El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, ordenó la apertura inmediata de una investigación contra el abo­gado Darío Ramón Fernán­dez Ayala, considerado por los investigadores como el "Mago de la estafa", a raíz de los numerosos procesos penales por estafa y apro­piación con que cuenta el letrado, por supuestamente haber engañado a personas, a las que habría despojado de millonarias sumas de dinero.

La apertura de la investiga­ción fue dispuesta a raíz de la publicación realizada por el diario La Nación, en la que se mencionan los casos donde está imputado el profesional del Derecho.

La oficina disciplinaria dependiente de la Superin­tendencia General de Justi­cia será la encargada de soli­citar todos los antecedentes penales de Fernández Ayala. La Corte Suprema de Justi­cia tiene la potestad de cazar o anular la matrícula de un abogado por faltas graves en el ejercicio de la profesión, entre otros.

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IMPUTACIÓN

La fiscala Dora Nohl imputó por estafa a Fernández debido a que ofreció un inmueble en la ciudad de Capiatá, que se había adjudicado en un jui­cio laboral, pero ya la venta del mismo se podría concre­tar a través de una cesión de derecho y la transferencia del inmueble se concretaría en solo días. Transcurrieron meses y nunca se pudo rea­lizar el traspaso de la casa debido a que la propiedad que vendió Fernández no le pertenecía.

"El imputado se valió de su calidad de abogado para enga­ñar a la víctima del hecho", expuso la fiscala, y la víc­tima es Helga Franco. En el escrito se menciona que existe un perjuicio econó­mico de aproximadamente 59.507.500 guaraníes.

PROCESOS ABIERTOS

El abogado Fernández Ayala soporta dos causas penales, la primera caratulada como "Darío Ramón Fernández Ayala sobre estafa", cuyo juez fue Gustavo Amarilla, quien ya elevó el proceso a juicio oral.

La víctima en este caso es Raúl Julián Fernández Coro­nel y el monto de la estafa es de 45 millones de guaraníes.

El segundo caso es por apro­piación y también está para poder realizarse el juicio oral y público.

Facsímil de la apertura de la investigación de la Corte.

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