oral y buscar la impunidad de las cuatro mujeres identificadas como Jorgelina Coronel Zala, Angélica Silva, Ana María Santander de Jara y Rosana Mabel Bareiro Dávalos.
Indicó que esperan que en la brevedad sea resuelta la recusación impuesta por la defensa, en tanto el fiscal adjunto de Canindeyú Dr. César González tomará la decisión al respecto, a fin de que se pueda continuar con el juicio oral.
“Estas cuatro mujeres están acusadas por el hecho punible de invasión de inmueble ajeno. Hay que entender que en este caso hay varios acusados, pero solamente estas mujeres se han presentado. Haciendo una lectura jurídica de esta situación, lo que vemos es que los principales cabecillas están mandando al frente a estas mujeres, para que se presenten ante la justicia con el fin de que sean beneficiadas con algún tipo de impunidad a través de la prescripción de la causa por plazo del tiempo o alguna otra medida”, mencionó.
Asimismo, añadió que existen otros identificados que están con orden de captura y que a la fecha aún no han sido capturados, y por eso han enviado a las más débiles procesalmente al frente, mientras que los principales cabecillas aún siguen con paradero conocido.
No ingresa el Estado
El fiscal Benítez explicó que la finca conocida como estancia Pindó hoy en día ocupado en su totalidad por los invasores es una zona que no puede ingresar autoridades del Estado, ni la Policía, ni la Fiscalía y mucho menos los auténticos dueños de la propiedad. “Es una zona muy compleja donde prácticamente el Estado no existe, entonces se hace casi imposible dar con ellos desde hace bastante tiempo”, indicó.
Indicó que la carpeta fiscal identifica a dos cabecillas principales, pero además de ellos existen otras personas más con orden de captura. Afirmó que para la fiscalía lo más importante es dar y capturar a Jorge Mercado, que es la persona sindicada como principal cabecilla de todo el grupo. Si bien no manejan datos actuales, estiman que el grupo invasor está compuesto por unas 30 familias que de manera violenta habían invadido la estancia Pindó en el año 2012.
El fiscal cuestionó la postura de ciertas organizaciones sociales que tienden a “romantizar las invasiones de tierra”, cuando se trata de un despojo que se realizó con violencia y no bajo las reglas de la ley para adquirir la propiedad.
“Por eso estas personas deben dar cuenta por sus conductas, hay mucho en estas organizaciones que plantean de una forma de romantizar las invasiones de tierra pero son básicamente robos de la propiedad de manera violenta. No hay nada romántico o de social en el acto de despojar a alguien de su propiedad”, enfatizó.
Asimismo, cuestionó que de acuerdo al relevamiento de datos realizado por la Policía del 2018, y a la fecha no existen datos concretos de quiénes y cuántas son las personas que ocupan ese espacio, debido a que ellos no permiten el ingreso de nadie a la propiedad.
“Si ellos quieren pelear por un pedazo de tierra de manera legal, deberían al menos identificarse, esos datos por ejemplo no tenemos con exactitud en estos momentos. Creemos que son aproximadamente unas 30 familias que ocupan un espacio realmente grande porque son prácticamente 4.600 hectáreas, y en todos estos años se hicieron con la totalidad de la propiedad. En estos años se armaron una pequeña ciudadela en la cual solo impera el orden que ellos establecen”, explicó.
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Rechazan una chicana más de Arnaldo Giuzzio y audiencia preliminar debe realizarse
El Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos, Crimen Organizado y Anticorrupción integrado por los magistrados Bibiana Benítez, Andrea Vera y Arnulfo Arias rechazó una chicana más presentada por la defensa del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, acusado por supuesto cohecho pasivo agravado.
El juez de Delitos Económicos José Delmás rechazó días atrás la presentación formulada por la defensa de Giuzzio, quien pretendía tener más tiempo de lo establecido por la norma para preparar su defensa. Ahora el magistrado tiene vía libre para convocar a audiencia preliminar a Giuzzio, en la que se definirá si el exministro del Interior estará sentado en el banquillo de los acusados como cualquier preso común.
Los agentes del Ministerio Público Jorge Arce y Diego Arzamendia presentaron acusación contra Giuzzio por la supuesta comisión del ilícito de cohecho pasivo agravado y solicitaron juicio oral y público.
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Del material probatorio recolectado por el Ministerio Público en la etapa de investigación, es posible afirmar que el acusado tenía conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido y procesado en Brasil por su presunta vinculación con el narcotráfico, de mantener un relacionamiento directo y cercano con él en su calidad de ministro del Interior para lograr ser proveedor del Estado de chalecos antibala y vehículos blindados.
Marqués de Padua fue detenido en Brasil el pasado 15 de febrero por sus supuestos vínculos con el crimen organizado en el marco del operativo denominado Turf, realizado en conjunto por la Senad, la Policía Federal del Brasil, el Ministerio Público paraguayo, la Administración de Control de Drogas (DEA), agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), entre otras instituciones.
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