El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Jiménez, está analizando ordenar una nueva auditoría a la actuación de la jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien benefició con 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay a supuestas empresas offshore al hacer lugar a un juicio caratulado como “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdon Investments Limited, contra Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”. Si el Presidente de la CSJ dispone que se realice una nueva auditoría se podrá disipar las dudas que se tiene sobre el resultado de la primera auditoría que se hizo.

Lo llamativo del presente caso es que la citada magistrada en un hecho inédito solicitó a los ministros de la Corte dejar sin efecto su permiso de maternidad para poder volver a su juzgado y en una hora leer 19 tomos de un expediente judicial y redactar una sentencia de 30 páginas que benefició a varias firmas extranjeras.

La propia Secretaria del Consejo de Superintendencia Geraldine Cases confirmó que el titular de la máxima instancia judicial antes de su viaje a España solicitó todos los antecedentes del presente caso que es uno de los pocos que se tramite con absoluta celeridad.

La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte, realizó una auditoría a la actuación de la jueza Irún, pero no tuvo en cuenta realizar la pericia informática a la computadora de la magistrada, quien interrumpió su permiso de maternidad para volver a su oficina y firmar una resolución que amerita un estudio profundo para dictar una sentencia.