El juez penal de Garantías Rolando Duarte ratificó la prisión preventiva en el Departamento Judicial de la Policía Nacional del actuario judicial Víctor Marecos, procesado por cohecho pasivo, tentativa de extorsión y tráfico de influencias en una investigación en la que el funcionario habría solicitado US$ 30.000 al padre de un acusado para intermediar con las juezas de Sentencia Alba González, Gloria Hermosa y Nilda Giménez para reducir la condena de 15 a 5 años de cárcel.
El magistrado argumentó su resolución señalando que la investigación se encuentra en una etapa incipiente, por lo que el imputado seguirá privado de su libertad. La fiscala Liliana Alcaraz se ratificó en la audiencia de revisión en el pedido de arresto domiciliario para el actuario judicial.
En la causa está imputado el funcionario judicial Héctor Leguizamón, quien sigue prófugo. Una vez detenido deberá ser puesto a disposición del juzgado.
NO INVESTIGAN A JUEZAS
Llama la atención que la fiscala Liliana Alcaraz no investigue a las juezas que integraron el Tribunal de Sentencia que juzgó a Walter Osmar Almada y Ángel Omar Ruiz Díaz sobre tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes. Otro hecho llamativo es que Alcaraz habría estado en el despacho de la magistrada Hermosa minutos antes de que sea detenido el actuario Marecos. Esta situación debe llamar la atención a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez.
DENUNCIA
El padre de un acusado por narcotráfico formuló la denuncia ante la Unidad Anticorrupción manifestando que funcionarios del Poder Judicial, específicamente una persona de nombre Héctor, le había solicitado la suma de US$ 30.000, invocando a un Tribunal de Sentencia que le aseguraría la reducción de la condena de 15 a 5 años de cárcel”, refirió Alcaraz. El Ministerio Público sostuvo que el actuario es autor, al igual que el funcionario judicial, ya que la Fiscalía realizó los actos investigativos y colectó elementos contundentes contra ambos.