Tras una reunión man­tenida por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, informaron que este órgano resolvió disponer que todos los magistrados de los Tribunales de Apelación y Tribunal de Cuentas, jueces de Primera Instancia de los distintos fueros y jueces de Paz, de todas las Circunscrip­ciones Judiciales de la Repú­blica informen al Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia, en un plazo de 15 días, la cantidad de expedientes en estado de “Autos para Sentencia”, que se encuentran en sus despa­chos.

Además, la Corte Suprema dispuso que los jueces pena­les de Garantías deberán informar sobre las audien­cias preliminares pendientes de sustanciación y los magis­trados penales de sentencias deberán adjuntar el listado de juicios orales pendientes de realización, especificando las fechas fijadas para los mis­mos, aclarando que la infor­mación brindada por cada magistrado será cotejada por la Dirección General de Auditoría de Gestión Juris­diccional (a través del Judi­soft, Dirección de Estadística Judicial y FRIE), sin perjuicio de las medidas disciplinarias que pueda tomar el Consejo de Superintendencia como resultado de dicho informe.

De los resultados que arrojen los informes se tomarán las siguientes medidas: se dará transparencia a los datos pro­porcionados a través de la página web del Poder Judi­cial, se dará intervención a la Dirección General de Audito­ría de Gestión Jurisdiccional a fin de cotejar la información proporcionada.

La máxima instancia judicial también advierte que, en caso de disparidad entre los datos proporcionados y cotejados, se tomarán las medidas dis­ciplinarias que correspondan.

En caso de extrema dila­ción, se remitirá al Jurado de Enjuiciamiento de Magistra­dos. Esta situación obligará a todos los jueces de la Repú­blica a poner al día sus secre­tarías y sus despachos o de lo contrario podría ser enjuicia­dos por el JEM.