El Jurado de Enjuicia­miento de Magistra­dos (JEM) dispuso iniciar una investigación a la agente fiscal Esmilda Álvarez, quien presuntamente actuó en denuncias formuladas por el dueño de una empresa, cuya asesora jurídica es hija de la citada representante del Ministerio Público. El pre­sidente del JEM, Enrique Bacchetta, firmó el oficio Nº 264/19 que determina el ini­cio de la pesquisa.

Bacchetta solicitó a la fis­cala Álvarez que remita a la vista del jurado un informe sobre las causas denuncia­das periodísticamente, así como todos los anteceden­tes del presente caso.

Según las publicaciones, en los dos últimos años la men­cionada fiscala habría tomado intervención en varias causas en las que el denunciante es Carlos Oleñik, propietario de una empresa en la que Arlene Santacruz, hija de Álvarez, funge de representante legal. Este hecho llamó la atención de los integrantes del JEM, además de que cuatro denun­cias presentadas por Oleñik cayeron en manos de la fis­cala Álvarez.

El supuesto modus operandi de Álvarez para atender las denuncias de Oleñik sería ingresar de turno en su uni­dad y alegar urgencias en la realización de diligencias, evitando así que el caso sea sorteado (como debe ser). Una de las causas publica­das menciona que la fiscala imputó, sin realizar nin­guna diligencia, a Atilio M. Reguera el pasado uno de marzo del 2019.

Según fuentes del Ministe­rio Público, varios fiscales se prestan a realizar imputacio­nes sobre cuestiones que se están debatiendo en juicio en el ámbito civil. Esta situación se podría evitar si se analizan mejor las denuncias presen­tadas en sedes de la Fiscalía.

La representante del Ministe­rio Público, Esmilda Álvarez, fue quien investigó el quíntu­ple homicidio registrado en una vivienda en el microcen­tro de Asunción y quien recien­temente concluyó que el único responsable del grave hecho es Bruno Marabel, recluido en la cárcel de Tacumbú.