Continúa el juicio oral y público del extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Rubén Darío Quesnel, acusado del robo de Gs. 3.127 millones, que debían ser destinados a las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa.
El abogado querellante Maximiliano Mendieta aseguró que se cuenta con suficientes pruebas para demostrar que Quesnel robó ese monto que debían ser destinados a las comunidades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa.
"Celebramos que después de veintiún suspensiones por fin se haya logrado iniciar el juicio oral y público. Con su declaración ante el tribunal, lo que hizo ayer Quesnel fue complicarse más, porque empezó a citar hechos totalmente desordenados e irregulares", afirmó el abogado.
Las pruebas demostrarán que Quesnel, Marlene Mendoza Ferreira, administradora del INDI en ese entonces, Éver Otazo y Óscar Viera fueron quienes robaron el Banco Nacional de Fomento del dinero perteneciente a las comunidades indígenas.
Señaló que se aguarda que el tribunal dicte una pena de por lo menos 10 años para los procesados.
"Estamos convencidos que en esta causa no hay otra salida que la condena. Hay filmaciones en las que se ve cómo el señor Quesnel llevaba bolsas y bolsas del dinero perteneciente a las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa", expresó.
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Inició juicio oral contra el exsenador Hernán Rivas por caso de título dudoso
El exsenador Hernán Rivas enfrenta un juicio oral y público por producción mediata y uso de documentos públicos de contenido falso, tras ser acusado de utilizar un título de abogado apócrifo. El Tribunal de Sentencia encargado de juzgar el caso está integrado por los magistrados María Fernanda García de Zúñiga, Juan Carlos Zárate y Yolanda Portillo.
Al inicio de la audiencia pública, el colegiado resolvió de manera parcial los incidentes planteados por el fiscal Christian Benítez, admitiendo la inclusión de determinados elementos probatorios y rechazando otros. Asimismo, ya prestaron declaración ante el tribunal los testigos Enrique Bacchetta, Euclides Acevedo y Óscar Rodríguez Kennedy; estos dos últimos en su carácter de rector y exdecano de la Universidad Sudamericana.
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La Fiscalía sostendrá la acusación por los citados hechos punibles, vinculados directamente a la documentación que Rivas utilizó para acreditar su supuesta condición de profesional del derecho.
El procesado llega a esta instancia luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia anulara su sobreseimiento definitivo, revocando así la decisión del juez de Garantías que había dictado la prescripción de uno de los delitos durante la audiencia preliminar.
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Inicia juicio contra adolescente por el brutal crimen de una niña de 11 años en Caazapá
Este jueves está previsto el inicio del juicio oral y público para el adolescente acusado por el brutal asesinato de una niña de 11 años, un crimen que conmocionó profundamente al departamento de Caazapá. Los agentes fiscales Laury Vázquez y Carlos Ramírez, encargados de llevar adelante la investigación, intervienen en la causa y representarán al Ministerio Público durante el debate judicial.
En el marco de este proceso penal, el imputado —un adolescente cuya identidad se omite en cumplimiento de las normativas legales vigentes— se encuentra procesado por la presunta comisión de los hechos punibles de abuso sexual en niños y feminicidio. Debido a su condición de menor de edad al momento del hecho, el marco penal aplicable difiere del de los adultos, por lo que el acusado se expone a una pena máxima de 8 años de privación de libertad en caso de ser encontrado culpable por los delitos citados.
De acuerdo con el relato fáctico plasmado en la investigación fiscal, el trágico suceso ocurrió el 21 de julio de 2025. Alrededor de las 11:30, el adolescente sindicado se dirigió hasta la vivienda familiar de los abuelos maternos de la víctima. En dicho lugar, el joven compartió el almuerzo tras haber sido invitado de buena fe por los miembros de la familia.
Sin embargo, la reconstrucción de los hechos señala que la situación dio un giro fatal cerca de las 13:00. Supuestamente, el sospechoso siguió a la niña de 11 años tras retirarse de la casa y la interceptó en un matorral ubicado dentro de un inmueble cercano a la propiedad familiar. En ese sitio, el agresor habría vulnerado la integridad de la menor para posteriormente cometer el crimen y acabar con su vida.
El Ministerio Público presentará un sólido caudal probatorio ante el Tribunal de Sentencia, incluyendo pericias técnicas, testimonios y evidencias forenses, con el objetivo de demostrar la autoría del procesado y exigir la pena máxima establecida para la Justicia penal juvenil.
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Juicio a exjueza: Fiscalía podría presentar alegatos finales y pedir los años de cárcel para la acusada
Este viernes prosigue el juicio oral y público para la exjueza en lo Civil y Comercial de Asunción, Tania Irún, acusada de prevaricato por entregar presuntamente más de 310 mil hectáreas de tierras a empresas que serían “de maletín” en la zona de Alto Paraguay. En la fecha, el Ministerio Público podría presentar los alegatos finales y solicitar los años de cárcel para la exmagistrada. En la jornada de este viernes se podría generar la sentencia de primera instancia.
El Tribunal de Sentencia que tiene a su cargo evaluar los elementos probatorios en el presente juicio oral está integrado por Rossana Maldonado, Lourdes Garcete y Juan Francisco Ortiz. El fiscal del caso es Cristian Benítez, quien sostuvo la acusación del Ministerio Público y aportó los elementos de prueba.
Por su parte, el abogado Francisco de Vargas, querellante en la causa, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”. Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras.
Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza. Indicó que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo—, queda acreditado que la exjueza no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.
Igualmente, se destacaron los votos de los ministros de la Corte y exmiembros del JEM, Luis María Benítez Riera y Manuel Ramírez Candia, quienes concluyeron que Irún cometió mal desempeño en sus funciones al violar la ley de seguridad fronteriza, motivo por el cual fue destituida.
Por su parte la defensa sostiene que no se probó el delito de prevaricato por lo que no puede haber sentencia.
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Juicio a exjueza: pruebas documentales comprometen situación de la acusada, sostiene querella
En el marco del juicio oral y público que enfrenta la exjueza en lo civil y comercial de Asunción, Tania Irún, acusada por prevaricato, se han producido varias pruebas documentales entre las que se destaca la lectura de los estatutos de las empresas offshore que fueron beneficiadas por el llamativo fallo judicial de la acusada.
El abogado Francisco de Vargas, querellante en el presente caso, señaló: “La exjueza Tania Irún cedió tierras protegidas por la ley de seguridad fronteriza a sociedades offshore sin tener a la vista estatutos que definan el tipo de acciones, lo cual es grave”.
Durante la audiencia oral se dio lectura a la traducción de los estatutos de dos firmas extranjeras. Asimismo, De Vargas sostuvo que de la lectura del texto traducido surge con claridad que las sociedades poseen acciones de carácter endosable, circunstancia que se encuentra expresamente restringida por la Ley Nº 2532/05 de Seguridad Fronteriza.
Indicó el citado profesional que, con base en el fallo dictado por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en el año 2021 —resolución mediante la cual Irún fue destituida de su cargo de magistrada—, queda acreditado que no contó con los estatutos de ninguna de las cuatro empresas al momento de resolver el juicio civil.
Tras su destitución en el plano administrativo, el Ministerio Público inició el proceso penal que derivó en su imputación, posterior acusación y en el presente juicio oral y público, explicó el referido profesional del derecho. Por su parte, la defensa de la acusada sostiene que hasta el momento no se probó la acusación fiscal.
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