Por decimosexta vez se suspendió el jui­cio oral y público del ex titular del Instituto Para­guayo del Indígena (Indi), Rubén Darío Quesnel, acu­sado por el desvío de G. 3.127 millones que debían ser destinados a las comuni­dades indígenas Yakye Axa y Sawhoyamaxa. El acusado una vez más recusó al Tribu­nal de Sentencia, conformado por los jueces Víctor Alfieri, María Luz Martínez y Elio Rubén Ovelar.

El motivo es por supuesta parcialidad manifiesta y soli­citó que los magistrados sean separados del proceso penal. A raíz de esta nueva chicana, la audiencia oral se pospuso hasta tanto se expidan los camaristas sobre la compe­tencia del tribunal colegiado.

El ex titular del Indi for­muló una denuncia penal en el Ministerio Público por supuesta coacción con­tra los jueces Alfieri, Mar­tínez y Ovelar, así como también denunció a los camaristas Emiliano Rolón, Arnulfo Arias y Carlos Ortiz Barrios, quienes habían recomendado a los jueces sancionar a los procesa­dos que presentan recur­sos para dilatar la audiencia.

El abogado querellante Maximiliano Mendieta dijo que "es una denuncia penal que hacen simplemente para seguir con estas chicanas, a los efectos de que una vez más se interrumpa el juicio oral y se llegue a una sentencia condenatoria. Es una nueva estrategia implementada por Quesnel que no corres­ponde. No existen elementos del tipo penal para denunciar por coacción porque lo que único que hizo el Tribunal de Sentencia es decir si se rea­lizan las acciones dilatorias se establecerían sanciones", expresó Mendieta.

Además de Quesnel, están acusados y deben enfrentar un juicio oral y público Mar­lene Mendoza, ex directora de Administración y Finanzas del Indi; Éver Ramón Otazo (ex funcionario) y Óscar Viera, presidente de la Fun­dación Reforest Par.

Ahora será la Sala Penal de la Corte la que destrabe el caso penal. También deberá anali­zar la actitud de los abogados que presentan incidentes al solo efecto de dilatar el pro­ceso penal.

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