La destitución de 4 jue­zas del Alto Paraná, dada a conocer el mar­tes por el Jurado de Enjui­ciamiento de Magistrados, constituye un atropello a la independencia del Poder Judicial, según análisis de las afectadas, ya que primaron criterios políticos. El JEM tomó la determinación de remover a las juezas Norma Girala, Mirta Aguayo, Hayde Barboza y Mónica Rivas por haber supuestamente favo­recido a procesados por nar­cotráfico.

Las mismas anunciaron que atacarán de inconstitucio­nal la disposición porque entienden que es arbitraria, sin fundamentos jurídicos y con análisis meramente par­cialista. Consideran que todo se limita a un mediatismo tal que fulmina la honorabilidad y la capacidad técnico-pro­fesional de las personas que llegaron a esos cargos. Se mencionó claramente, ade­más, que dentro de uno de los expedientes judiciales se cometieron irregularida­des que fueron señaladas a su debido tiempo, pero pasa­dos por alto para finalmente destituir a las magistradas con el sólo objetivo de pro­yectar una falsa impresión de “depurar la justicia”.

Se anuncian acciones penales al respecto en las próximas horas y llegar a todas las ins­tancias necesarias, incluso hasta organismos interna­cionales, para demostrar que el trabajo realizado por las magistradas, hoy destitui­das, fue con criterio jurídico, respetando estrictamente las leyes que rigen en la Repú­blica.

PRESIÓN

Desde la Asociación de Magistrados del Alto Paraná (Asomap) se siente una per­manente presión para los que ejercen la magistratura en la Sexta Circunscripción (no así en otros puntos del país) y por ello evalúan acciones que sir­van para fortalecer la inde­pendencia del Poder Judicial, el respeto a la labor y la inves­tidura de cada magistrado.

La Asomap insta a los gre­mios de auxiliares y promoto­res de la Justicia y a todos los ciudadanos de bien a levantar su voz de protesta contra todo factor que pueda imposibili­tar a los magistrados aplicar libremente las disposiciones legales, argumentan.