Un Tribunal de Sentencia condenó a 40 años de cárcel a Jurandir Lopes Alves y Lucineia Stael Gresosky, acusados por el asesinato de Jhony Osmar Leith Prieto, crimen ocurrido en el 2010. Fueron sentenciados a la pena máxima de 30 años, más 10 años de medida de seguridad.
Los citados, además de Gilvacir Lopes Alves (que ya estaba con sentencia firme), fueron condenados inicialmente a 40 años, en el 2012. Tras la apelación de la defensa, la Cámara confirmó el fallo. Sin embargo, los defensores de Jurandir y Lucineia recurrieron hasta la Corte Suprema de Justicia, que dispuso el reenvío de la causa para la medición de las penas. Ahora, nuevamente el órgano judicial –conformado por Mirta Aguayo, Norma Girala y Graciela Ortiz– impuso los 30 años de cárcel para los acusados y más los 10 años de medida de seguridad.
El Ministerio Público estuvo representado por la fiscala Estela Mary Ramírez, quien se mantuvo en la acusación inicial contra los criminales, encontrados responsables por homicidio doloso, extorsión agravada y asociación criminal.
Los antecedentes del caso datan del 3 de junio del 2010, ocasión en que una banda criminal, integrada por los hoy condenados, raptó a Jhony Leith del estacionamiento de un supermercado del kilómetro 4, donde el joven se encontró con Lucineia Stael, tras conocerse a través de la red social.
Los criminales asesinaron al joven al día siguiente del rapto, tras robarle su automóvil y pertenencias, y 48 horas después comenzaron a pedir dinero por la supuesta liberación del hombre, a través de mensajes de texto. Los delincuentes amenazaron con enviar la cabeza de Jhony Leith en un plato a los familiares, si estos no cumplían sus pretensiones económicas, aunque para ese entonces el hombre ya había sido asesinado.
El cuerpo de la víctima fue arrojado a las aguas del río Monday, en el límite entre Presidente Franco y Los Cedrales, donde fue hallado una semana después. El automóvil de Leith Prieto fue encontrado totalmente incinerado en una calle de la ciudad de Presidente Franco.
"Este crimen pudo quedar impune si no se tuviera la intervención de la tecnología en la investigación. La declaración de los familiares fue sumamente relevante para conocer la crueldad con la que actuaron, fue un hecho premeditado. La autoría de estas personas ya fue confirmada por tribunales superiores y la propia Corte", afirmó la magistrada Graciela Ortiz de Villalba en la conclusión de la audiencia pública.