La nueva ministra de la Corte Suprema de Jus­ticia, Carolina Llanes, quien le debe el cargo al presi­dente de la República, Mario Abdo Benítez, trajo consigo a una comitiva de nueve per­sonas que estaban prestando servicios en otras institu­ciones del Estado, para for­mar parte de su gabinete en la máxima instancia judicial. La alta magistrada había soli­citado el comisionamiento de las nueve personas.

Del total, cinco ocupan el cargo de relatores judiciales, es decir, son los encargados de realizar proyectos de resolución para la aprobación de la ministra, mientras que otros cuatro son agentes policiales encargados de la seguridad de Llanes. De acuerdo a los datos propor­cionados por la Dirección de Comunicación de la Corte, con el aval de la ministra Caro­lina Llanes, los uniformados Nery Almada Vega cobrará una bonificación mensual de G. 2.173.000; Elvio Capli Pare­des G. 2.173.500; Juan Delgado Orué G. 1.500.750 y José Mel­garejo Aquino G. 1.604.250.

Los relatores judiciales son Carla Clari Medina, quien ante­riormente prestaba servicio en IPS, al igual que Fátima Porti­llo y Mirko Duré Rolón; mien­tras que Juan González García trabajaba en el Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones y Clara Marecos pres­taba servicio en el Ministerio de la Mujer. Las bonificacio­nes para estas personas están aún en estudio en el Consejo de Administración de la Corte, es decir, todavía no se aprobó si van a cobrar dicho beneficio.

En el escrito de la Dirección de Comunicación de la máxima instancia judicial se expresa que la ministra Llanes adoptó como primera medida, para una mejor organización, con­formar su equipo de trabajo y a su vez solicitó a la Dirección General de Recursos Huma­nos que reasigne funciones a 14 funcionarios, entre relato­res y personal administrativo dependientes del gabinete de ex ministro de la Corte, Sin­dulfo Blanco.