Un prestanombre, Ramón Vera Ferreira, un obrero con salario de apenas G. 1 millón, presentó facturas legales del consorcio Star Com Trading Limited para ingresar al país de manera irregular casi 3 millones de CDs por un valor de US$ 300.000. Vera dijo después que en realidad todo se hizo a través de allegados de Antonio J. Vierci.

El multimillonario empresario Anto­nio J. Vierci se vio envuelto en el 2003 en un escandaloso suceso de con­trabando de un cargamento de casi 3 millones de discos compactos por un valor de US$ 300.000, que había sido incautado en un gran opera­tivo aduanero policial en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos. El procedimiento inclusive tumbó a ministros, aduaneros y policías.

Todo esto ocurrió tras la importación de un carga­mento de 2.813.600 unida­des de discos vírgenes, que luego de la intervención del Ministerio de Indus­tria y Comercio (MIC) y del Ministerio Público se pudo constatar que la empresa importadora fue montada en el país con documentos de contenido falso. El res­ponsable era Ramón Vera Ferreira, un obrero que ganaba apenas 1 millón de guaraníes mensuales, pero que tenía la capacidad para hacer movidas comerciales de gran porte. No obstante, Vera Ferreira terminó decla­rando que efectivamente era testaferro de Vierci y que la firma fue creada para la importación de mercade­rías de dudosa procedencia.

Debajo de la investidura de hombre de fe, el magnate de los medios guarda una oscura realidad, la que hizo que hoy por hoy sea catalo­gado por muchos como una de las personas más pode­rosas del país. Sin embargo, sus fuertes conexiones con autoridades nacionales de turno aparentemente hacían que toda investiga­ción que lo salpicara quede en la nada y sin explica­ciones, siendo uno de esos casos precisamente el de la multimillonaria carga de discos compactos o CDs.

El programa televisivo El Ojo, emitido en aquel entonces en canal 13 y con­ducido por Mercedes “Men­chi” Barriocanal, quien fue reemplazada luego por Luis Bareiro, realizó aquella vez una investigación en la que se descubrieron todos los detalles de aquella pecu­liar maniobra para las importaciones. Según los relatos, el 8 de octubre del 2003, Vera Ferreira inscri­bió la firma R Vera Impor­t-Export como suya y soli­citó al MIC la autorización para la importación de los 2.813.000 unidades de CDs. El cargamento fue cotizado por un valor aproximado de US$ 280 mil.

“Menchi” y Bareiro, quienes forman parte del conglome­rado de medios de Antonio Vierci actualmente, vivie­ron de cerca aquellos acon­tecimientos, por lo tanto saben a la perfección los pormenores de este y otros casos. Sin embargo, mantie­nen un llamativo silencio sobre las fuertes sospechas de contrabando, evasión impositiva y de creación de firmas offshore para concre­tar sus negocios.

El supuesto propietario, Ramón Vera, presentó fac­turas legales a nombre del consorcio Star Com Tra­ding Limited, con la aparente intención de hacerlo figurar como proveedor de las mercaderías; la citada empresa estaba situada en las Islas Vírgenes, en el Reino Unido, pero su domi­cilio comercial figuraba en la República de Uruguay, según los documentos pre­sentados por Vera.

Como es lo requerido en estos casos, el MIC hizo las ave­rigua­ciones correspon­dientes para liberar la carga, pero grande fue la sor­presa cuando constataron que el supuesto provee­dor no existía en los regis­tros de empresas de Uru­guay ni en aduanas de ese país. Tampoco la direc­ción Rincón 531 en la ciu­dad de Montevideo fue real, ya que en la oficina 502, en la que supuestamente fun­cionaba Star Com Trading, funcionaba el despacho de un estudio contable cuyos representantes negaron tener cualquier vincula­ción con la firma, tanto en Uruguay como en las Islas Vírgenes; es más, descono­cían su existencia.

Las direcciones falsas del supuesto proveedor fueron solo el inicio de una serie de irregularidades que levantaron las sospechas de que algo andaba mal con la empresa R Vera Impor­t-Export, a tal punto que se procedió a la verificación de los datos presentados por Vera Ferreira al momento de registrar su supuesta firma en el Registro Único de Contribuyentes. Eso fue en fecha 19 de junio del 2003. La dirección propor­cionada en aquel entonces como sitio de la firma fue 12 Proyectadas casi Para­guarí, en la ciudad de Asun­ción. Lo extraño fue que el 15 de julio de ese mismo año, Vera dio otra dirección en el registro de firmas de importadores de Aduanas, la misma fue registrada en Coronel Oviedo casi San Martín, esta vez en la ciu­dad de Luque.

