El fiscal René Fernán­dez solicitó 11 años de cárcel para Rubén Darío Quesnel, ex titular del Instituto Nacional del Indí­gena (Indi), quien soporta un juicio oral y público por el des­vío de G. 3.127 millones que tenían que ser destinados a comunidades indígenas del Chaco. El representante del Ministerio Público pidió tam­bién una multa que asciende a 2.000 millones de guaraníes.

Fernández pidió, además, 9 años de cárcel para Marlene Mendoza, ex administradora del Indi más G. 1.000 millones de multa; mientras que para el acusado Óscar Viera, ex pre­sidente de la Fundación Refo­reast Par, el fiscal solicitó dos años de cárcel y, finalmente, para Éver Otazo, ex funcio­nario del Indi, cinco años de pena privativa de libertad.

El representante del Ministe­rio Público considera que se ha probado la responsabili­dad de los acusados durante el desarrollo de la audiencia oral y es por ello que corresponde condenar a los mismos. El Tri­bunal de Sentencia, integrado por Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Daniel Ferro, es el colegiado que tiene la misión de juzgar a Quesnel y a los demás acusados. Igualmente, el abogado querellante Maxi­miliano Mendieta explicó en su momento que tanto la Fis­calía como la querella tienen la convicción de que durante todo el juicio oral y público se ha probado la participación de los acusados en los hechos punibles antes mencionados.

El ex titular del Indi fue acu­sado por el fiscal René Fer­nández, quien sostiene que habría desviado G. 3.127 millones junto con sus ex fun­cionarios Mendoza Ferreira (ex administradora) y Otazo Martínez y Viera, presi­dente de la fundación Refo­reast Par. Este dinero debía ser destinado a las comuni­dades indígenas Sawhoya­maxa y Yakye Axa a las que el Estado debía asistir como consecuencia de una condena a Paraguay impuesta por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por des­pojo de tierras a los nativos.