Los funcionarios del Poder Judicial así como los de Registros Públicos ya llevan 3 días rea­lizando un paro escalonado en reclamo de la modificación de la Ley de Tasas Judiciales, cuyo tratamiento se concre­taría la próxima semana en Diputados. Los funcionarios del Ministerio Público -con el apoyo de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y de varios fiscales- también se manifiestan para expre­sar su disconformidad con la modificación del proyecto de tasa judicial debido a que si se aprueba dicha ley el Ministe­rio Público dejará de recibir recursos que sostienen varias dependencias.

Las posturas encontradas generan un fuerte roce entre la institución que imparte justicia y la otra que debe demostrar la responsabilidad de las personas que cometen hechos punibles.

El Sindicato de Funciona­rios del Poder Judicial, cuya secretaria es Porfiria Ocho­lasky, pretende que toda la recaudación que genera el Poder Judicial se quede en la institución. Ayer brindaron su voz de aliento al reclamo de los funcionarios judiciales el presidente de la Asociación de Magistrados Judiciales, Enri­que Mongelós, y el titular de la Asociación de Jueces del Paraguay, Delio Vera Navarro. Mientras los fiscales marcha­ron hasta el Congreso, donde Quiñónez se reunió con el pre­sidente de Diputados, Pedro Alliana.

Desde la Fiscalía sostienen que si se aprueba la ley se cerrarán varias sedes de la institución, incluyendo Uni­dades Especializadas, Cen­tros de Atención a Víctimas, Laboratorio Forense y otros.

Hoy día, del 100% de lo recau­dado en concepto de pago de tasas judiciales, la Corte Suprema de Justicia recibe 58,80%; mientras el Minis­terio Público el 12,27%, el Ministerio de Justicia 13,55%, el Ministerio de la Defensa Pública 0,01% y Consorcio 15,37%. La secretaria del Sindi­cato de Funcionarios Judicia­les cuestionó el hecho de que todo lo que ingresa allí sea dis­tribuido a otras instituciones que no dependen de la Corte, sino del Poder Ejecutivo.

El Sindicato de Funcionarios del Poder Judicial ya comunicó que el 30 de abril se iniciará una huelga general en todas las sedes judiciales del país.