La fiscala Estela Mary Ramírez pidió una medida de protección y apoyo para una gestante de 20 semanas, quien se negaba a someterse a un tratamiento médico. El pedido se hizo tras recibir una comunica­ción de los encargados del Hospital Regional de Ciu­dad del Este, en la que cons­taba que la mujer se negaba a recibir asistencia médica. Básicamente, los galenos señalaron que tanto la vida de la mujer como la del feto corrían peligro. Finalmente, la misma fue rescatada y está hospitalizada.

Al recibir el informe, la Fis­calía actuó considerando lo dispuesto en el Art. 4 de la Constitución Nacional sobre el derecho a la vida: “El derecho a la vida es inhe­rente a la persona humana. Se garantiza su protección, en general, desde la concep­ción”. En primer lugar soli­citó a la Defensoría Pública gestionar para que la mujer pueda recibir tratamiento médico, ya que pese a tener una enfermedad crónica (infección generalizada), que también pone en riesgo de contagio a sus otros tres hijos menores, se negaba a recibir ayuda médica.

La Defensoría comunicó el hecho al Juzgado de la Niñez de turno, que emitió una medida cautelar y autorizó al plantel médico del Hospital Regional de Ciudad del Este a tomar medidas de atención médica, tratamiento o inter­nación de la paciente, hasta que la vida del niño en gesta­ción no corra peligro.

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Igualmente, la magistrada de turno, Delsy Cardozo, dispuso que sea informada sobre el tratamiento, evolu­ción, posterior alta y tras­lado de la paciente, según el Autointerlocutorio número 487. Asimismo, intimó a la mujer a someterse al trata­miento médico necesario para salvaguardar la vida de su hijo en gestación, bajo apercibimiento de la ley. En caso de persistir su renuen­cia al tratamiento médico, se autoriza el uso de la fuerza pública, además de la inter­vención inmediata al defen­sor de la Niñez de turno.

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