El juez Humberto Otazú resolvió rati­ficar la admisión de la imputación contra el propie­tario del Frigorífico Concep­ción, Jair Antonio de Lima, y César dos Santos, procesa­dos por contrabando y pro­ducción de documentos no auténticos.

No obstante, los abogados de los procesados apelaron la resolución judicial y será la Cámara de Apelación la que debe resolver si confirma o revoca la determinación adop­tada por el magistrado Otazú.

Los abogados Pedro Ove­lar, Blas Piris y Juan Verón, quienes ejercen la defensa de Lima y de Dos Santos, presentaron días atrás el recurso de reposición con apelación en subsidio contra la providencia que admite el acta de imputación y convoca a audiencia de imposición de medidas. Además, pidieron al juez que declare la nulidad de la imputación presentada por la fiscala María Estefanía González contra sus clien­tes. Ambos pedidos fueron rechazados por el magis­trado Otazú.

Las defensas del presidente del Frigorí­fico Concepción y Dos San­tos alegaron en sus escritos que “la imputación carece de un relato de hechos y cir­cunstancias que permitan mínimamente establecer la atribución concreta de con­ductas a cada uno de nues­tros defendidos ni tampoco permite establecer cuáles son las circunstancias con­cretas que, a criterio del Ministerio Público, califi­can al hecho general como contrabando y producción de documentos no auténticos”, por lo que solicitaban que se anule dicha imputación.

A pedido de la fiscala María Estefanía González, el juez José Agustín Delmás –quien interinó a su colega Humberto Otazú– ordenó la rebeldía y la captura de los choferes de nacionali­dad brasileña, Ednor Mau­ricio Fernández Delmon­des, Gerson Andrés Wasen, Lindiomar Lima de Souza, Jader Pires de Andrade Flipo, Carlos Ramón Men­doza y Amado Ramón Gauto González, estos tres últimos paraguayos, imputados por los hechos punibles de con­trabando y producción de documentos no auténticos en el marco del caso de la carne ingresada supuestamente de contrabando. La resolución sobre la rebeldía y captura fue remitida a la Comandan­cia de la Policía Nacional.

La representante del Minis­terio Público pidió que se declare la rebeldía porque no se cuenta con la dirección exacta de los mismos, por lo que no se les puede notificar que existe un proceso abierto en contra de ellos.