Una tercera inconsistencia de datos se dio el 10 de julio de ese año en su patente comercial, emitida en el municipio de Ñemby. La dirección proporcionada para tal efecto fue ruta Ñemby esquina José Asun­ción Flores, de la ciudad en cuestión. Tras la verifica­ción in situ, se constató que todos los datos facilitados fueron falsos; además, nin­guno de los pobladores de la zona conocía la existen­cia del supuesto consorcio.

Una vez que el escándalo salió a la luz, representan­tes del Ministerio de Indus­tria y Comercio se acercaron a la Fiscalía para formular una denuncia formal contra Ramón Vera Ferreira, ade­más de cancelarle el registro de importación. Fue el 3 de octubre del 2003.

El encargado de la investiga­ción en ese entonces fue el fiscal de marcas Amílcar Ayala Bonzi, quien luego de ana­lizar todas las eviden­cias, procedió a la imputación de Vera Ferreira por el supuesto delito de produc­ción de documentos no auténticos.

Al parecer, solucionar la imputación que pesaba contra Ramón Vera no era la prioridad del verdadero propietario del negocio. Más allá de buscar una solución para “el prestanombre” a través de contactos, como se acostumbra, lo que se hizo fue buscar la manera de liberar la multimillonaria carga que estaba retenida en el interior de tres enor­mes contenedores.

Misteriosamente, un mes después de la imputación y luego de aceptar una cau­ción de G. 300 millones en póliza de seguros, el ex juez hoy ya fallecido, Pedro Darío Portillo, dio luz verde para la liberación del millo­nario cargamento sin haber dado a conocer el nombre de la persona encargada del pago.

La decisión de liberar el car­gamento le costó el cargo al entonces ministro del Inte­rior, Roberto González, en el gobierno de Nicanor Duarte Frutos (2003-2008), quien fue acusado de ser el respon­sable de dar la orden a los agentes policiales para libe­rar inmediatamente el con­tenedor. Además, se dieron cambios en Aduanas como consecuencia del operativo.

Casualmente, unos días des­pués de que haya salido a la luz el oscuro negocio de R Vera Import-Export entra al “ruedo” la firma Dicsa, integrante del holding de A.J. Vierci. Esta ingresó al MIC una solicitud de apro­bación para la importación precisamente de los mismos productos que habían cos­tado la imputación de Vera Ferreira: los CDs. Fue el 20 de noviembre del 2003.

Unos meses después, el 28 de enero del 2004, Dicsa, empresa que también fue investigada por un caso de subfacturación de whis­kies importados de Esco­cia, hizo su primer despa­cho y fue de un contenedor con 1.300.000 unidades de CDs que ingresaron al país el 30 de octubre del 2003.

Según el resultado de la investigación, el mencio­nado cargamento había ingresado a nombre de la importadora de Vera. El cambio de titularidad fue hecho el 7 de noviembre del 2003 por expediente Nº 2.608 de la aduana de Terport.

Con todo el escándalo de la importación de casi 3 millones de unidades de CDs, se develó quién era realmente Ramón Vera Ferreira. Al verse acorra­lado por las cámaras de televi­sión, este terminó aceptando que efectivamente aceptó la suma de G. 9 millones de un empleado de “Don” Antonio Vierci, de apellido Valinotti, para registrar la empresa a su nombre.

Vera, quien se había presen­tado como un millonario empresario, en realidad era un obrero con un salario que ni siquiera alcanzaba los G. 1 millón. Vivía en una precaria vivienda y no tenía cajas de ahorro, mucho menos cuen­tas bancarias. Confesó a El Ojo que aceptó US$ 400 mil de otro de los allegados de Vierci por su silencio y bajo la condición de que huyera del país. Jueces y fiscales nada saben del para­dero de este “prestanombre”.

El cargamento de dis­cos compactos incautado tenía una gran demanda en el país en el 2003, aun­que su gran mercado siem­pre fue la Triple Frontera, en el límite con Argentina y Brasil. Al inicio del nuevo milenio, estos discos eran fundamentales para alma­cenar todo tipo de informa­ción: datos y videos. El pen­drive, disco duro externo y la “nube” no eran opciones disponibles. En el mundo de la informática y del entre­tenimiento, todo se hacía a través de CDs y DVDs.

Estos discos compactos fueron muy utilizados para almacenar músicas, pelí­culas o videojuegos, que fueron comercializados a gran escala en diferentes puntos del país, pero pre­ferentemente en Asunción y Ciudad del Este. Argen­tinos y brasileños inun­daban las calles de ciu­dades fronterizas para llevar millones y millones de unidades. Este movi­miento reportó millones de dólares en ganancias. Por el ingreso de las nue­vas tecnologías, estos pro­ductos fueron quedando un tanto de lado.

Estos discos, que eran traídos en tubos por tone­ladas al país desde EEUU y China, son en parte los grandes responsables de que Paraguay sea cono­cido como “país pirata”. La Dirección Nacional de Pro­piedad Intelectual (Dinapi) lucha hoy por revertir esta imagen con acciones en contra de la piratería en general.