La agente fiscal María del Carmen Meza, de la Unidad Zonal de Iruña, imputó a siete personas que presuntamente montaron un plan con la intención de quedarse con los bienes de un fallecido sacerdote católico.

Entre los procesados aparece una docente, quien habría falseado documentaciones para manifestar que estuvo casada con el cura y con quien presuntamente tuvo una hija. Los demás involucrados son dos oficiales del Registro Civil y otros tres docentes, al igual que otro hombre, cuyos datos se desconocen.

Son 7 los imputados por distintos hechos punibles que presuntamente cometieron. María Teresa Díaz, la supuesta esposa del sacerdote Severiano Martínez Vázquez y madre de la presunta hija biológica de ambos, fue imputada por la comisión de los hechos punibles de producción mediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso, apropiación y falseamiento del estado civil.

Por otra parte, Guido Ramón Acuña fue el testigo falso del supuesto matrimonio celebrado entre María Teresa Díaz y el sacerdote católico. El mismo está procesado por producción mediata de documentos públicos de contenido falso.

Por el mismo caso fue imputado Benito Ever Ríos González, un oficial del Registro Civil de Remansito, distrito de Villa Hayes, quien celebró supuestamente la boda entre María Teresa y el religioso. Soporta cargo por producción inmediata de documentos públicos de contenido falso.

Además, fueron imputados Teodoro Fernández Duarte, María Cirila Díaz Fernández y José de Jesús Benítez, por la producción mediata de documentos públicos de contenido falso, como supuestos testigos falsos del matrimonio fraguado.

En tanto que Diana Liz Carolina Chaparro Benítez, la oficial del Registro Civil de la ciudad de San Juan Nepomuceno (Caazapá), fue quien presuntamente realizó la inscripción del acta de nacimiento de la supuesta hija biológica de María Teresa y el presbítero. La misma también está imputada por producir documentos de contenido falso.

Los seis primeros están disposición de la justici y la Fiscalía solicitó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva para los mismos. Mientras, que José de Jesús Benítez se encuentra prófugo y con petición de rebeldía.

Documentos presuntamente apócrifos

La causa se inició el 9 de agosto de 2018, tras la denuncia formulada en la Fiscalía por los ciudadanos Ramón Martínez Vázquez y Daniel Martínez Vázquez, hermanos del sacerdote. Los mismos señalaron que el religioso falleció el 9 de noviembre del 2016, en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Asunción, tras sufrir una enfermedad terminal.

Luego el 11 de abril del 2017, Ramón Aníbal Martínez, sobrino de los denunciantes, había iniciado el proceso sucesorio de Severiano Martínez Vázquez, en el Juzgado Civil y Comercial de Caazapá, por ser el último domicilio del religioso la ciudad de San Juan Nepomuceno.

Sin embargo, el 18 de febrero del 2018, se resolvió la remisión del expediente hasta el Juzgado Civil de Santa Rita (Alto Paraná), donde se halla en trámite otro proceso sucesorio iniciado por María Teresa Díaz, en representación de su hija menor. Para el efecto, la mujer presentó documentaciones presuntamente apócrifas, como ser certificado de matrimonio con el sacerdote y el certificado de nacimiento de la niña.

Para la viabilidad del proceso sucesorio en Santa Rita, María Teresa habría mencionado falsamente que el último domicilio del causante era el barrio Compañías Verdes de la ciudad de Santa Rita y acreditó el vínculo invocado, presentando los documentos supuestamente falsos.

El supuesto matrimonio entre María Teresa y Severiano Martínez se habría realizado en el tiempo en que el religioso se encontraba internado en el Instituto de Previsión Social (IPS) de Asunción, asistido por sus familiares y monjas de su congregación, ya que estaba en los últimos días de vida.

Al percatarse de la situación, inmediatamente después, los familiares del cura radicaron la denuncia y la Fiscalía inició la investigación. Finalmente, tras reunir diversos elementos de sospechas contra los 7 presuntos implicados, la fiscal María del Carmen Meza presentó la imputación contra los mismos.