El ex ministro del Inte­rior, Walter Bower, los policías Merardo Palacios y Osvaldo Vera enfrentarán un juicio oral y público por tortura. Así lo resolvió el juez penal de Garantías Gustavo Ama­rilla, quien tras 17 años de haberse iniciado el proceso penal finalmente pudo lle­var a cabo la audiencia pre­liminar y, por ende, dictó la resolución elevando el caso a juicio.

“Se hizo un trabajo minucioso en la verificación de las prue­bas para saber qué elemen­tos se tienen y qué no. Como adelanté y como siempre se nos enseñó, lo que está en el expediente es lo que existe. Lastimosamente, el trabajo del Ministerio Público fue desordenado y negligente a la hora de ofrecer las pruebas. La carpeta de investigación fiscal, en uno de sus tomos, es todo copia simple y se sabe que los jueces y tribunales de sentencia no pueden valorar las copias simples”, indicó Amarilla.

Con relación al extravío del cuaderno de novedades de la Armada Nacional, Ama­rilla señaló que fue ofrecida por el querellante, el abogado Rolando Alum, y que se admi­tió por ser copia autenticada. Asimismo, el magistrado remitió un oficio a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, comunicándole lo sucedido durante la realiza­ción de la audiencia prelimi­nar, en la que el fiscal Fabián Centurión admitió no contar con las pruebas documentales y que tampoco presentó en el momento de la acusación bajo el argumento de que se extra­vió de las gavetas de la Fiscalía.

MEDIDAS PARA BOWER

La querella y el Ministerio Público habían planteado un incidente de prisión preven­tiva contra Bower, Palacios y Vera para que los mismos vayan a la cárcel. Con relación a dicho pedido, el juez Ama­rilla explicó que “el juzgado le impuso medidas alternati­vas a la prisión a Bower bajo una fianza real de G. 1.000 millones. Además, tiene la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio, de comparecer en forma mensual ante el Tribunal de Sentencia que tendrá la causa. En cuanto a los demás acusados, se man­tiene su situación procesal”.

SANCIÓN PENDIENTE

Bower fue sancionado con 48 horas de arresto disciplinario en el retén del Poder Judicial por haber presentado varias chicanas durante el proceso penal. Esta sanción fue con­firmada en Cámara de Apela­ción y la defensa del ex secre­tario de Estado presentó una acción de inconstitucionali­dad ante la Sala Constitucio­nal de la Corte Suprema de Justicia tratando de anular la sanción.