El caso protagonizado por los orientales Martín Choi y Seong Kyun Kim y contra la familia de este, ocurrido en el interior de un templo coreano de Ciudad del Este el 18 de agosto de 2019 era investigado por el agente fiscal Manuel Rojas.

Tras 4 meses de realizar su labor, la Fiscalía General del Estado cambia de parecer y mediante la Resolución 6728, el 30 de diciembre de 2019, asigna a la agente fiscal Stella Mary Cano al frente de las pesquisas.

En pocas horas, lo que se presentaba claramente como un supuesto intento de homicidio contra Seong Kyun Kim y su familia, cambió radicalmente puesto que la representante del Ministerio Público decretó orden de detención y formuló imputación contra varios miembros de la familia Kim por las figuras de homicidio doloso en grado de tentativa y lesión grave.

Sorprendentemente, la causa individualizada con el Nº 11.108/2019 dio un giro de 180 grados y Kim y familia de ser víctimas, se convirtieron en imputados.

La defensa de estos denuncia que la sospechosa medida se basa en una diligencia de reconstrucción de hechos que no consta en el expediente de los detalles de dicha labor fiscal, “dado que solo con posterioridad el 6 de enero la Agente Fiscal Stella Mary Cano ha solicitado el acta de reconstrucción de hechos al Agente Fiscal Manuel Rojas, quien venía desempeñándose como titular de la causa antes de la designación a la cuestionada Agente Fiscal”.

La parte también mostró su extrañeza por el cambio del fiscal Rojas, quien no fue recusado por ningunas de las partes, y quien “se desempañaba con objetividad y prudencia, ya que prefirió tomarse su tiempo y realizar diligencias investigativas, algunas en plena marcha inclusive que debían continuar en la semana, las que fueran interrumpidas por la abrupta designación de la Fiscal Stella Mary Cano o lo que sería lo mismo afirmar, el fiscal Manuel Rojas prefirió consumir tiempo pero ganar precisión, mientras que la otra agente fiscal Cano, con solo horas de haber sido designada y sin tener los elementos disponibles ha tomado medidas graves como la detención preventiva, en el último día del año -31 de diciembre- y se ha apresurado en ingresar la imputación ante un Juzgado Penal que está distante a más de 300 kilómetros de su sede, pese a no existir situaciones de extrema urgencia que no puedan esperar la reanudación de las investigaciones y contar con mayores elementos de inferencia”.

Otro hecho que también fue duramente criticado por la defensa fue la decisión de sustraer la causa de su ámbito territorial natural donde estaba siendo investigada por un agente fiscal no cuestionado por ningunas de las partes.

“Además, la fiscal asignada tomó la drástica determinación obviando contar con las piezas de convicción demostrando parcialidad manifiesta en los hechos y elementos considerados en el acta de imputación, puesto que ha obviado considerar datos aportados en vitales diligencias experticias como lo son, por ejemplo, las conclusiones de la junta médica donde se desvirtúan absolutamente los presupuestos del artículo 112 del Código Penal respecto a lesión grave que coinciden con las conclusiones anteriormente esgrimidas por el Dr. Carlos Alberto Silvero, médico forense del Ministerio Público, a lo que se suma que ambas Carpeta Fiscales”, expresaron.

La Defensa agregó que “el señor Martín Choi fue quien resultó imputado por ser el único que en la escena de los hechos concurrió con un arma de fuego, con los letales riesgos que ello implica, nada más y nada menos que en un templo religioso de mucha concurrencia, incluso de niños.

Por consiguiente, genera una atmósfera de absoluta inseguridad a toda la ciudadanía contar con determinaciones del Ministerio Público en donde una Representante Fiscal, que debía actuar con seriedad, objetividad y responsabilidad, tome determinaciones presurosas, basadas en situaciones y constancias inexistentes en el Cuaderno de Investigación Fiscal o pase por alto otras existentes y que arrojan resultados diametralmente opuestos a lo afirmado en su acta de imputación, sin olvidar que en el caso del señor Claudio Kim, quien ni siquiera fue querellado, no existen lineas investigativas en su contra.

Todas estas situaciones vividas hacen perder la confianza de la comunidad en sus autoridades y genera un clima de zozobra como también de incertidumbres, lo que obliga a replantear totalmente la conducta de las autoridades públicas que deben velar y servir a la ciudadanía con responsabilidad, honestidad, objetividad y sentido de justicia”, opinaron los representantes legales.