La Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia, realizó meses atrás una auditoría a la actuación de la jueza en lo Civil y Comercial, Tania Irún, quien benefició con 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay a presuntas empresas offshore y no encontró ninguna irregularidad. Sin embargo, no tuvo en cuenta realizar la pericia informática a la computadora de la criticada magistrada, quien interrumpió su permiso de maternidad para volver a su despacho y en una hora leer 19 tomos de un expediente judicial y redactar una sentencia de 30 páginas que benefició a varias firmas extranjeras.
El juicio en el que la jueza demostró una celeridad única está caratulado como “Cusabo Limited, Kyvelloria Limited, Firstar Investments Limited y Elite Kingdon Investments Limited, contra Asociación Espíritu Santo para la Unificación del Cristianismo Mundial sobre cumplimiento de contrato y obligación de hacer escritura pública”.
Los denunciantes solicitaron realizar una pericia informática a los efectos de determinar si la jueza civil y comercial elaboró la resolución identificada como S.D 494, del 23 de noviembre del 2018, donde se hizo lugar al juicio entablado por las empresas extranjeras.
TRIBUNAL DE APELACIÓN
La jueza Irún, en un llamativo pedido de fecha 20 de noviembre del 2018, solicitó a la Corte dejar sin efecto su permiso de maternidad y por resolución 2780/18 de fecha 23 de noviembre logró su reincorporación. En ese mismo día y a pesar de que aún no fue notificada, Irún firmó el fallo judicial que otorgó 310 mil hectáreas de tierras en Alto Paraguay a supuestas empresas o offshore.
El Tribunal de Apelación, conformado por los camaristas Nery Villalba, Juan Carlos Paredes y Giuseppe Fosatti, deberá resolver si anula o no la resolución de la jueza Irún. En caso de que se anule dicho fallo, será otro juez quien deberá analizar nuevamente el presente juicio civil.
JEM
La jueza Tania Irún fue denunciada ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, que deberá analizar su actuación en el referido juicio civil. En caso de encontrarse indicios de mal desempeño en sus funciones, el JEM tiene potestad de iniciar el enjuiciamiento y a su vez suspenderla en sus funciones. El actual titular del JEM, el senador Enrique Bachetta, puede solicitar tratar la situación de la magistrada en la próxima sesión ordinaria.