Un Tribunal de Sentencia resolvió emitir una condena de 10 años de pena carcelaria en contra de Rubén Darío Quesnel, extitular del Instituto Nacional del Indígena, por un millonario desvío de dinero público que debía ser destinado a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa.

El tribunal que dio a conocer la sentencia estuvo conformado por los magistrados Victor Alfieri, María Luz Martínez y Daniel Fierro.

Por su parte, Rubén Darío Quesnel -en contacto con la 970 AM- adelantó que presentará un recurso de apelación en contra de la sentencia que recibió. “Esto es un circo”, declaró.

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Días atrás, el fiscal René Fernández solicitó 11 años de cárcel para Quesnel y una multa que asciende a 2.000 millones de guaraníes.

Otros procesados en la causa

Además la condena contra Quesnel, el Tribunal de Sentencia también propició las sentencias a 6 años de cárcel para Marlene Mendoza, exadministradora del INDI, a 3 años y 6 meses de cárcel para Ever Otazo y a 2 años y 6 meses a Oscar Viera.

El representante del Ministerio Público pidió, René Fernández, solicitó 9 años de cárcel para Marlene Mendoza, más G. 1.000 millones de multa; mientras que para el acusado Óscar Viera, ex presidente de la Fundación Reforeast Par, el fiscal solicitó dos años de cárcel.

Finalmente, para Éver Otazo, ex funcionario del Indi, solicitaron cinco años de pena privativa de libertad. El representante del Ministerio Público consideró que se ha probado la responsabilidad de los acusados durante el desarrollo de la audiencia oral y es por ello que corresponde condenar a los mismos.

El abogado querellante, Maximiliano Mendieta, manifestó en su momento que tanto la Fiscalía como la querella tienen la convicción de que durante todo el juicio oral y público se ha probado la participación de los acusados en los hechos punibles antes mencionados.

ANTECEDENTES

El ex titular del Indi fue acusado por el fiscal Fernández, quien sostiene que habría desviado G. 3.127 millones junto con sus ex funcionarios Mendoza Ferreira (ex administradora) y Otazo Martínez y Viera, presidente de la fundación Reforeast Par.

Este dinero debía ser destinado a las comunidades indígenas Sawhoyamaxa y Yakye Axa, a las que el Estado debía asistir como consecuencia de una condena a Paraguay impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por despojo de tierras a los nativos.

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