El juez de Delitos Económicos José Delmás ratificó la prisión preventiva del concejal departamental de Caazapá Benjamín Adaro, quien fue imputado por homicidio doloso en carácter de instigador y asociación criminal. La determinación del citado magistrado se dio a conocer luego de la audiencia de revisión llevada a cabo ayer en el Palacio de Justicia. De esta manera el procesado seguirá recluido.

Delmás argumentó su resolución señalando que “existiría aún una posible obstrucción a la presente investigación así como la alta expectativa de pena que se expone el procesado”, indicó el magistrado. Agregó que “el Ministerio Público también se opuso al pedido hecho por la defensa del imputado”.

Por su parte, la defensa del imputado tiene la posibilidad de poder apelar la resolución firmada por el juez Delmás. En caso de ser así será un Tribunal de Apelación quien tendrá que resolver si ratifica la determinación adoptada por Delmás que fue la de confirmar la prisión o en su defecto el Tribunal de Alzada decide revocar y hacer lugar a una medidas menos gravosa que la prisión preventiva, como podría ser el arresto domiciliario o la libertad.

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Además de Adaro Monzón, el Ministerio Público imputó a Matías Nicolás Arias, Óscar Arnaldo Perdomo y Senén Antonio Sosa por violación a la Ley de Armas.

El concejal departamental de Caazapá, Benjamín Adaro Monzón, fue detenido semanas atrás tras una serie de allanamientos en los que el Ministerio Público logró desbaratar una supuesta organización criminal. El edil departamental también está sindicado como instigador de un homicidio ocurrido en el Departamento de Itapúa, en el que resultó víctima Carlos Jorge Delvalle Lugo, de 50 años.

Durante el Operativo Gángster, como se denominó este procedimiento, más de 5 viviendas fueron allanadas, entre ellas la del concejal departamental Adaro Monzón. Las diligencias se hicieron en las localidades de Maciel, Yuty y 3 de Mayo, del departamento de Caazapá. En los lugares se incautaron de numerosas armas de grueso calibre, cartuchos, celulares y documentos, que serán sometidos al sistema Ibis para la identificación de los implicados.

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