El camarista en lo civil y comercial Arnaldo Martínez Prieto, enjuiciado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por absolver a los condenados del caso Curuguaty, renunció al cargo de magistrado judicial por no contar con el respaldo de los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Asimismo, Martínez Prieto criticó duramente a los altos magistrados y a los integrantes del JEM. Aclaró igualmente que no dejó su cargo por temor al jurado.
El camarista Martínez Prieto abandona el Poder Judicial tras 29 años de servicio a la institución. Además, fue uno de los jueces que aceptó integrar la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para resolver el recurso de casación promovido por los condenados por la masacre de Curuguaty y también aceptó en su momento estudiar el caso Ykua Bolaños.
El magistrado, a raíz de su enjuiciamiento, presentó una acción de inconstitucionalidad en la máxima instancia judicial y hasta la fecha ni siquiera se pudo integrar para analizar el planteamiento hecho por el camarista. Sostiene que se retira del poder judicial por no contar con el apoyo de los miembros de la máxima instancia judicial.
Del mismo modo, sostuvo con respecto al JEM: “El jurado está integrado por gente que no tiene la más pálida idea de lo que es el derecho. Ellos obedecen a otro tipo de circunstancias, y nuestro país no está preparado para gente seria y desinteresada de algo que no le dé beneficios. No me voy a someter. Me pueden destituir 80 veces, pero eso me va a dignificar. No es por eso por lo que me voy, lo hago porque la Corte no me protege”, manifestó Martínez Prieto.
La fiscala general del Estado Sandra Quiñónez fue quien había presentado en agosto del año pasado una denuncia ante el jurado pidiendo la remoción de los tres camaristas que anularon la sentencia de la masacre en Curuguaty de Emiliano Rolón, Cristóbal Sánchez y Arnaldo Martínez Prieto por mal desempeño.
ANTECEDENTES
En primera y segunda instancia los 11 campesinos fueron condenados por los hechos punibles de homicidio doloso, tentativa de homicidio, asociación criminal, lesión grave e invasión de inmuebles. La masacre se registró el 15 de junio del 2012 durante un enfrentamiento, donde según la investigación del Ministerio Público los efectivos policiales fueron víctimas de una emboscada que derivó en la muerte de 11 campesinos y seis agentes policiales, algunos de ellos recibieron entre 10 y 11 impactos de bala.