La destitución de 4 juezas del Alto Paraná, dada a conocer el martes por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, constituye un atropello a la independencia del Poder Judicial, según análisis de las afectadas, ya que primaron criterios políticos. El JEM tomó la determinación de remover a las juezas Norma Girala, Mirta Aguayo, Hayde Barboza y Mónica Rivas por haber supuestamente favorecido a procesados por narcotráfico.
Las mismas anunciaron que atacarán de inconstitucional la disposición porque entienden que es arbitraria, sin fundamentos jurídicos y con análisis meramente parcialista. Consideran que todo se limita a un mediatismo tal que fulmina la honorabilidad y la capacidad técnico-profesional de las personas que llegaron a esos cargos. Se mencionó claramente, además, que dentro de uno de los expedientes judiciales se cometieron irregularidades que fueron señaladas a su debido tiempo, pero pasados por alto para finalmente destituir a las magistradas con el sólo objetivo de proyectar una falsa impresión de “depurar la justicia”.
Se anuncian acciones penales al respecto en las próximas horas y llegar a todas las instancias necesarias, incluso hasta organismos internacionales, para demostrar que el trabajo realizado por las magistradas, hoy destituidas, fue con criterio jurídico, respetando estrictamente las leyes que rigen en la República.
PRESIÓN
Desde la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (Asomap) se siente una permanente presión para los que ejercen la magistratura en la Sexta Circunscripción (no así en otros puntos del país) y por ello evalúan acciones que sirvan para fortalecer la independencia del Poder Judicial, el respeto a la labor y la investidura de cada magistrado.
La Asomap insta a los gremios de auxiliares y promotores de la Justicia y a todos los ciudadanos de bien a levantar su voz de protesta contra todo factor que pueda imposibilitar a los magistrados aplicar libremente las disposiciones legales, argumentan.