La defensora general del Ministerio de la Defensa Pública, Noyme Yore, suspendida en sus funciones por supuesto mal desempeño, recibió de enero del 2017 a octubre del 2018 la suma de G. 536.002.790, en concepto de salario y otros beneficios sin prestar ningún servicio a la institución que defiende a reos pobres. Yore cumplió 75 años de edad el 28 de noviembre y la misma deberá jubilarse.
Existen acciones pendientes en la Corte Suprema de Justicia que se deben resolver para que el MDP deje de depositarle el salario básico a Yore, quien hasta octubre cobró mensualmente la suma de G. 24.331.945. La sala constitucional de la Corte es la que debe resolver una acción de inconstitucionalidad promovida por Yore en el 2015.
En su momento, la defensora general Noyme Yore fue suspendida por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y el pleno de la máxima instancia judicial en diciembre del 2016 hizo efectiva la suspensión de la misma resolviendo que la misma perciba su salario básico que es de G. 24.331.945.
JUICIO ORAL
El Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Rossana Maldonado, Juan Carlos Zárate y Héctor Fabián Escobar fijó para los días 5, 6 y 7 de diciembre el juicio oral y público para Noyme Yore, defensora general suspendida en sus funciones, quien soporta un proceso penal por el delito de usurpación de funciones públicas al designar a varios profesionales del derecho como defensor público, atribución exclusiva de la Corte Suprema de Justicia. El fiscal del caso es Rodrigo Estigarribia, quien deberá defender la acusación formulada por el Ministerio Público. De acuerdo a lo que obra en la carpeta fiscal existen numerosos elementos para poder llegar a una condena.
Asimismo, la fiscala Victoria Acuña acusó por lesión de confianza y solicitó juicio oral y público para Noyme Yore, y para el político liberal efrainista, Germán “Yiyo” Fatecha, así como para otras 13 personas que están bajo la lupa por la supuesta sobrefacturación en la construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), que habría dejado un perjuicio patrimonial de G. 5.033.923.979, conforme a la investigación de la Fiscalía.