Amparado en sus vínculos con los poderes de turno, a través del chantaje como herramienta de negociación, el multimillonario Antonio J. Vierci logró apoderarse de varios medios de comunicación violando disposiciones legales establecidas por el ente regulador. Utilizó a un prestanombre para obtener una licencia de un canal de aire que debió operar como canal educativo, sin embargo, cuando lo obtuvo lo convirtió en un medio comercial y farandulero. Sus otras empresas, como los supermercados, estuvieron envueltas en escándalos por explotación laboral de niños, por lo que fueron sancionadas y pagaron millonarias multas. Su posición dominante en este rubro impidió que sus competidores bajen sus precios, y su actitud fue calificada como “mafiosa” por otros empresarios.

En los últimos años, el empresario para­guayo Antonio Juan Bautista Vierci, más cono­cido como A. J. Vierci, aca­paró los medios de comu­nicación, puesto que a su holding, integrado por los canales Telefuturo, LaTele (licencia licitada como canal educativo), además de Última Hora, Monumen­tal AM 1080, FM Urbana 106.9 y E40 91.1, también se sumaron hace un tiempo el canal 2 de la Red Guaraní y el canal por cable Noti­cias PY.

Conatel, que es la institu­ción que debe precautelar los intereses del Estado paraguayo, anunció en su momento una investiga­ción, puesto que el alqui­ler de ese último canal de televisión citado se realizó sin autorización, según la reglamentación. La situa­ción de la Red Guaraní y las negociaciones con el Grupo Vierci, bajo el concepto de “arrendamiento”, se man­tuvieron por mucho tiempo en secreto.

Canal 11, Latele, obtuvo licencia para canal educativo, pero cuenta con una programación muy variada y comercial.
Canal 11, Latele, obtuvo licencia para canal educativo, pero cuenta con una programación muy variada y comercial.

A raíz de las denuncias, Conatel solicitó un informe a los propietarios de Red Guaraní sobre el contenido de los programas y la grilla, puesto que no existió nin­guna autorización de tras­paso ni de alquiler.

La pérdida del control de la dirección y administra­ción de sociedades con­cesionarias o licenciata­rias sin autorización de la Conatel constituye una infracción pasible de san­ciones, que incluso pueden llegar a la pérdida de licen­cia, reza parte de las Nor­mas Reglamentarias de la Ley 642/95 de Telecomu­nicaciones, como lo es en su artículo 69.

La Conatel debía haber evaluado el poder en el mercado y en lo econó­mico de los medios y qué consecuencias acarrearía esta unión.