En prosecución a la investigación de un caso de adopción irregular de una recién nacida, la fiscala Ruth Benítez allanó ayer el sanatorio privado Sosa, ubicado en Fernando de la Mora, Zona Sur, donde se sospecha que la adolescente de 17 años habría dado a luz y donde se habría expedido el certificado de nacido vivo a nombre de otra mujer. En el lugar fue detenida Sofía Sosa, dueña de la clínica, y su hijo, Hugo Enrique Daniel Chávez, quien tenía orden de captura por hurto agravado y tráfico de drogas.

La fiscala explicó que el procedimiento se desarrolló atendiendo a las denuncias formuladas, en principio, por una actividad clandestina de servicios de salud, ya que el sanatorio no estaba autorizado por la cartera sanitaria. A esto se suma la alta sospecha de que el lugar se dedica al tráfico de bebés y a la práctica de abortos. “La investigación es aún incipiente, pero podría hablarse de tráfico de menores y una serie de delitos más como la violación de las reglas de la adopción y de la patria potestad”, señaló la representante del Ministerio Público.

Si bien la comitiva policial-fiscal llegó hasta el sanatorio siguiendo el caso de la adopción irregular, tras el allanamiento la fiscala dijo que constataron varias irregularidades como la práctica de intervenciones quirúrgicas, la existencia de medicamentos y anestésicos, algunos de uso exclusivo de IPS y de Salud Pública, que deberían estar refrigerados y que al no estarlo atentan contra la vida de las personas, entre otras.

“No puedo aventurarme a dar una cantidad de personas que estarían involucradas, pero estaríamos ante una red o una asociación. Acá aparentemente la menor dio a luz”, reiteró.

RECIÉN OPERADO

En el lugar, la fiscala encontró a una persona que fue operada de piedra en la vesícula, por lo que solicitó a las autoridades de Salud Pública su traslado a otro lugar de internación.

En este contexto, refirió que el 31 de agosto del 2018 los responsables del Sanatorio Sosa recibieron una cédula de notificación y una multa por operar sin habilitación. “A pesar de ello seguían realizando operaciones quirúrgicas, como lo hicieron con este señor. Este lugar debe ser clausurado”, concluyó Benítez.

Por la tarde, tras los allanamientos realizados, la agente fiscal Ruth Benítez imputó a la propietaria Sofía Sosa por a) hechos punibles contra menores b) uso de certificado sobre méritos y servicios de contenido falso c) estafa, d) comercialización de medicamentos no autorizado y e) exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.

La representante del Ministerio Público también solicitó medida de prisión preventiva.

Según trascendió, en el sanatorio ofrecían diferentes servicios médicos, además de cirugías e intervenciones quirúrgicas en estado de insalubridad. Además, se hallaron medicamentos vencidos y de uso exclusivo del IPS y de MSP.

La Fiscalía llegó hasta el lugar en seguimiento a la investigación sobre una supuesta adopción irregular. Una joven madre habría dado a luz en ese sitio y se habría expedido un certificado de nacido vivo a nombre de otra mujer.