La fiscala Victoria Acuña acusó por lesión de con­fianza y solicitó juicio oral y público para Noyme Yore, ex defensora general suspendida en sus funciones, y para el político liberal efrai­nista, Germán "Yiyo" Fatecha, así como para otras 13 perso­nas que están bajo la lupa por la supuesta sobrefacturación en la construcción de sedes del Ministerio de la Defensa Pública (MDP), que habría dejado un perjuicio patrimo­nial de G. 5.033.923.979, con­forme a la investigación de la Fiscalía.

Asimismo, el Ministerio Público solicitó el desafuero del diputado Teófilo Espí­nola, quien asumió su banca en la Cámara de Diputados y que a su vez fue acusado en la presente causa penal. El juez penal de Garantías, Paublino Escobar, tiene a su cargo el pro­ceso penal de Yore, Fatecha y otros, pero debido a las chica­nas planteadas en la presente causa aún no pudo llevarse a cabo la audiencia de imposi­ción de medidas. Ahora, el citado magistrado deberá fijar la fecha para la audiencia pre­liminar.

Además de Yore y Fate­cha, están acusados Carlos Barreto Burgos, Eulalio Quin­tana, Darío Amarilla, Vicente Giardina Barreto, Hugo Bení­tez, Néstor Villalba. La lista sigue con Adolfo Ortega, Este­ban Rojas, Pablo López, Juan López, Mario Villalba, Aldo Delgado, Teófilo Espínola y Rodrigo Rotela.

Actualmente, el caso penal de Yore y Fatecha está parado en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, que debe resolver la impugnación planteada por el camarista Agustín Lovera Cañete contra la inhibición de su colega Bibiana Benítez.

Una vez que los integrantes de la Corte destraben el presente proceso penal, el Tribunal de Apelación deberá expedirse sobre varios incidentes pre­sentados por la abogada Paola Villalba, quien ejerce la defensa de Fatecha, que logró paralizar el proceso mediante chicanas. La Sala Penal de la Corte tiene dos integrantes, el ministro Sindulfo Blanco y la ministra Miryam Peña. El expediente pasó ahora a manos del minis­tro César Garay, quien deberá analizar si acepta integrar la Sala Penal para estudiar las cuestiones pendientes del pre­sente caso.

Asimismo, Yore deberá enfrentar un juicio oral y público por el delito de usur­pación de funciones públicas tras haber designado a abo­gados como defensores públi­cos, atribución exclusiva de la CSJ. En este proceso penal, solo la jueza de sentencia Nilda Giménez integra el tri­bunal de sentencia, debido a que las demás magistradas se inhibieron.