El Ministerio Público cerrará varias sedes en diferentes puntos del país, a raíz del recorte que sufrió en su presupuesto para el ejercicio fiscal 2020. Esta situación genera incertidumbre en las autoridades de la Fiscalía y en los funcionarios. El Congreso recortó G. 27 mil millones del presupuesto inicial, lo que implica que no habrá para pagar alquileres de varios locales donde actualmente funcionan las sedes fiscales.

El Congreso aprobó un presupuesto de G. 644.578 millones aproximadamente para la Fiscalía en el 2020, cifra menor a la que se había solicitado. Esto impactará en la ciudadanía, que no podrá contar con el servicio fiscal en varios puntos del país.

Las sedes afectadas serían Edelira, San Joaquín, Vaquería, Capiibary, San Antonio, Villeta, Itá y las barriales 6 y 8, respectivamente. Los fiscales y demás funcionarios de estas unidades serán comisionados a otras sedes para prestar allí sus servicios.

El fiscal adjunto y presidente de la Asociación de Agentes Fiscales, Ricardo Merlo, señaló a través de Twitter que “la Cámara de Senadores impuso un recorte de G. 27 mil millones al presupuesto del Ministerio Público, es un recorte al acceso a la Justicia y a la seguridad de la ciudadanía”, y calificó la determinación del Congreso como “lamentable”.

Ya en su momento, la propia fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, había manifestado que si el recorte presupuestario al Ministerio Público se mantenía, se vería obligada a cerrar varias sedes del interior del país. “No quiero tomar la decisión de cerrar sedes fiscales, pero lo voy a tener que hacer, teniendo en cuenta que no voy a permitir que ustedes sean esclavos, porque tienen que trabajar dignamente”, había señalado.