La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Emiliano Rolón y Arnaldo Martínez, hizo lugar al recurso de casación plan­teado por los 11 condena­dos por la masacre de Curu­guaty y revocó la sentencia condenatoria. A su vez, absol­vió de reproche y pena a los campesinos, quienes fueron sentenciados por los delitos de homicidio doloso, lesión grave, asociación criminal, coacción grave e invasión de inmueble.

Asimismo, los altos magistra­dos ordenaron la inmediata libertad de Rubén Villalba, Luis Olmedo, Arnaldo Quin­tana y Néstor Castro Benítez, quienes estabanrecluidos debido a que recibieron altas penas. Los demás condena­dos ya recuperaron su liber­tad con anterioridad.

Por unanimidad, los magis­trados Sánchez, Rolón Fer­nández y Martínez votaron por la nulidad de la senten­cia. Mientras que dos jueces votaron por la absolución de los condenados y uno por el reenvío, es decir, porla rea­lización de otro juicio oral.

“El problema principal fue la falta de fundamentación de los fallos judiciales de pri­mera y segunda instancia, por lo que se decidió revocar las resoluciones anteriores. No se logró justificar aspec­tos que hacen a la participa­ción criminal de cada uno de los acusados y, por tanto, se resolvió revocar todas las sanciones impuestas”, explicó el camarista Rolón.

El ex fiscal general del Estado ÓscarLatorre dijo que con la decisión de anu­lar la condena a los campe­sinos se deja la impresión de que el Poder Judicial vivede espaldas a la reali­dad. En comunicación con la 970 AM, Latorre precisó que hasta el momento no sabe con exactitud losargu­mentos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia para anular la condena a los 11 campesinos procesados por el caso Curuguaty. “La primera impresión que me causa es que, una vez más, en el Poder Judicial se juzga la vida y la muerte, según sean policías o según sean perso­nas que están cometiendo un hecho punible”, manifestó.

Indicó que no se puede pre­tender que un cuerpo poli­cial cumpla con sus funcio­nes si hay amenaza de una condena. “El mensaje que estamos dando a la Policía es que intervenga y si hay heri­dos o muertos en el otro lado,ellos van a ser procesados y los invasores absueltos”, señaló.

La masacre de Curuguaty ocurrió el 15 de junio del 2012 en el lugar conocido como Marina Cue, donde el enfren­tamiento dejó 11 campesinos y 6 policías muertos. El hecho se dio en un operativo de desa­lojo en las tierras que supues­tamente eran de propiedad de Blas N. Riquelme, pero que el Estado reclamaba como suyas. El caso derivó en un juicio político al entonces pre­sidente de la República, Fer­nando Lugo, quien fue des­tituido bajo el cargo de mal desempeño en sus funciones.